Monje Loco. Por: José Cárdenas
Al Doctor José Manuel Mireles Valverde se le juntan las pulgas. Todas. El gobierno federal escudriña en sus cuentas, propiedades, amistades… y hasta en las amalgamas de sus muelas.
El escarmiento va en serio; quien se atreva a retar al Estado pagará caro la osadía.
De entrada, a Mireles lo mandaron lejos, muy lejos de Tepalcatepec y la Tierra Caliente; desde el domingo duerme en la prisión federal de Hermosillo.
Los cargos contra el carismático líder no son menores. A la posesión ilegal de armas prohibidas, súmele delitos contra la salud; una bolsa con cocaína, cuatro envoltorios con marihuana y 30 mil pesos en efectivo son evidencias suficientes para colocar a Mireles –y sus escoltas Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas– en los infiernos del diablo.
La droga fue sembrada, clama la abogada defensora, Talía Vázquez, quien denuncia abusos y torturas. El propio Mireles denuncia atropellos cometidos durante su captura, el viernes:
Por ahora su palabra no importa, será el juez, el encargado de dirimir verdades y mentiras. Todo a su tiempo.
Pero ahí no acaba la cosa. El “rebelde” Mireles deberá demostrar el de donde sale el dinero para financiar a su grupo… y quienes son sus socios. Ahora el médico cirujano esta obligado a rendir todas la cuentas que sus ex amigos evitaron al integrarse a la Fuerza Rural de Michoacán. Hipólito Mora, Estanislao Beltrán –Papá Pitufo– o Alberto Gutiérrez –Comandante Cinco–, debieron aclarar las fuentes de armas y dinero, pero ellos son aliados… y sus pecados son veniales.
El Comisionado Federal Alfredo Castillo Cervantes no deja lugar a dudas: tolerancia “cero” a desafíos; nadie puede andar armado hasta los dientes, y menos recorrer los caminos de Michoacán, con aires justicieros: “Es preciso recordar que el 14 de abril se estableció por acuerdo con los líderes de las comunidades organizadas, incluidas las del propio Mireles, que a partir del 10 de mayo no se permitiría más la movilización de civiles armados, así como la portación de armas de grueso calibre”, recordó Castillo, ayer en Gobernación.
A estas alturas, con la paz pendiendo de un hilo y la contienda electoral en puerta, nada debe poner en riesgo los delicados equilibrios y mucho menos colocar en entredicho el papel de la autoridad.
No habrá tregua para José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas. Nadie perdonará sus desplantes y menos sus delitos. La ley será aplicada y el doctor tendrá que pagar. La pena es lo de menos, lo importante es el mensaje a los grupos de autodefensa para que depongan las armas y se apeguen a las instituciones.
Mientras, los ánimos arden en Tierra Caliente. Seguidores de Mireles reclaman la libertad de su líder realizando bloqueos y protestas al grito de: ¡Y La Tuta, cuándo!.
RÉPLICA: Al Monje del viernes pasado –“Derechos chuecos”– en el cual referimos a la CNDH como la institución más cara del mundo, el organismo responde lo que por razón de espacio resumo: “(…) La CNDH de México está muy lejos de ser la más cara del mundo. Sólo tomando en consideración a la Institución de Derechos Humanos de Colombia (INDH), esta maneja un presupuesto de 480 mil millones de pesos colombianos, cifra tres veces superior al de la CNDH (…); la población de Colombia no rebasa los cincuenta millones de habitantes; en México somos 118 millones. (…) En cuanto a que el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) cuenta con un presupuesto de 15 millones de pesos, la cifra sólo corresponde a los gastos para viáticos. Durante 2013, el IDPF reportó un total de 2,405 servidores públicos, de los cuales alrededor de 700 son defensores públicos, con un salario mensual promedio de 65 mil pesos, el resto del personal es de apoyo, por lo que solamente en salarios el gasto del IDPF superaría los 1 mil 200 millones de pesos (…)”.
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