Sobreaviso por: René Delgado
De seguro es una mera coincidencia, pero resulta increíble que al arranque del debate final -es un decir- de la más importante reforma impulsada por el gobierno, la energética, se lance un impresionante operativo policial contra una mujer que ofrecía abrigo a niños que el Estado ignoró por años y, en un golpe de conciencia, recordó de pronto.
Hoy, el abordamiento de particularidades importantísimas de la reforma energética se ve empañado por la natural y airada reacción provocada por aquel operativo que, si bien puede tener fundamento e incluso un tinte humanitario, incide en un momento donde se define no sólo el curso y efecto de la apertura al capital privado de la explotación del petróleo y el gas así como de la generación y la distribución de electricidad, sino también el curso de la historia nacional.
El socorrido recurso oficial de que la historia nacional es un simple acontecer de hechos aislados e inconexos obliga a preguntar a qué responde el timing del operativo lanzado en Zamora: ¿a una desafortunada y simple coincidencia, a un error político o a la reposición del ardid característico del anterior sexenio, especialista en fabricar o administrar operativos o capturas con gran despliegue mediático, cuando la dimensión de otro problema exigía jalar la atención a un foco distinto a aquel donde debería concentrarse?
Apena formular la interrogante por el respeto que suscita el procurador Jesús Murillo Karam, pero tantas veces se ha echado mano de ese recurso distractor, que la posibilidad no puede ignorarse. Más allá de la coincidencia o la especulación, como anillo al dedo le vino, al procesamiento final de la reforma energética, el operativo realizado. No habrá sorpresa si, aprobada la reforma energética, la señora Rosa Verduzco resulta exonerada y se castiga a sus colaboradores que, probablemente, incurrieron en abusos.
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Coincidencia o no, hoy es más fácil pronosticar la suerte de la señora Verduzco que el destino de la reforma energética.
En el primer caso, casi como un guión pronunciado con apoyo en un apuntador, la reacción suscitada probablemente dé lugar a la reconsideración del asunto y, con o sin un “usted disculpe”, la inculpada saldrá del trance, configurando los delitos en los colaboradores que presumiblemente los cometieron. Lo que asombra es que, hasta este martes, después de muchísimos años, el gobierno haya cobrado conciencia de dos cosas: una, la situación prevaleciente en muchos albergues o granjas donde se arrumba a seres humanos abandonados o presas de alguna adicción -antier mataron a golpes a un alcohólico en un “centro de rehabilitación” en Tlalnepantla y, absurdamente, el hecho no reviste novedad-; y, dos, la responsabilidad que en la materia tiene el propio Estado. La suerte de Rosa Verduzco no constituye un gran enigma, sí el de los menores supuestamente rescatados… a lo mejor, algunos terminan migrando a Estados Unidos.
En el segundo caso, no hay reversa. La reforma energética, hecha como se hizo, deja en el aire su suerte y su efecto, cualesquiera que sean, sobre la economía nacional y las finanzas públicas. Es una reforma central en el porvenir nacional, planteada de forma radical no gradual y procesada sin prestar oído a las distintas posturas (no ideológicas) ni tomar nota de lo ocurrido con otras reformas radicales -la banca, por ejemplo- que corren de cero a cien, sin estaciones de parada, de la expropiación a la privatización. Arrebatos que, sufrida la experiencia, lejos de ofrecer soluciones generan más problemas. En mala hora el caso Oceanografía-Banamex exhibe lo que depara la corrupción relacionada con el petróleo.
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El deslizamiento de las relaciones sociales a una subcultura cifrada en la violencia, el crimen, la sospecha y la denuncia ha convertido a las fuerzas policiales y armadas en el recurso más a la mano para intervenir y, con frecuencia, poner las cosas de cabeza: José Mireles preso, La Tuta libre; la señora Verduzco detenida, los niños con su destino en juego. Pero, como la violencia y la inseguridad, sólo de manera ocasional o tangencial tocan a la élite en el poder, la búsqueda de soluciones que, en ese campo deberían ser decididas y radicales, se postergan. ¿Qué reforma puede prosperar, ahí, donde no se puede garantizar la vida, la integridad, el patrimonio y el libre tránsito de las personas?
La urgencia por contar con recursos inmediatos sin fijar claramente su propósito y asegurar su destino lleva a precipitar reformas, como la energética, que en el corto plazo -que, de seguro, le resultará larguísimo al gobierno- llevó a anunciar en el exterior la decisión, pero no a abrir el debate en el interior. Ahí, se explica ahora por qué el presidente Enrique Peña Nieto planteó, hace más de un año, en Europa la intención de abrir la explotación petrolera al capital privado extranjero, pero no a abrir el contenido y los términos de la idea. Se precipitó el anuncio y se retrasaron las iniciativas.
La renuncia del gobierno y el panismo a plantear la reconversión de la industria petrolera a partir de una profunda reforma administrativa en Petróleos Mexicanos que, llegado el caso, acondicionará a la empresa del Estado para entrar a competir en un mercado abierto, explica el argumento de que no se iba ni se va a privatizar un solo tornillo. No, a los fierros y los tornillos sólo se les dejará oxidar porque el activo nacional no está en las instalaciones industriales, sino en las reservas petroleras.
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Los dos sucesos de la semana -la inminente conclusión de la reforma energética y la captura de la señora Verduzco- dejan por saldo una mezcla de petróleo con lodo. Dos certezas y dos incertidumbres. Las certezas: saldrá adelante el principal proyecto legislativo del gobierno y, por los indicios, saldrá libre la señora Verduzco. Las incertidumbres: el destino de la reforma energética y el de los niños dentro o fuera de los albergues.
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