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julio 20, 2014

García Olmedo exige sanción por aplicación de #LeyBala

García Olmedo exige sanción contra Facundo Rosas por aplicación de #LeyBala


La diputada federal del PRI emitió un comunicado en el que aseguró que desde su curul en la Cámara de Diputados en San Lázaro exigirá se investigue del uso desproporcionado de la fuerza pública en Puebla.


Por : Edmundo Velázquez / @mundovelazquez


En obvia alusión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, la diputada federal Rocío García Olmedo exigió una sanción contra los responsables de aplicar la #LeyBala para disolver la manifestación del 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco y donde fue herido el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien murió ayer en el Hospital General Sur.


En un comunicado, la diputada federal priísta se sumó a las críticas contra el uso de la llamada Ley Bala implementada por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y que dejó 70 vecinos de Chalchihuapan heridos, 47 agentes estatales y ayer cobró su primera víctima fatal, con la muerte del niño de 13 años luego de recibir un impacto de bala de goma en la cabeza.


Tras las probables irregularidades, se sancione a todo aquel que por acciones, decisiones u omisiones, lastimaron la integridad física y los derechos humanos de quienes se han visto directamente involucrados”, señala el documento firmado por García Olmedo.


Asimismo dijo que desde su curul en el Congreso de la Unión exigirá una investigación por el uso excesivo de la fuerza pública en el estado.


Haré lo conducente ante la Cámara de Diputados para que en Puebla se fortalezcan las garantías que el Estado debe proveer a sus gobernados”


La legisladora lamentó la muerte del niño Tehuatlie Tamayo, envió sus condolencias a su familia e hizo un llamado al gobierno del estado para respetar los derechos humanos de las personas, agotar el diálogo y la negociación y evitar que se den más confrontaciones como la llevada a cabo contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes se manifestaban contra el retiro de su registro civil cuando se dio la violenta disolución de la protesta que llevaban a cabo con el cierre de la autopista.


La violencia no debe ser la vía para solucionar las diferencias; es imprescindible, en todos los casos, agotar el dialogo y la negociación (…) Hago un llamado a las autoridades estatales a salvaguardar, ante cualquier escenario, la integridad física y los derechos humanos de las personas, sea en una manifestación o en cualquier situación cotidiana”, comenta en el documento la diputada federal.


García Olmedo además exigió al gobierno de Rafael Moreno Valle que deje de existir la represión y que acabe con el condicionamiento de atención médica y apoyo a la víctima y los lesionados durante la trifulca.


De igual forma cuestionó si el protocolo utilizado por los agentes de seguridad fue el indicado, pues refirió que medios de comunicación y material en video y fotos que circulan en las redes sociales demuestran el “probable uso desproporcionado de la fuerza”.


 


julio 18, 2014

PGR deja solo a RMV tras conflicto de Leybala

La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó atraer las investigaciones del caso Chalchihuapan ocurrido el pasado 9 de julio en la autopista a Atlixcocon la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pese a la petición directa realizada por el gobernador Rafael Moreno Valle al procurador Jesús Murillo Karam, según reveló el propio mandatario estatal.


La dependencia federal únicamente coadyuvará en pruebas periciales y dictámenes a lo largo de la investigación. Lo anterior lo confirmaron las áreas de Comunicación Social de ambas instancias a través de un boletín de prensa.


No es competencia de la PGR indagar el enfrentamiento violento que se dio entre manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan y policías del estado, debido a que se trata de un tema del fuero común.


La respuesta se da a dos días de que el mandatario local asegurara que habló “personalmente” con el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para que fuera la PGR quien investigara lo sucedido, al tiempo de abrir la posibilidad de sancionar a sus funcionarios si se demuestra que actuaron fuera de los protocolos establecidos durante la dispersión de la gente.


A una semana de que ocurrieron los hechos, los habitantes de Chalchihuapan y el gobierno del estado han intercambiado acusaciones, mutuamente se han responsabilizado de las lesiones graves que les fueron causadas al menos a 70 civiles y 47 granaderos. Los primeros han sostenido que los uniformados hicieron uso de balas de goma, entre otros proyectiles, mientras que el gobierno ha respondido que los campesinos actuaron de manera “organizada” causando heridas con bombas molotov y “piedras de gran calibre”.


Fotografías enviadas a la redacción dan cuenta de una reunión entre el delegado de la PGR, Normando Bustos Bertheau, con el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y el fiscal general jurídico de la PGJ, Enrique Flota Ocampo, “para establecer un programa de trabajo inmediato” que según la versión oficial inició la tarde del miércoles.


Según el gobierno local, ya se estableció un programa de trabajo inmediato y que garantiza “objetividad, transparencia y legalidad de la investigación que se lleva a cabo”.


Formal prisión a cuatro presos


Relacionado al caso Chalchihuapan, el día de ayer el juez Penal deSan Pedro Cholula, Alejandro León, dictó auto de formal prisión a Sergio Clemente Jiménez Tecalero, el cuarto detenido durante la manifestación del miércoles en la autopista a Atlixco kilómetro 14, acusado de siete delitos entre los que se encuentra motín y homicidio en grado de tentativa.


Fue el pasado lunes cuando el mismo juzgado dictaminó que hay elementos suficientes para juzgar a los otros tres, Félix Montes Xelhua, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.


Los cuatro llevan una semana durmiendo en el penal de San Pedro y se les fincan responsabilidades como ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, delitos contra las autoridades en su modalidad de desobediencia y resistencia de particulares, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad y homicidio en grado de tentativa.


 


 


 


No elaboró protocolos ni capacitó a policías en LeyBala

El secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, nunca actualizó los protocolos de actuación policial para el caso de marchas y manifestaciones ni capacitó a los más de 2 mil elementos de fuerza pública del estado que garantizarán el cumplimiento operativo de la llamada #LeyBala, como reconoció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a una solicitud de información pública con folio 00209714.


La falta de protocolos y capacitación a los elementos de fuerza derivó en el fallido operativo del 9 de julio en la autopista a Atlixco para desalojar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, además de herir gravemente a un menor de 13 años que se encuentra al borde de la muerte.


La dependencia tampoco cuenta con un manual aprobado para el control de multitudes, según se desprende de la citada respuesta de solicitud de información registrada en Infomex y fechada el 11 de junio de este año, en donde sólo señalan la existencia de un decálogo que los uniformados deben cumplimentar, pero que en la reconstrucción de los hechos de la autopista a Atlixco realizado por CAMBIO queda claro que prácticamente se violaron sus 10 principios.


La respuesta de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad Pública a la solicitud 00209714 así lo deja en claro: “se están desarrollando los protocolos, no obstante la actuación policial dispone de las estrategias segmentadas en diversos rubros operacionales, que contemplan siempre apego al respeto de los derechos humanos de la sociedad, basándose en un manual para control de multitudes el cual se encuentra en proceso de valoración y autorización”.


La violación total al decálogo de la Policía Estatal de Puebla


Un comparativo entre el decálogo por los que se rigen los policías estatales en sus intervenciones ante manifestaciones y protestas sean o no pacíficas y la reconstrucción de los hechos sucedidos el 9 de julio, demuestran que éste fue abiertamente incumplido en nueve de sus principios más elementales.


1. “Adoptar estrategias para la acción policial en la comunidad y observar los niveles de tensión social entre los distintos grupos de la sociedad”. Nunca se hizo, pues aunque se sabía del descontento de los vecinos de la junta auxiliar de Chalchihuapan por el retiro del Registro Civil en su demarcación, jamás hubo diálogo o reuniones con los pobladores días antes de su movilización.


2. “Estar al tanto de los preparativos de manifestaciones ilícitas”


3. “Ser tolerante con las reuniones que aunque ilícitas, sean pacíficas y no presenten peligro para la sociedad en general”. Violado totalmente, ya que el primer enfrentamiento sobre la autopista se dio luego de que los pobladores no aceptaron retirarse cuando lo ordenaron los policías, acción que derivó en que iniciaran el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersarlos y detener a cuatro personas.


4.- “Establecer contacto con los representantes y con individuos de la multitud”. Adecir de las crónicas y la reconstrucción del desalojo hecho por CAMBIOa partir de videos, fotografías y de testigos presenciales, el único intercambio de palabras que hubo de policías con pobladores fue para advertirles que se quitaran de la vialidad y posteriormente para que desalojaran el puente que atraviesa la autopista, siempre con las mismas palabras “retírense del lugar o los retiramos”.


5. “Cuando sea preciso dispersar una multitud, dejar siempre un pasillo libre para la salida de todos los elementos participantes en el restablecimiento del orden”. No fue puesto en práctica pese a ser un principio para garantizar su seguridad. En los hechos quedó exhibido cuando cientos de policías se retiraron de manera desordenada y desastrosa, aventándose del puente como se ve en videos y fotos presentados por CAMBIO,lo que a la postre derivó en que el número de uniformados lesionados fuera de más de 40.


6. “Evitar tácticas provocadoras”. Las primeras acciones de los policías estatales fue lanzarles gases lacrimógenos y dispararles balas de goma, realizar detenciones y regresar las piedras que les lanzaban los pobladores, pese a que ya habían sido retirados de la autopista.


7. “Elaborar técnicas de control de multitudes sin recurrir al uso de la fuerza”. Queda claro que los policías no fueron adiestrados ni tenían táctica para evitar el uso de la fuerza para disolver el bloqueo. Fueron enviados a quitar a los pobladores utilizando la fuerza.


8. “Usar equipo protector, en particular escudos, chalecos antibalas, cascos e instrumentos no letales”. De los cerca de 150 policías estatales que estuvieron y participaron en el desalojo, la mayoría iba con equipo completo, pero otros más prefirieron usar gorra en lugar del casco.


9. “Uso diferenciado de la fuerza con armas incapacitantes no letales”. Violado de manera indiscriminada, que queda claro con los disparos a quemarropa sobre los pobladores. Ejemplos el niño Tehuatlie que está al borde la muerte por un disparo de bala de goma en la cabeza, un adulto perdió un ojo, a otro más le perforaron el rostro y otros exhibieron las marcas que dejaron los disparos en su cuerpo.


10. “Técnicas de persuasión, mediación y negociación”. Jamás hubo diálogo o intento de negociación de los policías, ni lo intentaron tampoco.


Facundo Rosas reconocio que sus policías no estaban capacitados


Aunque el propio Facundo Rosas estuvo al frente del operativo, poco le importó que sus policías no estuvieran capacitados, pues él mismo reconoció que los elementos no estaban capacitados para aplicarla: “en tanto se da la reglamentación (de la #LeyBala) estaremos trabajando en la capacitación y en el adiestramiento, estamos apostando a que por lo menos duren tres meses, estos cursos los dará el Comité Internacional de la Cruz Roja, el área de Derechos Humanos de la ONU, tendremos que esperar”, informó el 20 de mayo.


“Un policía para que sea efectivo en su función debe saber qué hacer, el problema surge cuando no sabe qué hacer y no tiene el adiestramiento y la capacitación para hacerlo, la ventaja de los protocolos es que se irán elaborando a partir de esta ley para que sepa lo que se deba hacer, lo que no esté estipulado en el protocolo está claro que no lo va a poder hacer”, explicó también.


Diarioacambio.


 


 


 


julio 10, 2014

Tanto conflicto demuestra inefectividad de #LeyBala

El delegado de la Segob se deslindó del enfrentamiento entre granaderos y habitantes de Chalchihuapan. El representante del gobierno federal explicó que se trata de un asunto local y que las delegaciones sólo se mantendrán alertas a lo que pudiera ocurrir


El sangriento enfrentamiento entre granaderos de la Policía estatal y habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, reflejaron que la polémica #LeyBala, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle y avalada por el Congreso local, no cumplió con los objetivos por los que fue planteada, acusó el delegado de Gobernación federal en Puebla, Juan Molina Arévalo.


“El Congreso en su momento, bajo las condiciones que ellos creyeron convenientes llevaron a cabo esta reforma, que es totalmente respetable, y pues creo que el día de hoy con lo que acaba de suceder hace un momento, no precisamente refleja eso”, expresó el delegado federal.


Como representante del gobierno federal se deslindó de los actos violentos que provocó la intervención de la fuerza pública con las atribuciones que recientemente fueron aprobadas en la ley, al señalar que se trata de un asunto local y que las delegaciones federales sólo se mantendrán alertas a lo que pudiera ocurrir.


“Es el estado, insisto, el origen de estos temas es lamentablemente el asunto de las juntas auxiliares y del Registro Civil, ellos tendrán que negociar directamente y nosotros evidentemente estaremos muy al pendiente de la situación”, comentó antes ingresar a la reunión de seguridad que cada mes lleva a cabo el gobierno del estado para tratar los temas de seguridad, a la que dijo asistió para atender este tema.


Esto luego de que los habitantes de la junta auxiliar de de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, bloquearon la autopista para exigir que se restablezca el servicio del Registro Civil, por lo que granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal aplicaron las atribuciones que les otorga la recién aprobada #LeyBala para contener la protesta, sin embargo se salió de control y dejó como saldo siete elementos heridos y dos menores de edad lesionados, uno de ellos de bala de goma. Por: Diarioacambio.


 Tanto conflicto demuestra inefectividad de #LeyBala