Juez mexicano ordenó liberar a 4 militares del caso Tlatlaya

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Juez mexicano ordenó liberar a 4 militares del caso Tlatlaya
México, 5 de octubre de 2015.- Juez mexicano ordenó liberar a cuatro militares implicados en la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014, confirmaron hoy a Efe fue
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El vació legal de las fuerzas armadas.

Día con día. Por: Héctor Aguilar Camín.

El vació legal de las fuerzas armadas.

Cuando la guerra contra el narco del sexenio pasado mostró su carácter difuso y resistente a la vez, cuando la violencia disuasiva de las fuerzas armadas no solo no aplacó la violencia criminal, sino la extendió a nuevos frentes, los militares empezaron a entender que la intervención excepcional que les ordenaban iba a volverse rutinaria, lo mismo que sus choques con las bandas, los enfrentamientos, las bajas y los excesos de la guerra.

Empezaron entonces a plantear lo mismo que hoy plantea el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos: un marco legal que los protegiera de riesgos institucionales y legales en su actuación extraordinaria frente a situaciones extraordinarias.

El general Cienfuegos lo ha dicho así: “El artículo 89, fracción sexta, de la Constitución habla del derecho y la obligación que tiene el Presidente de la República para garantizar la seguridad interior empleando a las fuerzas armadas.

Lo que creo es que hay un vacío importante, pues del artículo de la Constitución hacia abajo no encontramos ninguna ley reglamentaria. No hay nada que diga cómo deben actuar las fuerzas armadas, hasta dónde, en qué lugar, en qué tiempo. Creo que hace falta llenar ese vacío. Me parece que tendría que pensarse en una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional, que son los dos conceptos que maneja el artículo 89” (El Universal, 29/6/ 2015).

En el año 2009 el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un  proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Su núcleo era precisamente el concepto de “seguridad interior”.

Establecía procedimientos para que el Presidente pudiera declarar en cualquier parte de la República un “estado de afectación de la seguridad interior”, autorizando las “acciones necesarias” para contenerlo.

En los medios y en la oposición se registró este proyecto como la posibilidad de declarar un estado de sitio. Nunca se aprobó.

Las fuerzas armadas han seguido actuando en el vacío legal, pero ahora expuestas a los criterios de la justicia civil, pues el año pasado se redujo el fuero militar.

Los delitos cometidos por militares en servicio contra civiles han dejado de ser exclusivos de los tribunales castrenses y se juzgan hoy también, como el caso Tlatlaya, en tribunales civiles.

Doble pinza judicial.

hector.aguilarcamin@milenio.com

El vació legal de las fuerzas armadas.

Las amenazas del general

Estrictamente personal. Por: Raymundo Riva Palacio.

Las amenazas del general

Perdida en la parte final de una larga entrevista con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, aparece una advertencia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la clase política y a la sociedad:

“¿A quién le conviene un Ejército que no obedezca? ¿A quién le conviene un Ejército que no tenga disciplina? ¿A quién le conviene un Ejército que no esté entregado a su país?”.

Las palabras del general reflejan por primera vez la molestia del alto mando y de generales retirados, que en diciembre le reclamaron que el Ejército estaba sometido a una campaña de desprestigio, y que los había abandonado el Ejecutivo al permitir que fueran juzgados en tribunales civiles. Todo, increparon, con su aceptación.

La entrevista publicada en El Universal, es una rara introspección a la mente de un secretario de la Defensa, que refleja asimismo su molestia con el gobierno y con la clase política.

Criticó al gobierno que quiere que los soldados hagan tareas que le corresponden a la policía –“no es el papel real que deba de cumplir un Ejército respecto de la seguridad interior”-, sin dar el apoyo presupuestal para crecer al Ejército.

Sobre la clase política, la inacción para legislar en materia de seguridad interna y defensa nacional. “Si Vamos a utilizar las Fuerzas Armadas”, agregó de manera pragmática, “(usémoslas) para poner orden, no para ver si pondremos orden”.

Fue cáustico el secretario, aunque usó las palabras con cuidado. A lo que se refiere es a la dicotomía de los políticos.

“Pondremos el orden”, como lo fraseó, dirige el pensamiento hacia los eternos temores de que si los soldados salen a la calle a poner orden y lo hacen con eficacia, entonces ¿por qué no de una vez por todas toman el poder?

El miedo al golpe de Estado ha girado en la cabeza de los políticos desde que se crearon las instituciones en el segundo cuarto del siglo pasado para que los conflictos se resolvieran por la vía pacífica, no por la vía armada, como sucedió en la Revolución.

El gobierno, más que los políticos, ha sugerido generales retirados, no está del lado del Ejército e, incluso, los ha traicionado.

El quiebre de su respeto hacia el Ejecutivo se dio con la forma como se procesó el Caso Tlatlaya en junio del año pasado, donde se acusó a ocho soldados de haber matado a 22 personas, vinculados algunos con bandas de secuestradores, que los atacaron con armas de uso exclusivo del Ejército.

El entonces procurador Jesús Murillo Karam, dijo que los soldados habían “ejecutado” a los 22, que motivó una protesta en Los Pinos del general, con lo cual se borró ese verbo del lenguaje oficial. Debido a que el Congreso retiró amplias restricciones al fuero militar, fueron consignados a la autoridad civil. El testimonio por el cual los inculparon fue de la madre de la novia de uno de los abatidos, que después se desdijo. Un año después del incidente, ni siquiera ha empezado el juicio.

Pero Tlatlaya se convirtió en la piedra angular de las críticas al Ejército, que ha llevado al general secretario a afirmar que hay una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. ¿De dónde vienen esos ataques?, le preguntó el reportero de El Universal.

“Me encantaría saber de dónde vienen”, respondió. “Pero el efecto está ahí, lo vemos en algunos medios, algunas organizaciones que consideran que el Ejército no está haciendo su tarea adecuadamente, o que ha afectado a la ciudadanía.

Mi percepción es que efectivamente hay quienes están interesados en desprestigiar a las Fuerzas Armadas y lo hacen a través de los medios”.

¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para compensarlos? Dinero y discursos laudatorios. Nada más. El Ejército está solo. El gobierno, reclamaron los generales en diciembre al secretario de la Defensa, no los defiende.

El general Cienfuegos contuvo en aquel momento las críticas hacia su persona, y las imputaciones al Ejecutivo.

Las tensiones eran fuertes pero neutralizó en aquel momento quizás con la expectativa que las cosas cambiarían. No fue así.

En la entrevista se queja de la falta de leyes, de la anulación del fuero militar, de la PGR que no ha hecho nada ante las denuncias sobre quienes presumen responsables de la campaña de desprestigio, del abandono en el que, en términos reales, tienen a los militares.

Eliminar el fuero militar, dijo, fue un error, “porque están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa que si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos.

Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir”.

Ese es el fondo del argumento del general secretario. Si lo que sucede ante la falta de leyes y abandono del gobierno lleva al dilema y el soldado decide por bajar los brazos, ¿quién resultará afectado?

El Ejército tiene presente 1968, cuando errores políticos hicieron que se ensangrentaran las manos, que es una mancha que no se han podido quitar.

Lo que dijo el general secretario es que ya llegaron al punto, desde la tropa, los mandos, los generales y él, que esto ya no es posible. Externalizar el enojo interno es el primer paso. El segundo, no respondido, es cuánto más tolerarán la situación en la que se encuentran.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Las amenazas del general

México: impunidad y corrupción tras caso Tlatlaya y normalistas; EU

México: impunidad y corrupción tras caso Tlatlaya y normalistas; EU

Ciudad de México, 27 de junio de 2015.- México deriva de los problemas serios, ante los abusos y la corrupción, como son los casos de la presunta ejecución de civiles en Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También, le adhieren cientos de detenciones arbitrarias denunciadas a causa de los organismos autónomos y organizaciones civil que refleja la impunidad.

La administración de Barack Obama hace un recuento de hechos ocurridos en México durante 2014, sobre las conclusiones incluidas en el reporte sobre los derechos humanos en el mundo publicado esta semana por el Departamento de Estado estadounidense.

Uno de los principales problemas está relacionado con los derechos humanos, incluyendo la participación de policías y militares en abusos serios, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y abuso físico.

La impunidad y la corrupción permanecen como problemas serios, particularmente en los niveles (de gobierno) estatal y local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial, precisó el documento.

La primera parte del texto advierte de los numerosos reportes sobre el involucramiento de funcionarios en la muerte de civiles, y cita como ejemplo el caso Tlatlaya, en el que presuntamente soldados ejecutaron a 22 ciudadanos en ese municipio del Estado de México, en junio del año pasado.

Han sido criticadas la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, en el mes de septiembre. Señaló México: este crimen fue cometido por policías municipales ligados con narcotraficantes.

Fueron ellos quienes entregaron a los estudiantes a un cártel para que éste luego los asesinara y quemara sus cuerpos calcinándolos a un grado que no pudieran ser reconocidos.

Otras situaciones denunciadas son las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas que son arrestadas.

El compromiso que México tiene en protección de los derechos humanos en nuestro país y Estado en reconocer los retos actuales y reafirma su voluntad de continuar intensificando sus esfuerzos para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales, finalizó.

México: impunidad y corrupción tras caso Tlatlaya y normalistas; EU