El gobierno morenovallista se rindió a la evidencia de los abusos y cobros excesivos de Concesiones Integrales, empresa a la que entregó la privatización del agua por 30 años, y para minimizar costos ante la clausura llevada a cabo por Profeco determinó cancelar las boletas de pago entregadas durante junio y emitir nuevas con cuotas “justas”, calculando el consumo de los dos primeros bimestres del año.
La presión mediática y social generada con la clausura realizada por Profeco provocó la intervención directa del gobernador Rafael Moreno Valle, pese a que un día antes el grupo parlamentario del PAN, así como la Secretaría General de Gobierno y la de Finanzas y Administración, habían determinado que no había irregularidades y las tarifas eran justas “porque beneficiaban a los estratos económicos bajos”.
La administración morenovallista minimizó en un inicio la suspensión que concretó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las oficinas centrales de la firma el miércoles pasado,tras recibir denuncias de usuarios por cobros exagerados, ya que a través del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, se sostuvo que los sellos que fueron colocados no se debieron por irregularidades en las tarifas, sino porque la lista no estaba a la vista de los consumidores.
Pero un día después, en una reunión de trabajo para evaluar la situación de la concesionaria, el mandatario local no únicamente ordenó corregir las boletas de cobro, sino también designó a Gustavo Gaytán Alcaraz como encargado de despacho del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, con el fin de vigilar que la firma cumpla con el contrato.
Aunque no se aclaró si la compañía solventó las observaciones, en la mañana del sábado, personal de la Procuraduría Federal del Consumidor retiró los sellos que fueron colocados en Concesiones Integrales la semana anterior, por lo que las actividades se reanudaron.
Sin cambios en esquema de cuota fija
La “reparación del daño” únicamente se concretará para aquellos que están dentro del servicio medido, ya que para quienes pagan en el esquema de cuota fija no hay cambios, además las boletas que ya fueron emitidas quedan vigentes, ya que según la administración estatal “no presentan inconsistencias”.
En el comunicado que mandó el gobierno del estado el viernes pasado, informó que todas las boletas del servicio medido que tengan fecha de emisión de julio de 2014, se distribuirán con un monto rectificado, “reconociendo los pagos que hubieran realizado hasta la fecha los usuarios, por lo que es previsible que algunas boletas resulten con saldo a favor”.
Como medida adicional se instruyó que no se suspenda el suministro de agua por falta de pagos, ni multas ni recargos hasta el 31 de agosto de este año, mientras se regulariza la situación.
El 28 de mayo de 2014 se realizó el primer envío de boletas correspondientes a los servicios agua potable, drenaje y saneamiento a cargo del concesionario y en ese mismo mes se modificó el sistema de cobro de una frecuencia bimensual, a una mensual y la aplicación de un nuevo esquema tarifario, por lo que la boleta correspondiente incluyó servicios prestados por SOAPAP y también servicios prestados por la empresa.
Gobierna justifica
En el mismo documento, el gobierno morenovallista justificó del por qué se está dando esta situación y recordó que se está en una etapa de transición en el que el SOAPAP deja de ser el administrador y pasa en manos de Concesiones Integrales, por lo que implica ajustes en los procesos y sistemas informáticos, administrativos, operativos y comerciales, “siendo en el marco de esta etapa que se detectaron inconsistencias”.
Agregó que la compañía está obligada a realizar en los próximo cinco años una inversión 3 mil 864 millones de pesos en infraestructura hídrica y saneamiento de la red con el fin de garantizar buen servicio.
