El Consejo de la Judicatura Federal interpuso en primera instancia una de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación contra el magistrado suspendido, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, en relación con la posible tramitación indebida y resolución de 12 tocas penales y juicios de amparo, además de la obtención de ingresos distintos a los de su encargo.
Se presentaron ante la Procuraduría General de la República las denuncias correspondientes contra dos integrantes del Poder Judicial de la Federación que podrían haber incurrido en conductas delictivas al detectarse movimientos bancarios inusuales por aproximadamente tres millones de peso en cada caso.
Por su parte, también fue señalado ante la PGR el magistrado Jorge Figueroa Cacho, a quien se atribuyen, luego de una investigación, probables conductas delictivas derivadas de operaciones y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del Estado de Jalisco.
Apenas la semana pasada se anunciaba la conclusión de las indagatorias que, en el caso de Luna Altamirano, iniciaron en 2012 respecto a su actuación al frente del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
La Judicatura federal refirió que las circunstancias de este caso pudieran representar un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a operaciones inmobiliarias.
Por otra parte, la investigación administrativa hacia la declaración patrimonial de Figueroa Cacho, adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con sede en Jalisco, logró identificar 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
Por: Diario.