Estrategia fallida
Raymundo Riva Palacio. La movilización de Juan José Mireles este jueves en Lázaro Cárdenas, es la última expresión de lo vulnerable de la estrategia federal en Michoacán. Mireles marchó con 82 paramilitares a ese municipio y tomó la comunidad de La Mira, donde fue recibido con calidez. Viajó con su convoy armado con fusiles de asalto sin que ninguna autoridad les interrumpiera el viaje y se apoderaron, en un relanzamiento de la estrategia de las viejas autodefensas, de esa población sin problemas de inseguridad. Habitantes de varias comunidades en la zona costera de Tierra Caliente, se sumaron a Mireles en su rebelión ante el gobierno federal, opuestos al desarme que inició a finales de abril.
El comisionado federal, Alfredo Castillo, tuvo que improvisar un operativo al día siguiente al mando del subprocurador regional en Lázaro Cárdenas para enfrentar el desafío. Mireles fue acusado de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, una justificación extraña, pues el ex vocero de los grupos de autodefensa mantenía una escolta de personas armadas sin que hasta este viernes, cuando lo capturaron, les provocara inquietud. El hecho que fuera acusado de un delito que ya cometía en flagrancia en el municipio de Tepalcatepec, lleva a suponer que la captura tuvo una razón diferente: violentar la frágil estabilidad en la región y romper los acuerdos no escritos para moverse en la ilegalidad, pero sólo en territorios acotados.
Zonas donde se tolera la ilegalidad no son ajenos a la realidad michoacana diseñada por el comisionado Castillo. Un caso sobresaliente existe en La Ruana, donde vive Luis Antonio Torres, apodado “Simón El Americano”, que se mueve en esa comunidad del municipio de Buenavista Tomatlán en un convoy de seis camionetas Cadillac con una escolta de unas 40 personas armadas con fusiles de asalto. “Simón El Americano” es señalado como presunto autor intelectual de al menos dos asesinatos en el último año, y se investigan sus presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si no sale de La Ruana, como hasta ahora, no habrá consecuencias legales en su contra.
Castillo es tolerante con los grupos paramilitares que no aceptaron su reintegración a la vida institucional como policías rurales. Ha frenado todo intento de detener a “Simón El Americano”, y lo mismo habría pasado con Mireles, que seguiría en libertad de no haber transgredido militarmente el territorio dentro del cual podía vivir en la ilegalidad. Cuáles son las razones de Castillo para mantener ese status quo extra legal, son desconocidas.
Permite la cohabitación de fuerzas irregulares ilegales, como las llamadas autodefensas, y legales, como las policías rurales, en donde incorporó a los paramilitares que aceptaron caminar dentro de la ley.
Pero este diseño no genera equilibrio, ni ha logrado bajar los índices delictivos. De hecho, desde que las autodefensas iniciaron funciones como policías rurales, los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada, se incrementaron. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 54 de ese tipo de asesinatos en enero; 42 en febrero; 45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo; y 30 hasta el 15 de junio. Las cifras se dispararon en mayo, cuando comenzaron a operar las policías rurales, lo que permite plantear la hipótesis si el incremento en la violencia obedece a que Castillo, al uniformar a personas sin el entrenamiento y doctrina de la Policía Federal, entregó una especie de licencia para matar a uniformados con plaza y arma que los avala como autoridades.
La tendencia en la primera quincena de junio apunta a llegar a los niveles de mayo por segundo mes consecutivo, lo que de concretarse mostrará una falla profunda en el esquema de seguridad diseñado por Castillo, y desmantelará su afirmación que tras los primeros 100 días de haber emprendido la cruzada para el rescate y la pacificación de Michoacán, a finales de enero pasado, el estado está bajo control. La cifra al alza de homicidios que coincide con la llegada de sus policías rurales, sugieren lo contrario. La movilización de Mireles enseña, asimismo, la fragilidad en el esquema general, al demostrar la falta de control real sobre los rebeldes.
Otro de los objetivos que no han mostrado resultados, tiene que ver con la reactivación de la economía, que no ha sido posible salvo en los casos donde la cadena de producción ha sido resguardada por las fuerzas de seguridad federales, como sucedió con los mil 500 camiones con aguacates que salieron escoltados hasta la frontera de Nuevo Laredo para estar a tiempo en el Super Bowl de futbol americano profesional en febrero. La inversión del gobierno federal en Michoacán alcanza niveles históricos, pero la privada ha caído. De 129.5 millones de dólares que se registraron en 2013, los economistas michoacanos estiman que para este año caerá casi 20%. No hay capitales privados dispuestos aún a inyectar recursos en Michoacán, porque perciben no es un buen lugar para invertir.
La retórica de Castillo, ciertamente, choca con la realidad objetiva en Michoacán. Los últimos acontecimientos reflejan que tiene una estrategia fallida que puede ajustarse y corregirse para eliminar las contradicciones en su diseño y aplicación, que hacen difícil conciliar y alinear todos los esfuerzos del gobierno federal. No hacerlo llevará a sorpresas como las de Mireles, que en esta ocasión resultó sin consecuencias lamentables que no siempre, en el volátil Michoacán de hoy en día, podrán salvarse en el futuro.
