El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el gobierno del estado busca detonar una confrontación con los opositores a la presa.
Por: Willy Hernández- desInformémonos.org
Focos rojos en conflicto por la presa La Parota
Guerrero. “Tal parece que el gobierno quiere violencia”, valoró el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, tras la detención de un comunero y tres días de tensión entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)y las autoridades.
Después de que el comunero José Palma Tornes fue detenido, acusado de tentativa de homicidio, y se conoció la existencia de órdenes de aprehensión contra ocho campesinos más, el CECOP tomó la planta abastecedora de agua Papagayos II, llegaron efectivos policiacos y militares, y la tensión se instaló por tres días en la comunidad Salsipuedes. Finalmente, el Consejo decidió abandonar la protesta y entregar las instalaciones.
En la asamblea dominical del 1 de junio, realizada en la comunidad de La Concepción, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) informaron la detención de unos de sus miembros, José Palma Tornes, así como la existencia de órdenes de aprehensión contra nueves más, acusados de tentativa de homicidio.
El líder del CECOP –conocido también por estar al frente del movimiento que expulsó a las empresas gavilleras de los bienes comunales de Cacahuatepec-, Marco Antonio Suástegui, expuso en la asamblea que la supuesta tentativa de homicidio se realizó contra Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes y Deyanira Bailón Valeriano.
Suástegui Muñoz expuso que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explicaron que en el expediente 66/2014, las tres mujeres responsabilizan a los integrantes el CECOP por la agresión de la que, afirman, fueron víctimas el 4 de abril, luego de que los policías comunitarios Lorenzo Ángel Lázaro y Nemesio Valeriano Moreno resultaron heridos en una emboscada en la comunidad de Parotillas; en respuesta, los policías fueron por Domingo Bailón y tres de sus hermanos mientras ellas estaban dentro de la vivienda, por lo que declararon que fueron agredidas.
“La orden se gira por la acusación que hacen las mujeres supuestamente agraviadas, pero no hay fundamento ni señalamiento directo. Hay ocho compañeros más imputados por el mismo delito pero no hay sustento legal para la orden de aprehensión, por lo que se giró de manera irregular en complicidad con el gobernador Ángel Aguirre Rivero”, acusó Suástegui Muñoz.
Tras la detención, los asistentes a la asamblea dieron como plazo hasta el día lunes 2 de junio al medio día para que se liberara a su compañero detenido, o de lo contrario tomarían acciones más fuertes para pedir la liberación de su compañero.
Plazo cumplido
Cerca de 200 integrantes del CECOP tomaron el día 3 de junio por la mañana las instalaciones de la planta captadora de agua de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA),
Papagayo II, ubicada en la comunidad de Salsipuedes, la cual abastece al 40 por ciento de la ciudad turística. Exigieron la liberación de su compañero detenido y la cancelación de órdenes de aprehensión. Tres horas y media después, aproximadamente 200 marinos, soldados y policías estatales llegaron con la intención de desalojarlos.
Por más de seis horas, los policías estatales antimotines permanecieron en el camino principal -a donde los replegaron los opositores-, con momentos de tensión ante la tentativa de ingresar a las instalaciones de CAPAMA y los enfrentamientos verbales. Algunos opositores fueron agredidos e incluso encañonados cuando se interpusieron al paso de los policías estatales.
Por la tarde llegó el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a hablar con los opositores a La Parota. Lo acompañaron para resguardarlo el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez, y el asesor del gobierno del estado, Ernesto Aguirre Gutiérrez; éstos se retiraron hora y media después sólo con el compromiso de que revisarán el caso del comunero detenido.
Por la noche, marinos, soldados y policías estatales se replegaron hacia la salida del pueblo, donde instalaron un retén en el que revisaron a todos los que pasaron por ese camino. Los opositores a La Parota amenazaron con quemar las instalaciones de CAPAMA si se llegaba a matar o a aprehender a alguno de ellos.
Diez minutos después de la llegada de los primeros vehículos, arribaron cuatro camionetas más de la policía estatal, que se estacionaron frente al jardín de niños. Allí, un grupo de marinos -de acuerdo con sus chalecos antibalas, que llevaban la palabra “ARMADA”-, ingresaron por el cerro a una de las huertas que rodea las instalaciones de CAPAMA.
Cuando los opositores a la presa se dieron cuenta de la incursión de los marinos en el terreno se les pusieron enfrente, mientras que el que iba al mando del grupo, el coronel Juvenal Cortés González, llamó a los policías estatales armados y a los antimotines para que se fueran contra los integrantes del CECOP.
El coronel avanzó con la mano al frente, como queriendo echar atrás a los opositores, que evitaron el avance de los marinos y policías mientras les gritaban que no iban a entrar, que las tierras son de ellos y que liberaran al detenido. Un grupo de mujeres enfrentó a los antimotines que se apostaron a la entrada principal de la planta; otros policías rompieron la valla del lugar para ingresar.
Al su entrada, policías estatales encañonaron a los opositores; también los marinos subieron sus armas e incluso, según denunciaron los pobladores, se escuchó cuando cortaron cartucho, mientras el coronel al frente amenazó con que ingresarían porque los pozos de agua son un bien nacional y ellos los protegerían.
Los momentos de tensión fueron varios, que quedaron en gritos y jaloneos. Una comunera embarazada denunció que, a raíz del golpe que le propinó un policía en la cintura, comenzó a tener molestias. La situación se prolongó por 24 horas.
El mediador del gobierno estatal, de apellidos Téliz Hernández, señaló a Marco Antonio Suástegui que el gobierno movilizaba a centenares de policías de todo el estado para desalojar a los comuneros. Los opositores a La Parota evaluaron la conveniencia de continuar con la toma.
A las 10: 15 de la mañana del día siguiente, los comuneros permitieron el ingreso de los trabajadores y el CECOP entregó las instalaciones, dos horas y media antes del ingreso de 400 policías antimotines. El asesor de gobierno, Ernesto Aguirre Gutiérrez, declaró que liberar al detenido es facultad del poder judicial, no del ejecutivo. El mismo funcionario, el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez, y el coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Concepción Bedolla Veja, comprobaron que los equipos funcionaban y que la planta estaba en buenas condiciones.
En la oficina de CAPAMA, el operador Silvestre Hernández Castro respondió a las preguntas de Ernesto Aguirre de si faltaba algo en la planta, a lo que dijo que no, que la habían encontrado sin problemas y que a las 10:15 se había puesto a funcionar la primera bomba, que se estaban encendiendo cada media hora y que cuando llegaron sólo funcionaban dos. El propio Enrique Aguirre reactivó la operación de la tercera de las 11 que tiene la planta.
En una breve asamblea, Suástegui Muñoz explicó a los comuneros que las autoridades pidieron entrar, y resaltó la presencia de los antimotines. El grupo pidió que primero se liberara a José Palma, pues si él estaba libre no importaría si tomaban o no las instalaciones de la CAPAMA y se retirarían.
Suástegui se ofreció para hablar con el abogado del Centro Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, para saber el estado del proceso legal.
Pasado el mediodía, Téliz Hernández salió y le dijo a los opositores que entraría una comisión de policías para resguardar y ver las instalaciones; aunque los integrantes del CECOP dijeron que sin toletes, escudos, chalecos y cascos, el intermediario no hizo mucho caso.
Gática Martínez avanzó con un grupo de policías desarmados y con Téliz Hernández, pero detrás de ellos entraron los 400 antimotines.
Al integrante del CECOP detenido, José Palma Tornez, se le reclasificó la acusación de tentativa de homicidio a lesiones agravadas. Se le dictó auto de formal prisión y el juez le fijó una fianza de 146 mil pesos para salir de la cárcel. Palma Tornez presentó su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo Penal, donde negó haber atentado contra Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes y Deyanira Bailón Valeriano, familiares de Domingo Bailón -acusado por los policías comunitarios de los Bienes de Comunales de Cacahuatepec de haberlos emboscado el 4 de abril, hecho en el que fue herido Lorenzo Ángel Lázaro.
Palma Tornez indicó que todo lo que declararon las agraviadas es falso.
Domingo Bailón Dorantes y sus hermanos Gabriel, Pedro y José, así como un pariente de nombre Carlos Bailón Hernández, de 70 años, ingresaron al penal el 7 de abril por el delito de lesiones y daños, pero salieron libres tras pagar una fianza de 37 mil pesos cada uno. Según la causa penal 64-2/2014, Palma Tornez participó junto con otros ocho opositores a La Parota, entre ellos el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, en una balacera y atentado contra los agraviados en Parotillas, donde se detuvo a cinco personas tras una emboscada a policías comunitarios.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el gobierno del estado y en particular el asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, busca detonar una confrontación con los opositores a la presa La Parota.
El defensor calificó muy grave esta situación porque ni el Ejército ni la policía deben inmiscuirse en asuntos de civiles, “pero tal parece que el gobierno quiere violencia”, y estimó que si no se destensa la situación puede ocurrir un enfrentamiento.
Rosales Sierra calificó de “obstáculo” y “exagerada” la fianza de 146 mil pesos, por tres lesiones que no ponen en riesgo la vida de las personas agraviadas y que sanan en un periodo máximo de 15 días. Consideró que el juez bajo consigna aplicó la fianza a José Palma Tornez y que “a leguas es un error porque para fijar la multa tan alta debería de estar sustentada en probanzas”, es decir, recetas médicas o lesiones de suma gravedad.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra lamentó que el gobierno haya puesto trabas a la libertad del integrante del CECOP para escalar la generada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El comunero finalmente salió libre, y los opositores levantaron el plantón. Se solicitará una mesa de diálogo con el gobierno estatal para tratar el tema de las otras órdenes de aprehensión contra otros miembros del Cecop.
