Horizonte ciudadano. Por: Rosa Esther Beltrán.
Una ley controvertida
Promover una ley contra la corrupción fue uno de los principales compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto, quien siendo todavía Presidente Electo ofreció impulsarla de inmediato en la Cámara de Diputados.
Esta semana, casi tres años después del inicio de su administración, Peña Nieto hizo la promulgación de la ley denominada, Sistema Nacional Anticorrupción, del que dijo, ha generado incredulidad en cuanto a la capacidad del Estado para combatir esa lacra, la que definió como un desafío que hay que vencer.
Lo cierto es que el escepticismo en contra de la efectividad de las reformas legales que, dicho sea de paso, en este sexenio han sido muy numerosas pero no por eso eficaces, la falta de credibilidad, decía, es enorme y justificadamente, porque la clase política se ha esmerado en aprovechar sus posiciones públicas para enriquecerse vorazmente.
El fenómeno de la corrupción en México ha experimentado cambios. Ahora es más abierto, en décadas anteriores se suponía, había rumores, pero no se evidenciaba, esto se debía a que se tenían códigos mucho más cerrados, de manera que, por ejemplo, la corrupción en el poder privado, hasta hace muy poco se ha empezado a visibilizar.
Sobra señalar que la corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad de los gobiernos, genera costos económicos muy elevados para la sociedad y para los agentes públicos, además de una disminución del sustento al sistema democrático, así como descontento y desconfianza en la sociedad.
En un estudio reciente elaborado por el CIDE e IMCO, denominado “México: Anatomía de la Corrupción”: se menciona que los Costos económicos en inversión implican –hasta 5% menor en países con mayor corrupción (FMI)–. Ingreso de las empresas –pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernst & Young)–. Piratería –pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP)–. Producto Interno Bruto –2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 10% (CEESP)–.
Crisis de representación: 91% no confía en partidos políticos. 83% no confía en legisladores. 80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).
Costos sociales: Bienestar: 14% del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales(Transparencia Mexicana).Violencia: Existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace).
Frente a la promulgación de la nueva ley la pregunta es si se trata de una reforma estructural capaz de remover los cimientos de un sistema político corrupto hasta la médula o sólo se buscan cambios cosméticos que vengan a legitimar al propio sistema.
La respuesta es compleja, porque en ella están concatenadas tres partes que deberán definirse: 1ª La de prevención, 2° la de facultades para la investigación, y 3° que se establezcan las sanciones y se tendría que tomar en cuenta que esto deberá definirse en los tres niveles de Gobierno.
Además, faltan las leyes secundarias, las de políticas públicas y los nombramientos para implementar la Ley Anticorrupción y aquí cabe el involucramiento de todo tipo de intereses, como los del Poder Ejecutivo y los de los partidos políticos en las Cámaras.
El Sistema Nacional Anticorrupción será un sistema de sistemas que lleva implícitos un conjunto de peligros por los vacíos que se pueden encontrar, particularmente en lo que se implemente en la reglamentación secundaria de la Reforma Energética en la que los poderes fácticos del sector llevarán mano; por donde se le vea, lo que está en juego, no es poco.
Posdata
Frente a las condiciones climáticas adversas los ciudadanos insurgentes de San Buenaventura continúan su platón en la Plaza de Armas; ya llevan ahí 12 días. Señor Moreira, ¿hasta cuándo? Son ciudadanos coahuilenses, ¿por qué los discrimina?
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Una ley controvertida
