Raymundo Riva Palacio. Más tardó el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, en proponer una prórroga al polémico programa “Hoy No Circula”, que levantó las protestas ciudadanas en su estado y la ciudad de México –donde se concentra alrededor del 20% del electorado nacional-, que el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, responderle que no está en el interés del gobierno posponer, diferir, o cambiar las nuevas medidas anunciadas hace dos semanas. El mensaje no pudo ser más directo. Guerra Abud tiene injerencia en el tema, es mexiquense y fue el primer jefe que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto en la administración pública. De mexiquenses a mexiquense, más manotazos al gobernador que está dejando de serlo.
El cariño que le tiene Peña Nieto a Ávila, a quien escogió como su sucesor, en un acto de pragmatismo donde hizo a un lado al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y sacrificó a su primo, Alfredo del Mazo, a quien nombró director de Banobras, no lo ciega ni lo lleva al suicidio político. Para que Peña Nieto pueda manejar la sucesión presidencial dentro del PRI, tiene que pasar la gran prueba de las elecciones federales el próximo año, donde el estado de México es crucial. Ahí se concentra el 14% del padrón electoral, y por lo general, la participación es 10% superior al de la media nacional. Una derrota en su entidad será señal ominosa para él, y alentadora para sus rivales en el horizonte de 2018.
Las elecciones intermedias y mexiquenses –se juegan los 125 ayuntamientos y las 75 diputaciones federales-, parafraseando al barón Georges Clemenceau eran demasiado importantes para dejárselas a Ávila. En los más altos niveles del gobierno federal están decepcionados de su gestión en el estado de México, por la manera como las cosas se le escaparon de las manos. “Reconocemos –dijo un colaborador del Presidente- que al gobierno federal nos trajimos al primer y segundo nivel de políticos mexiquenses, y lo dejamos muy desprotegido”. Esa autocrítica no ha llevado a Ávila a un sótano más oscuro dentro de los mexiquenses que toman decisiones, que decidieron arroparlo mediante la disfrazada toma de Toluca, cabecera del ejecutivo estatal, con el envío de operadores que rescaten al gobierno y la elección.
La operación para rescatar a Ávila, su gobierno y las elecciones de 2015 comenzó en enero, cuando ante el colapso de la seguridad pública enviaron a Damián Canales de la Secretaría de Gobernación, para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Eruviel no podía hacer nada”, dijo el colaborador presidencial. “Alfredo tenía muy acorralados a los criminales, y al venirse a México, lo dejaron de hacer”. Alfredo Castillo fue el último procurador del gobernador Peña Nieto y pese a que Ávila lo ratificó, duró poco tiempo en el cargo al ser nombrado subprocurador general. Canales organizó la seguridad y se ha coordinado con el Ejército para apretar a las bandas criminales –los operativos públicos más recientes son los enfrentamientos en el sur del estado-.
Para completar el esquema de seguridad, Ávila nombró en mayo a otro enviado de Los Pinos, Alejandro Gómez Sánchez, que era consejero jurídico adjunto de la Presidencia, bajo el mando de Humberto Castillejos, quien junto con Castillo y el presidente del Senado, Raúl Cervantes, forman un influyente grupo en las áreas de procuración de justicia. La primera toma del gobierno fue claramente en la seguridad, pero como no lo es todo, también se sustituyó a los operadores políticos.
Desde la ciudad de México se instrumentaron los ajustes se ordenó el relevo del líder del PRI estatal, Raúl Domínguez Rex, cercano al gobernador, por Carlos Iriarte, que dejó a medio término la alcaldía de Huixquilucan. Iriarte, como Peña Nieto, pertenecen al mismo grupo político que en el gobierno de Arturo Montiel luchó para llevar a Peña Nieto a la Presidencia. Iriarte es un operador político de plena confianza del Presidente, y trabajará con el nuevo secretario general de Gobierno, José Manzur, un nombramiento de Videgaray –avalado por Peña Nieto-, que sacrificó a su presidente en la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para ejercer el poder en Toluca.
Ávila quedó cercenado y despojado de los instrumentos de poder.
En Los Pinos se reorganizó al gobierno de Ávila en áreas de control político y seguridad, ante las probabilidades crecientes que el PRI y Peña Nieto pierdan la elección en el estado de México el próximo año, que tendría repercusiones más allá del 2015. El 30% de los mexiquenses viven en Toluca y en cuatro municipios conurbados al Distrito Federal, donde se vota sistemáticamente contra el PRI desde 1997. Juntos concentran alrededor del 20% del voto nacional.
El estado de la economía no ayuda a Peña Nieto ni al PRI. Las expectativas de crecimiento económico van a la baja una vez más, y la reforma energética no es una panacea. Por tanto, las condiciones en el bolsillo de los mexicanos no son las mejores para el gobierno en turno que, de perder en el corazón político del país ante la molestia ciudadana, la segunda parte del sexenio sería políticamente adversa para un Presidente que, además de herido quedaría humillado en el estado donde presume la maquinaria electoral más poderosa y eficaz del país.
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