Por Josué Karim Moreno
Oaxaca, 27 Jul. (Notimex).- El aprovechamiento forestal sustentable por parte de las comunidades que viven en reservas ecológicas puede ser una opción para evitar la tala desmesurada, la degradación del ecosistema e incluso una fuente de recursos económicos.
De acuerdo con el informe “Garantía de derechos y lucha contra el cambio climático”, realizada por la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, por sus siglas en inglés), la mayoría de las ocasiones, este enfoque sustentable es subestimado para mitigar los efectos del cambio climático.
Sin embargo, menciona que en la actualidad gran parte de los administradores de las zonas forestales de todo el mundo son las comunidades locales e indígenas, las cuales tienen un gran arraigo y nexos históricos con la tierra en la que habitan.
Este tipo de superficies se encuentran ubicadas en países con ingresos bajos y medios, los cuales se enfrentan a diversas presiones de deforestación y regulaciones excesivas, por lo que se necesita mejorar las acciones para apoyar a este tipo de comunidades.
Entre algunos de estos casos, destaca la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (Acofop), en Guatemala, la cual está conformada por 23 organizaciones indígenas y campesinas que tienen como objetivo negociar políticas con el estado y sectores industriales.
Cabe destacar que esta asociación surgió siete años después de creada la Reserva de la Biosfera Maya, en 1990, la cual tiene más de dos millones de hectáreas de bosques naturales protegidos, en una zona de influencia de comunidades indígenas.
De acuerdo con el subdirector de la Acofop, Juan Ramón Girón, “cuando se creó la reserva comenzaron a aplicarse políticas restrictivas para el aprovechamiento de los bosques, lo que generó rechazo por parte de las comunidades y un clima de ingobernabilidad”.
No obstante, luego de años de trabajo y de agrupar a un mayor número de comunidades con el mismo objetivo, han podido conservar los bosques, evitar la tala clandestina e incluso generar recursos y fuentes de empleo para los habitantes de la comunidad.
Uno de los casos de éxito dentro de dicha agrupación es la cooperativa “La Carmelita”, la cual genera empleo para más de 200 personas de la zona, y aunque los recursos obtenidos no son de gran impacto para el Producto Interno Bruto guatemalteco, permiten generar mejores condiciones de vida.
Y es que entre algunas de las empresas comunitarias de dicha cooperativa se encuentra un aserradero para el aprovechamiento de las maderas de la región, como el cedro y el pino, por mencionar algunas, las cuales se exportan a otros países.
Pero también tienen alianzas con empresas japonesas a las cuales venden chicle, materia prima que abunda en la región, así como con Continental Floral Greens, compañía estadounidense que les compra “xiate” (palma) para las celebraciones de Semana Santa.
Asimismo, cuentan con un taller de carpintería, en donde fabrican una gran variedad de muebles, lo cual les ha permitido agregar valor a la cadena productiva y así obtener mayores recursos a partir de la tala sustentable de los bosques.
Aunado a los recursos económicos, estudios demuestran que entre 1986 y 2007, la mayoría de los bosques comunitarios dentro de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala observaron solamente 0.02 por ciento de deforestación, 20 veces menos que las áreas protegidas por otras instancias.
Entre algunas de las políticas de las comunidades forestales del Petén se encuentra montar puestos de vigilancia para monitorear constantemente el bosque y con ello evitar la tala clandestina de las maderas preciosas o la extracción de utensilios prehispánicos.
Además cuentan con métodos para talar árboles que se basan en ciclos de cinco años por región, lo que permite, con la reforestación adecuada, regenerar las áreas verdes de forma natural sin que afecte la biodiversidad de la región del Petén.
Pero también existen otros casos en el continente americano, como México, donde 8.1 millones de hectáreas de bosques se encuentran bajo el manejo de asociaciones comunitarias, con un gran potencial para almacenar carbono, el cual puede mitigar en gran medida los efectos del cambio climático.
Entre algunas agrupaciones que se han generado en el país, se encuentra la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinanteca (UZACHI), en la sierra sur del estado de Oaxaca, la cual integran cuatro comunidades y más de 150 personas.
Estas comunidades son legalmente propietarias de los terrenos que manejan dentro del bosque, bajo la figura de comunidad indígena, y tienen una operación forestal que se puede clasificar como “silvicultura comunitaria campesina de pequeña escala”.
Esta asociación cuenta con sus propias empresas comunitarias, tales como una planta embotelladora de agua, la cual produce alrededor de mil 500 garrafones por semana, en la cual trabajan aproximadamente cuatro personas.
Incluso, la comunidad tiene convenios con algunos de los restaurantes más reconocidos del centro de Oaxaca, quienes les compran agua embotellada para ofrecer a los comensales, así como 11 distribuidores en el centro de la ciudad.
De igual forma, cuentan con un aserradero en el que trabajan 22 personas de la comunidad y en el que producen alrededor de 30 metros cúbicos diarios de maderas como el pino, las cuales se destinan para satisfacer la demanda del mercado local.
Aunado a ello, cuentan con un complejo diseñado especialmente para satisfacer la demanda del turismo ecológico y de aventura con actividades como tirolesa y paseos por el interior del bosque, así como un comedor comunitario.
Pese a que por el momento no pueden aprovechar los recursos forestales debido a que cambiaron algunas de las leyes, regulaciones y permisos para el uso de los bosques, actualmente están rediseñando un plan de manejo que les permita generar ingresos nuevamente.
Al igual que la Asociación de Comunidades Forestales del Petén, la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinanteca tiene cuenta con planes para la tala sustentable y la forestación de los bosques.
También existen otras agrupaciones comunitarias en la Península de Yucatán, las cuales registran incluso tasas de deforestación más bajas que las que están designadas como áreas de conservación estricta.
Mientras que en todo el mundo, se estima que las comunidades agrícolas e indígenas son las titulares jurídicas y oficiales de más de 513 millones de hectáreas de bosques y selvas, lo cual representa alrededor de un octavo del total de la superficie forestal del planeta.
Por lo que, entre algunas de las medidas para que este modelo de forestación sustentable tenga un impacto para las comunidades indígenas y agrícolas, se requiere de un mayor apoyo en cuanto al reconocimiento jurídico de sus derechos sobre los bosques.
Además de apoyar a las comunidades con asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de sus habilidades, y que sus empresas puedan representar un mayor beneficio para sus agrupaciones.
