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julio 07, 2015

El vació legal de las fuerzas armadas.

Día con día. Por: Héctor Aguilar Camín.


El vació legal de las fuerzas armadas.


Cuando la guerra contra el narco del sexenio pasado mostró su carácter difuso y resistente a la vez, cuando la violencia disuasiva de las fuerzas armadas no solo no aplacó la violencia criminal, sino la extendió a nuevos frentes, los militares empezaron a entender que la intervención excepcional que les ordenaban iba a volverse rutinaria, lo mismo que sus choques con las bandas, los enfrentamientos, las bajas y los excesos de la guerra.


Empezaron entonces a plantear lo mismo que hoy plantea el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos: un marco legal que los protegiera de riesgos institucionales y legales en su actuación extraordinaria frente a situaciones extraordinarias.


El general Cienfuegos lo ha dicho así: “El artículo 89, fracción sexta, de la Constitución habla del derecho y la obligación que tiene el Presidente de la República para garantizar la seguridad interior empleando a las fuerzas armadas.


Lo que creo es que hay un vacío importante, pues del artículo de la Constitución hacia abajo no encontramos ninguna ley reglamentaria. No hay nada que diga cómo deben actuar las fuerzas armadas, hasta dónde, en qué lugar, en qué tiempo. Creo que hace falta llenar ese vacío. Me parece que tendría que pensarse en una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional, que son los dos conceptos que maneja el artículo 89” (El Universal, 29/6/ 2015).


En el año 2009 el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un  proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Su núcleo era precisamente el concepto de “seguridad interior”.


Establecía procedimientos para que el Presidente pudiera declarar en cualquier parte de la República un “estado de afectación de la seguridad interior”, autorizando las “acciones necesarias” para contenerlo.


En los medios y en la oposición se registró este proyecto como la posibilidad de declarar un estado de sitio. Nunca se aprobó.


Las fuerzas armadas han seguido actuando en el vacío legal, pero ahora expuestas a los criterios de la justicia civil, pues el año pasado se redujo el fuero militar.


Los delitos cometidos por militares en servicio contra civiles han dejado de ser exclusivos de los tribunales castrenses y se juzgan hoy también, como el caso Tlatlaya, en tribunales civiles.


Doble pinza judicial.


hector.aguilarcamin@milenio.com



El vació legal de las fuerzas armadas.

julio 06, 2015

La guerra no declarada y las fuerzas armadas

Día con día. Por: Héctor Aguilar Camín.


La guerra no declarada y las fuerzas armadas


Las fuerzas armadas de México empiezan a pagar las consecuencias legales, morales y de opinión pública de haber participado en una guerra que no les correspondía librar: el capítulo mexicano de la guerra contra las drogas, impuesta al mundo por Estados Unidos.


Se trató y se trata de una guerra atípica, no declarada legalmente y sin un objetivo claro desde el punto de vista militar. Una guerra nacida en lo fundamental de un error de juicio.


El error de juicio fue convertir un agudo problema de seguridad pública, que era la proliferación criminal de las bandas del narcotráfico, en un problema de seguridad nacional, para el que debían emplearse las fuerzas armadas.


En el año 2007 el gobierno del presidente Felipe Calderón empezó a echar mano del Ejército para operativos de ocupación territorial y disuasión violenta de estos  grupos, en la esperanza de una rápida contención.


Lo creyó entonces el Presidente y lo creímos muchos, pero no resultó así: la contención fue lenta y casuística, la guerra dura hasta hoy.


Los operativos militares de 2007 fueron el inicio de una espiral de violencia que le ha costado al país cerca de 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos, cifras cercanas a los 112 mil civiles muertos en Irak durante la segunda Guerra del Golfo (2002).


A su manera, México ha vivido una guerra civil: entre las bandas del crimen organizado, origen del mayor número de bajas, y entre estas bandas y las fuerzas de seguridad del Estado.


El Ejército y la Marina participaron en esa guerra en medio de un vacío legal. Asumieron tareas de seguridad pública para las que no estaban preparadas como instituciones, ni autorizadas expresamente por la ley.


Cumplieron tareas policiacas con métodos militares. La diferencia entre unas y otros quizá pueda resumirse del siguiente modo: la policía busca detener al delincuente, el Ejército busca abatir al enemigo.


Los excesos en el ejercicio de este último criterio, tienen hoy al Ejército en el principio de una tormenta de opinión pública, nacional e internacional, por violación de derechos humanos.


hector.aguilarcamin@milenio.com


www.lopezdoriga.com



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