Averígüelo Vargas. Por: Enrique Vargas Orozco.
Rindieron su cuarto informe los expertos de la CIDH sobre Ayotzinapa.–Destacan que falta autorización para entrevistar a los militares.–Los del GIEI deberían plantear que no pueden modificar radicalmente la versión oficial.–Lucradores sociales los que impiden que los padres acepten la muerte de sus hijos y se resignen.
Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que participaron en los hechos violentos de Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, donde fueron detenidos por la policía municipal de José Luis Abarca y luego entregados a sicarios del grupo delincuencial Guerrero Unidos, los padres de familia rechazaron la versión de la PGR que concluyó que los estudiantes fueron trasladados a Cocula, donde fueron asesinados y luego sus cuerpos incinerados y las cenizas y pequeños huesos esparcidos en el río San Juan, donde desaparecieron.
Los padres de las víctimas y quienes actúan como sus asesores, entre ellos quien se dice vocero de los padres, Felipe de la Cruz, y los dirigentes de Tlachinollan, Abel Barrera y Vidulfo Rosales, que son los que han recibido una serie de beneficios y ganancias de las autoridades y otros grupos externos, rechazaron la versión oficial y decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó integrar un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes el lunes pasado presentaron su cuarto informe sobre las investigaciones realizadas, las que los afectados y “gestores” interesados suponen que podrán echar abajo las conclusiones de la PGR, presentadas por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, ya son cuatro informes los que presentan esos expertos, que efectivamente trabajan para encontrar la verdad de ese caso de grave violación de derechos humanos, que trascendió a la opinión pública mundial.
Si se analizan las “pre-conclusiones” presentadas hasta este lunes, se advierte claramente que no existe ninguna información o evidencia que contradiga fundamentalmente la versión difundida por la PGR a principios del año.
DESTACAN QUE FALTA AUTORIZACIÓN PARA ENTREVISTAR A LOS MILITARES.–Los integrantes de la GIEI no niegan de ninguna manera que los normalistas hayan sido ejecutados, incinerados y sus cenizas lanzadas al río, sino que únicamente van sobre detalles colaterales, como el hecho de insistir en interrogar a los militares del 27 Batallón radicado en Iguala, para obtener la información de cómo y hasta que nivel tuvieron alguna intervención, que todo indica fue sin tener ningún trato directo de trascendencia con los normalistas, aunque se sabe que los vieron y fotografiaron cuando estaban en el hospital, pero ni los detuvieron ni se los entregaron a nadie, y que a eso se limita la información que se obtiene hasta ahora y que difícilmente podría cambiar.
Insisten los expertos en que necesitan esas entrevistas para obtener la información de los militares sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado, aunque hasta ahora el gobierno federal no ha dado respuesta positiva a esa demanda, porque seguramente se tiene la información de que la intervención de los uniformados fue muy limitada y no disponen de más elementos, aunque los imvestigadores siguen en espera de que se les conceda la autorización de hablar con los integrantes del 27 batallón.
LOS DEL GIEI DEBERÍAN PLANTEAR QUE NO PUEDEN MODIFICAR RADICALMENTE LA VERSIÓN OFICIAL.–El reclamo fundamental de los padres de familia ha sido: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Con base en ese reclamo fue que se demandó la intervención de la CIDH, por la falta de confianza en las autoridades del país y del estado, cuyas versiones rechazaron, pero en los cuatro meses que lleva de investigación la comisión especial, no han planteado en ningún momento que los normalistas pudieran estar con vida y que exista la posibilidad de localizarlos y rescatarlos.
Esa hipótesis no existe en los planteamientos de los expertos, quienes trabajan sobre las investigaciones que concluyen que los 43 fueron sacrificados en Cocula e incinerados. Sólo buscar esclarecer en detalles cómo ocurrió eso.
Los investigadores aceptados por el gobierno mexicano, deberían partir de la base de que los muchachos están muertos y que lo que ellos realizan es una investigación de la forma en que fueron privados de la vida, quemados y lanzados sus restos al rio, así como la participación y responsabilidad que le corresponde a cada uno de los involucrados, desde José Luis Abarca y su mujer, los policías municipales de Iguala y de Cocula, los integrantes del cártel Guerreros Unidos y la de los militares, que, todo indica, tuvieron un contacto muy limitado con los después desaparecidos.
Esa debería ser la premisa básica de la investigación, porque al no puntualizar completamente que la muerte de los normalistas es el punto de partida de su investigación, provoca falsas expectativas entre los padres de familia, en el sentido de que podrían ser encontrados con vida, los que desgraciadamente no puede ocurrir.
LOS PADRES NO HAN PODIDO llegar a la aceptación de la muerte de sus hijos porque han sido manipulados por el vocero farsante Felipe de la Cruz y los tlachinollos, Abel Barrera y Vidulfo Rosales, quienes han mantenido la esperanza de los padres de encontrar a sus hijos con vida, porque eso les representa a ellos ganancias, privilegios y hasta viajes gratis por el mundo.
Puede verse que los arriba señalados se han beneficiado personalmente de la desgracia de los ayotzinapos, por lo que son señalados de ser “lucradores sociales”, porque hacen de esos falsos liderazgos y asesorías de beneficios, su “modus vivendi”, que les resultan muy lucrativas, porque de gratis no lo iban a hacer.
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CIDH rindió su 4o. informe sobre Ayotzinapa
