Secuestro, violo y asesino a menor indígena
Bogotá. – Sentencian al acaudalado arquitecto Rafael Uribe Noguera con 51 años y ocho meses de prisión por secuestrar, violar y asesinar a una menor de origen indígena.
Este miércoles en diciembre pasado la menor Yuliana Samboní, fue raptada de un humilde barrio del norte de Bogotá.
La sanción, que no dejó conforme a la familia de la niña, también incluye el pago de 100 salarios mínimos, que equivalen a unos 25,500 dólares.
Juvencio Samboní, padre de Yuliana, dijo que el asesino de su hija merece la pena de muerte, pero que al no existir ese castigo en Colombia “esperábamos que le dieran la pena máxima” de 60 años de prisión.
En las afueras del complejo judicial, donde una jueza anunció la sentencia, decenas de personas se manifestaron con carteles y gritos exigiendo esa condena para Rafael Uribe Noguera, cuyo crimen ha tenido una amplia cobertura mediática y es tema cotidiano de conversación en este país.
El asesinato de Yuliana Samboní causó un enorme impacto por involucrar a un rico y poderoso integrante de la elite colombiana y a una humilde niña de 7 años de edad que no tenía ninguna posibilidad de defenderse.
Rafael Uribe Noguera se convirtió para amplios sectores de colombianos en la personificación del abuso de poder en un país en el que, como el resto de Latinoamérica, existen marcados contrastes sociales y una sensación popular de que las elites están habituadas a actuar con toda impunidad.
La indignación de los ciudadanos creció cuando comenzó a quedar claro que la familia del asesino, que es propietaria de una empresa inmobiliaria y constructora, intentó encubrir el crimen destruyendo pruebas e intentando pasar al delincuente como un enfermo mental.
En medio de una fuerte presión ciudadana, la Fiscalía presentó cargos por ocultamiento de pruebas contra los hermanos del infanticida, Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes según las investigaciones borraron mensajes incriminatorios del teléfono celular del asesino para ocultar evidencia sobre las circunstancias de la muerte de Yuliana Samboní.
La red de relaciones de los Uribe Noguera incluye a Camilo Martínez, hijo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al influyente despacho de abogados, Brigard & Urrutia, donde trabajaba Francisco.
La irritación social frente al crimen, ocurrido el domingo 4 de diciembre; se originó por la generalizada sensación de que luego del asesinato de Yuliana; la familia puso en marcha un operativo; para que no quedara en la impunidad o, cuando menos, para atenuar sus efectos penales.
Francisco Uribe Noguera; localizó a su hermano en un apartamento de soltero antes que la policía; pero en lugar de avisar a los agentes, que ya investigaban el secuestro de Yuliana; permaneció con él por más de una hora con él, para llevarlo a una clínica psiquiátrica; y al final fue rechazado.
Después, lo internó en un hospital cardiovascular por una supuesta sobredosis de cocaína; donde fue capturado por la policía.
La mayoría de los colombianos presume que se intentó fabricar un caso en el que los abogados alegarían demencia temporal de Rafael; para hacerlo aparecer penalmente inimputable.
Pero la presión popular fue tan amplia, con manifestaciones espontáneas en diversos puntos de Bogotá exigiendo justicia; que el asesino acabó por declararse culpable de feminicidio agravado, violación sexual agravada y secuestro.
Las evidencias en su contra eran contundentes; había ADN en las uñas de Yuliana; rastros de sangre, y semen en el cadáver; así como testigos que presenciaron el secuestro.
Había vídeos que lo muestran forcejeando con la niña; cuando la llevó a dos diferentes edificios construidos por la empresa familiar acabaron por hundirlo.
También sus hermanos Francisco y Catalina son acusados por ocultar, supresión y destrucción de material probatorio.
Ambos serán juzgados por esos delitos, por lo que tienen prohibido salir del país, dijo un tribunal de garantías.
La mamá de Yuliana, Nelly; no pudo asistir a la audiencia en la que fue sentenciado Rafael Uribe Noguera; porque ayer martes dio a luz a un bebé que se llamará Julián; en honor a su fallecida hermana.
La sociedad colombiana tiene razones para dudar de que en este caso se haga justicia; hay un 98% de impunidad, el sistema funciona muchísimo menos cuando se trata de personas vinculadas con las élites políticas.
La Fiscalía había solicitado 60 años de cárcel para el asesino; que es la pena máxima contemplada por la legislación colombiana; por lo que luego del fallo anunció que apelará la sentencia.
