El efecto Trump

El efecto Trump

Trump

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

  

[caption id="attachment_13309" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Ni duda cabe que Donald Trump cumplirá sus amenazas contra el pueblo mexicano. De hecho, ya comenzó a cumplirlas al obligar a las empresas automotrices a repatriar capitales a la Unión Americana, con excepción de la alemana BMW que no se dejó intimidar.

   Resultará por lo menos interesante ver qué hará Trump los próximos meses en tres campos prioritarios: política migratoria, comercio bilateral y política de defensa, cuestiones fundamentales para la vida pública, la economía y la seguridad transfronteriza de México.

   Por lo pronto, ya comenzó a darse cuenta de que dentro y fuera de los Estados Unidos núcleos importantes de población le mostraron el puño para dejar en claro el disenso social en temas que lastimaron la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres.

   Fue sorprendente y motivador observar la Marcha de las Mujeres que congregó a más de medio millón de personas en la capital norteamericana, con un claro mensaje de repudio a las posturas irracionales de esta mala copia de Hitler.

El problema

   El problema es que este personaje -cuyas posturas serían hilarantes si no fuera el presidente del país más guerrerista del mundo- es una expresión de un amplio sector de la sociedad estadunidense que se caracteriza por sus posturas xenófobas, ignorantes y rabiosas. Ese es el verdadero problema, la sociedad conservadora que lo respalda.

   En principio, la postura oficial de Trump y de su gobierno es por la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una decisión que tendría graves repercusiones tanto para la economía mexicana como para un sector de la economía de ese país, que tendría pérdidas multimillonarias.

   Algunos especialistas en economía ya advirtieron que las políticas anunciadas por el magnate son inviables y contradictorias, lo que le generará un impacto contrario a lo que este sujeto pretende alcanzar.

   En materia de política migratoria, ya anunció que probablemente unos tres millones de migrantes que residen en aquel país serían deportados en los primeros meses de su administración, comenzando por quienes tengan antecedentes penales.

   El gran enigma serían las decisiones que tomará en materia de defensa, armamentismo, asesoría militar y combate a las drogas. Porque lo que ha anunciado con bufonadas no son más que ademanes propagandísticos. Habrá que ver qué decisiones reales tomará en términos de política de defensa.

Milicia Norteamericana

   Esto es, ¿cuál será el trato para la milicia norteamericana? ¿Proseguirá con sus afanes expansionistas? ¿Cancelará su colaboración militar con México, aunque todo parece indicar que sí? ¿Dará cauce o cancelará el modelo persecutorio contra las drogas? ¿Develará los lazos invisibles entre la industria armamentista y los poderes fácticos, tan corruptos allá como acá? ¿Dará a conocer los tratos que han existido entre los políticos mexicanos y los capos de las drogas? ¿Dará respaldo a las agencias de espionaje como la NSA, CIA, DEA y toda esa zoología fantástica? ¿Intervendrá en otros países?

   En todo caso, el gobierno mexicano deberá prepararse para atender nuevas contingencias derivadas de las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump, como deberá hacerlo también para prever un eventual cierre de fronteras, como ocurrió en 1984 cuando los barones de la droga, en aparente colusión con personajes del establishment, dieron muerte a Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en Guadalajara. Bastó un par de días de que el gobierno norteamericano cerró la  frontera con México para hacer tambalear al gobierno de Miguel de la Madrid.

   Contrario a la expectativa, la administración de Peña Nieto se ha deshecho en inflexiones ante el poder imperial con la estúpida esperanza de que la élite norteamericana actuará con indulgencia, cuando la historia los ha mostrado tal cual son: una potencia depredadora que no les importa atacar a gobiernos democráticos para alcanzar sus fines, que casi siempre son la expoliación más que la seguridad hemisférica.

Arribo a la Casa Blanca

   Con el arribo de este sujeto a la Casa Blanca, una nueva era se abre ante los mexicanos, que deberán hacer gala de entereza y creatividad para crecer hacia dentro, generando los empleos necesarios para afrontar la crisis que se avecina.

   Para el efecto, el gobierno y el Congreso deben dar marcha atrás a las reformas estructurales, especialmente a la energética, que nos despojó del petróleo para entregárselo a las transnacionales, que en realidad son el verdadero enemigo de México.

Una eventual cancelación del TLCAN obligará al gobierno mexicano a tomar medidas para apuntalar la economía desde adentro.

   El mercado depredador, no tanto los gobiernos como el norteamericano, constituye la verdadera amenaza para la economía y la salud de la sociedad mexicana, tan lastimada por la banda de apátridas que han estado en el poder los últimos 30 años.

   Si fuera posible, las bravuconadas de Trump podrían conducirnos a conocer la verdad de los tratos secretos de las élites mexicanas y estadunidenses, incluidos los poderes fácticos,

tras lo cual los mexicanos tendrán que afrontar su verdadero destino. Que no es el Destino Manifiesto, desde luego.

Sucesión adelantada

Sucesión adelantada

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_75218" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Como ya lo habíamos comentado en anteriores entregas, los partidos políticos se preparan para competir por la alcaldía de Acapulco, la joya de la corona en el poder público del estado de Guerrero.

Si antes lo habían negado reiteradamente, ahora es claro que los diferentes grupos políticos hacen los aprestos necesarios para acceder al poder que actualmente está en manos del joven munícipe Evodio Velázquez. Ello, cuando apenas se cumplió el primer año de la actual administración municipal.

En esa adelantada pretensión, algunos aspirantes incurren incluso en actitudes bufonescas con tal de alcanzar notoriedad mediática, como es el caso de Ángel Aguirre Herrera que hace unos días se alcanzó la puntada, propia de un histrión de poca monta, de decir que Evodio accedió a la alcaldía gracias a su trabajo político previo. Sí, cómo no.

Más tarde, ese mismo sujeto hizo publicar una encuesta elaborada por un catedrático de la universidad donde supuestamente figura ¡ja! en primer lugar entre las preferencias ciudadanas por la alcaldía de Acapulco.

El autoengaño y la autocomplacencia a todo lo que da. Este pretenso novato se afana en ignorar que todo su peso político proviene de su padre, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien efectivamente ha trabajado en construir los consensos necesarios para que sea su hijo el candidato de una alianza de diversos partidos políticos, de izquierda y derecha, aunque a estas alturas ya nadie sabría diferenciarlos.

Para información de este joven imberbe, otra encuesta de mayor credibilidad sitúa a Rubén Figueroa Smutny en el primer lugar de las preferencias por la alcaldía. En esta otra medición, Aguirre Herrera y Julieta Fernández aparecen con muy baja aceptación. Una lectura arbitraria de estos resultados se traduciría en que aguirrismo y añorvismo van a la baja.

En el tricolor un Fermín Alvarado redivivo ha hecho lo propio con muchos mejores resultados en términos de la construcción de consensos, promoviendo una serie de actos de cuidado a la salud de las mujeres, concientización sobre el autocuidaedo de la diabetes, agrupamiento de jóvenes sobre temas de su interés -como la promoción del deporte u oportunidades de empleo, por citar un ejemplo-, así como organización de cuadros para atender problemáticas vecinales. Todo con una perspectiva de interés popular.

Cuestionado por algunos dentro la propia estructura tricolor, Alvarado ha logrado construir un grupo político propio que se desmarcó de las formaciones tradicionales y arrancó el vuelo con objetivos propios, que distan mucho de las ambiciones expresadas por los partidarios de René Juárez o Manuel Añorve.

Así las cosas, la elección de un candidato priista para la alcaldía se antoja un proceso bastante complicado porque nadie parece tener las tablas, o la aceptación, para una competencia de tal naturaleza…a menos que el candidato sea el propio Fermín Alvarado.

En el caso de este partido, antaño dominante en el escenario político nacional, tal parece que la decisión recaerá en la cúpula partidaria cuya decisión final, sin duda alguna,  correrá a cargo del mismísimo presidente Enrique Peña Nieto.

Pero, por ahora, es viable adelantar que ninguno de los operadores políticos del añorvismo podría surgir como candidato oficial, aunque el propio Añorve ya se inscribió como prospecto para el Consejo Político Nacional del PRI. Empero, hasta donde se sabe, fue el propio Peña Nieto quien lo apartó del juego político.

Así pues, es el grupo político figueroista el que volverá por sus fueros en esta nueva puja por el poder, en el entendido de que ésta podría ser la última contienda político-electoral en que se disputará, con un cierto nivel de civilidad, el futuro del estado de Guerrero y, por ende, del puerto de Acapulco.

En Morena a partir del próximo día 20 del mes en curso se conocerán las reglas del juego, a partir de la realización de su Congreso Nacional. Después de ese día, se conocerá la identidad de quien abanderará a esa formación de izquierda para los comicios de 2018. Como ya se había adelantado en este espacio, esa decisión recaerá en un candidato ciudadano cuya identidad pronto se dará a conocer.

Movimiento Ciudadano tendrá que postular a un candidato que esté a la altura de la próxima contienda, pero de su abanico de prospectos sólo Mario Ramos del Carmen reúne la experiencia, empatía e inteligencia para una acometida de tal naturaleza.

Es poco factible que Luis Walton, el dueño de esa franquicia, designe a Ricardo Mejía para ese proceso, dadas las limitaciones que existen en la ley. Si surgiera como candidato otro pretenso, flaco favor le hará Walton a la ciudadanía y a su propio partido.

Los panistas, que todavía se debaten en pleitos judiciales por los homicidios que han ocurrido en su seno, tendrían que postular a algunos de los viejos militantes o pactar una alianza, que parece ser lo que más les conviene.

De hecho, la idea de una alianza de partidos parece permear con suficiencia entre las jerarquías partidarias, que observan las coaliciones como la única posibilidad de acceder al poder con un margen confiable de credibilidad ciudadana. Ello implica no sólo una alianza electoral, sino un co-gobierno a futuro para garantizar un mínimo de estabilidad política a la ciudadanía.

Pero esas alianzas no van a caminar en el sentido que planean algunos caciques políticos -es decir, para su conveniencia personal o familiar-, sino más bien en términos de un interés político general.

Para ejemplificar lo anterior baste decir que un sector mayoritario del Partido de la Revolución Democrática estaría interesado en pactar con Morena, con la adhesión natural de otras formaciones políticas menores. Ello permitiría llevar a la contienda a candidatos más populares, o menos contaminados por la corrupción imperante que ha llevado a muchos liderazgos políticos a pactar con el narco.

Si esto es así, como todo parece indicar, entonces observaremos un proceso político electoral más afecto a los intereses populares, tan lastimados por la violencia criminal que ha enlutado miles de hogares guerrerenses. Sólo el tiempo responderá esta incógnita.

Héctor Astudillo

Héctor Astudillo

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

A Héctor Astudillo algunas personas le han regateado méritos, pero el caso es que se trata del primer gobernador que combate de frente a la delincuencia organizada, lo que de ningún modo es cosa menor.

La delincuencia organizada ha existido siempre, aunque con otros rostros y manifestaciones. En el pasado reciente el crimen organizado simplemente cohabitó con el poder público que, de esta manera, enfocaba sus esfuerzos en regular el tráfico de drogas que generaba jugosos dividendos para las élites del poder.

Así resultaban beneficiadas la élite política, la élite empresarial y la élite financiera, que es la ruta para ocultar y optimizar el dinero del crimen organizado que, tan sólo en el año 2011, generó dividendos por 11 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte interno del Banco de México.

Es decir, a final de cuentas el crimen organizado es parte inherente del sistema político mexicano tanto como otros países identificados como paraísos fiscales. Estamos en presencia, así, de estados nacionales que se nutren del crimen.

En Guerrero, donde se produce al menos la tercera parte de las 24 mil hectáreas sembradas con amapola en todo el país, las diferentes administraciones que han gobernado el estado simplemente se han hecho de la vista gorda cuando se trata de perseguir a la delincuencia organizada

Ninguno de los gobernadores anteriores -ni Rubén Figueroa Alcocer, ni René Juárez Cisneros, ni Zeferino Torreblanca, ni Ángel Aguirre- hicieron algo para combatir al crimen organizado

Por el contrario, en algunos casos hubo inclusive connivencia con poderosas bandas delincuenciales que, de manera subterránea, mantenían el monopolio de los delitos federales, especialmente del narcotráfico aunque también incursionaban en otras tipologías delictivas.

En octubre de 2002, mediante reportes de prensa fue posible conocer detalles del Consejo de Guerra que enderezó la Secretaría de la Defensa Nacional contra dos generales del Ejército a quienes se imputó nexos con cárteles de la droga. Esos generales eran Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, ambos ya fallecidos.

En el proceso penal 2080/2002, en el que la parte acusadora era la Procuraduría General de Justicia Militar, un testigo protegido de nombre Gustavo Tarín Chávez, exoficial del Ejército, relató cómo en los primeros años de la década de los noventa el capo Amado Carrillo Fuentes envió como regalo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer una camioneta blindada, un cargamento de 50 fusiles AK-47, 10 mil cartuchos para arma larga y 5 mil cartuchos para arma corta.

El intermediario era el general Acosta Chaparro, quien sin embargo se apropió del envío, del que el mandatario estatal no se enteró hasta años más tarde, en 1995, cuando Figueroa sostuvo una entrevista con Carrillo Fuentes en el hotel El Presidente del puerto de Acapulco.

Según el testimonio del exmilitar, el engaño quedó al descubierto cuando el capo Carrillo Fuentes -que entonces era el más poderoso barón de las drogas de México-, le preguntó a Figueroa si le había gustado su regalo. Ello obligó a Acosta Chaparro a devolver la camioneta blindada al mandatario, quien le permitió quedarse con el resto del cargamento.

Al margen de los resultados del juicio, que mantuvo un tiempo en una prisión militar al general Acosta Chaparro, este tipo de acuerdos ilustra la simbiosis que ha caracterizado la relación entre los gobiernos en turno y los poderes fácticos. El aspecto positivo de este tipo de acuerdos extralegales es que permitían mantener bajo control las explosiones de violencia que caracterizan a las formaciones criminales, proclives a asesinar ante la menor provocación, siempre bajo el principio de mantener su poder con base en el miedo.

Años después, esta calma chicha se rompió cuando al presidente Felipe Calderón se le ocurrió atacar a los cárteles de la droga para mejorar sus niveles personales de aceptación y confianza entre la población civil.

Empero, Calderón cometió un grave error: comenzó a perseguir a las bandas criminales sin un previo trabajo de inteligencia que le habría permitido direccionar el combate al narcotráfico. Esa decisión fue equivalente a golpear con un mazo un gigantesco panal de avispas.

El resultado de esa política persecutoria, que se convirtió en una guerra absurda, fue la fragmentación de las bandas criminales que, para entonces, ya eran parte de la economía informal y subterránea, con una amplia base social cautiva. Eso es lo que los diferentes gobiernos locales y federales heredaron en todo el país: un conflicto armado irregular en el que los muertos son siempre los pobres.

Con ese escenario, que convirtió al puerto de Acapulco en la ciudad más violenta del país, es con lo que se topó Héctor Astudillo al acceder al poder.

Con todo, en concordancia con el gobierno federal, Astudillo hizo en menos de un año lo que ningún mandatario anterior se había atrevido: capturar y encerrar a los más peligrosos y sanguinarios jefes criminales de uno y otro bando, incluyendo a Clara Elena Laborín, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, a quienes se les imputa el manejo y control de diferentes operaciones ilícitas cuyo denominador común han sido los asesinatos.

Al menos una veintena de mandos criminales han ido a parar a prisión durante el primer año de gobierno de Héctor Astudillo. Se dice fácil, pero…

¿Qué hizo Héctor Astudillo para combatir la violencia?

Con la premisa acción-error-rectificación, el Grupo de Coordinación Guerrero ha aplicado decisiones que paulatinamente han comenzado a arrojar resultados concretos:

• La construcción de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), en la ciudad de Iguala, que conjuga los productos de información e inteligencia criminal de las diferentes dependencias federales y locales involucradas en la persecución del delito.


• La sustitución total del personal a cargo de las cámaras de vigilancia, que muchas veces rendían informes a la delincuencia antes que a las corporaciones de seguridad. Ese personal fue sustituido por efectivos militares capacitados para tal fin.


• Compartimiento de la información, de modo que las operaciones de seguimiento se mantuvieron en absoluta secrecía, sólo conocidas por el mando superior en la Secretaría de Gobernación.


• Cambio de estrategia en la persecución del delito. Si antes teníamos a personal de la Policía Federal que se dedicaba al patrullaje disuasivo, ahora la estrategia anticrimen pasó a la etapa de la inteligencia operativa, que comenzó a identificar a los criminales más peligrosos para proceder en su contra.


• Adicionalmente, el gobernador Astudillo ha concertado inversiones de nueva infraestructura turística en Acapulco por más de un mil millones de dólares, en términos globales, con lo cual se generarán al menos unos 5 mil empleos directos en el sector turístico del puerto, sin descuidar otros polos de desarrollo.

Los resultados se comenzaron a notar en este mes de septiembre que recién terminó, cuando el índice de homicidios intencionales bajó un 32.5 por ciento en todo el estado, pero en el puerto de Acapulco decreció un 54 por ciento. ¿Acaso no ha sido meritorio el esfuerzo de este gobernador?

Es de elemental justicia que, al cumplirse el primer año de su gestión, se le reconozca su convicción para combatir la violencia y traer de regreso la gobernabilidad democrática al estado de Guerrero. Aunque falta mucho por hacer, es un buen principio.

Desde la sociedad

Desde la sociedad

Sociedad

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_7905" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Desde ya, los partidos políticos hacen aprestos para lanzar su respectiva ofensiva electoral con el fin de, para la próxima contienda de 2018, apropiarse de la joya de la corona que es Acapulco.

Aún no se cumplía el primer aniversario del mandato de los alcaldes en los 81 municipios cuando las dirigencias partidarias comenzaron a mover sus piezas de ajedrez con el fin de colocar a sus operadores más calificados en los puestos clave. De ese tamaño es la preocupación de los partidos políticos para acceder al poder, especialmente en el caso de Acapulco.

Sin embargo, a diferencia de todos los comicios anteriores, en esta ocasión se perfila una mayor participación de los diferentes estratos de una sociedad que, según todos los indicios, arribó a niveles insoportables de hartazgo y rechazo de la conducta viciada de los partidos políticos, que una y otra vez han defraudado a la población.

Es claro que, nunca como ahora, los sectores populares participarán activamente en un proceso electoral que se vislumbra de pronóstico reservado, dada la impudicia de las dirigencias partidarias que se muestran como lo que son: mercaderes de la voluntad popular.

En el tricolor la designación de Fermín Alvarado Arroyo no parece responder a los intereses del grupo añorvista, como algunos inferían, sino más bien a un interés más institucional por arrebatar la alcaldía más importante del estado de Guerrero al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ese interés parece tener su origen en las decisiones del propio gobernador Héctor Astudillo.

Algunos intuían que Alvarado Arroyo simplemente trabajaría para instalar en la candidatura a Julieta Fernández, pero no parece ser así. Hasta el momento no existe en el horizonte un perfil idóneo para la candidatura tricolor, más que el propio Fermín Alvarado, quien cuenta con toda las tablas para alcanzar un objetivo de esa naturaleza, que ha sido su aspiración de toda la vida.

En el PRD la lógica indica que Evodio Velázquez tendría interés en repetir en el cargo dadas las responsabilidades que le ha tocado enfrentar, que necesitarán de un periodo de gracia para ofrecer resultados. Sin embargo, difícilmente lo dejarán reelegirse sus propios compañeros de partido.

Más bien, la dirigencia perredista parece estar en la lógica de las alianzas, necesarias para estar en condiciones de conservar la Presidencia Municipal de Acapulco, tan codiciada por todos, aunque en el camino parece que se encontrarán con las aspiraciones de Ángel Aguirre junior, quien busca desesperadamente un asidero para regresar a la arena partidaria.

En Movimiento Ciudadano (PMC), como ya se sabe, las decisiones recaen en una convención de un solo hombre, Luis Walton, quien con seguridad instalará en la candidatura a Ricardo Mejía Berdeja, su combativo alfil, que en su encomienda topará con el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.

La decisión de los panistas no tendrá mayor trascendencia pues parecen no contar con  candidatos con un perfil suficiente para competir por la alcaldía de Acapulco, de modo que sólo les queda sumarse a una eventual alianza electoral en la que puedan pescar a río revuelto.

Es en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde las cosas evolucionaron en términos espectaculares, con todo y el perfil controversial de su dirigente Andrés Manuel López Obrador, quien viene con todo por Acapulco.

Con un perfil social que lo define como un partido político de los pobres y para los pobres -aunque ello no impide a AMLO coquetear con las élites-, Morena ha tenido un crecimiento singular en sus dos años de existencia.

En 2015 ese partido político de izquierda ganó 18 de las 40 diputaciones locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora de la ciudad de México), así como 5 de las 18 delegaciones administrativas, entre ellas la céntrica y populosa Delegación Cuauhtémoc.

En las pasadas elecciones de junio la votación de Morena alcanzó el segundo lugar en Oaxaca y Zacatecas, así como el tercer lugar en Veracruz, donde antes no tenía presencia electoral. Su votación en la ciudad de México superó en cuantía inclusive a la del PRD.

La presencia de Morena, pues, ha tenido un incremento exponencial en apenas dos años, lo que amenaza la existencia misma del PRD, por lo cual se le considera como el  partido de izquierda con el mejor desempeño en México.

Revelaciones confiables apuntan a que López Obrador buscará arrebatar al PRD la alcaldía del puerto de Acapulco, donde piensa enviar a algunos de sus mejores cuadros con un candidato cuya característica fundamental radica en su origen: deberá surgir de las filas de la sociedad, no de los partidos políticos.

Será, pues, un candidato eminentemente ciudadano quien enarbolará las banderas de Morena para ofrecer a la sociedad porteña precisamente eso: soluciones que emanen de la comunidad.

Así las cosas, la disputa por Acapulco se centrará entre dos partidos: el PRI y Morena, que además portará tras  de sí a la sociedad misma tanto como a un amplio sector de la izquierda social.  ¿Alguien duda sobre cuál será el resultado?

Los jóvenes perdidos

Los jóvenes perdidos

Jóvenes

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_70532" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Al cumplirse dos años del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, queda más que claro que los jóvenes estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula, como preconizaba la versión oficial.

El investigador español José Torero, especialista en comportamiento del fuego, en días pasados llevó a cabo un experimento en el campus Gatton de la Universidad de Quennsland, Australia.

Torero, quien coadyuvó con los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, quemó el cuerpo de un cerdo de 70 kilogramos utilizando 630 kilos de madera. El resultado: cuando el fuego se consumió aún quedó el 10 por ciento de los restos de la carne.

Torero sostiene que para quemar 43 cuerpos humanos se habrían necesitado más de 27 mil kilos de madera y, aún así, habría subsistido un resto de material orgánico. Además, un fuego tan intenso habría dejado marcas en el tronco de los árboles más cercanos. No había marcas en los árboles cuando Torero visitó el basurero de Cocula.

A los resultados de este experimento habrá que agregar que, la noche de los ataques contra los jóvenes de Ayotzinapa, hubo una lluvia intensa en la región de Iguala y Cocula, lo que habría hecho materialmente imposible encender y mantener una pira de gran dimensión para quemar los cuerpos de los jóvenes estudiantes.

Pero entonces ¿qué fue lo que sucedió esa noche en Iguala con los muchachos de Ayotzinapa?

En anterior entrega observábamos que para capturar a todos los jóvenes que corrían por su vida en medio de una noche lluviosa, se habría necesitado al menos de una fuerza de 150 policías.

Ello induce a pensar que otras fuerzas, además de los encapuchados de negro, se unió a la Policía Preventiva Municipal de Iguala para capturar a la mayor parte de los estudiantes, que bien podrían ser los policías de Cocula y los de Huitzuco.

El informe del GIEI presentado en abril pasado da cuenta de que los teléfonos celulares de algunos de los jóvenes se mantuvieron activos aún después de que en teoría fueron capturados.

El seguimiento de la activación de las antenas permite saber que uno de los jóvenes, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, envió un mensaje de texto a su madre a las 01:16 horas del día 27, cuando se supone que ya estaban en poder de los sicarios.

No sólo eso: el 28 de noviembre de 2014 salen nuevos mensajes de texto de ese número de celular, mismo que se siguió utilizando durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril ya de 2015.

El 9 de febrero de 2015 sale una llamada del mismo celular a otro número propiedad de un familiar de Jorge Aníbal.

Otro de los normalistas, Carlos Iván Ramírez Villarreal, activó la antena de comunicaciones de Villa Guadalupe el día 27 de septiembre de 2014 a las 19:17, cuando se suponía que ya estaría muerto.

Ninguna autoridad ha explicado, hasta ahora, cómo es que se utilizó ese número de teléfono 21 horas después de la detención.

Otro estudiante, Jorge Luis González Parral, por vía del uso de datos envió un mensaje el 30 de septiembre de 2014 a las 18:58, aunque en este caso el chip fue cambiado a otro aparato.

Julio César Patolzin recibió tres llamadas desde Huitzuco a las 22:21, las 23:47 y las 23:56 el día 30 de septiembre. Posteriormente su teléfono registró otras llamadas que fueron captadas por las antenas del centro de Iguala.

Un dato inexplicable es que estos datos nunca fueron utilizados en la investigación oficial enderezada por la Procuraduría General de la República, la PGR de Jesús Murillo, hay que aclarar.

Hay más, en trascendidos confiables que nunca se hicieron públicos, un organismo de inteligencia civil hizo un seguimiento de las actividades de varios de esos celulares en las que captaron palabras de los jóvenes en el sentido de que se encontraban perdidos. Eso ocurrió al menos 15 días después de la fatídica noche del ataque. Posteriormente tres de esos celulares se activaron en el estado de Chiapas.

Ese organismo de inteligencia civil sólo pudo ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Una versión más, que nunca pudo ser confirmada porque las fuentes fueron amenazadas, señala que un joven que tenía el aspecto de uno de los normalistas desaparecidos, llegó en estado lamentable a una comunidad del municipio de Huitzuco. En estado de shock, el joven narró que huyeron por los cerros hasta llegar a la comunidad, pero que un compañero que lo acompañaba se extravió en esas montañas.

Los habitantes de la comunidad, por acuerdo con el comisario, decidieron dar parte a la Policía Municipal de Huitzuco, que procedió a llevarse al joven diciendo que lo internaría en un hospital. Nunca volvieron a verlo.

Ahora sabemos que esa noche de los cuchillos largos estuvieron en operaciones de patrullaje las tropas del 27 Batallón de Infantería, así como la Policía Federal, la Policía del Estado y los grupos de inteligencia acantonados en la región. Todos ellos estuvieron enterados, pero nadie intervino en favor de los perseguidos.

A dos años, es necesario que esta masacre que aclare y se finquen responsabilidades en quienes estén involucrados. Si están involucrados funcionarios públicos de los órdenes estatal y/o federal, deben ser llevados inexcusablemente a los tribunales.

Primero la verdad, después la justicia. Es lo único que coadyuvará a destensar la situación que se vive en Guerrero como una herida que supura, más ahora que antes.

Punto de quiebre: José Antonio Rivera Rosales

Punto de quiebre

Punto de quiebre

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_69882" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

La aprehensión de Clara Elena Laborín, lideresa del cártel Beltrán Leyva, supone un punto de inflexión en el combate a la violencia en el estado de Guerrero.

Este punto de inflexión debe entenderse como un hito en la fenomenología de la violencia causada por el crimen organizado, que con la captura de La Señora pierde a uno de sus más importantes activos, aunque es previsible que pronto surjan nuevas cabezas que buscarán aprovechar el hueco para tomar el control de los grupos criminales que pululan en Acapulco.

La señora Laborín heredó la estructura delincuencial creada por los hermanos Beltrán Leyva tanto en Guerrero como en otros estados del país. Ella tomó el mando de lo que quedaba del antes poderoso cártel a partir de la aprehensión de su esposo, Héctor Beltrán, en octubre de 2014.

Antes de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, esa estructura criminal mantenía una línea de mando piramidal que aplicaba castigos severos a los transgresores de dentro y de fuera, inclusive con la muerte.

Fue el caso, por citar un ejemplo conocido públicamente, de Mario Alberto Pineda, uno de los hombres de mayor confianza del capo, a quien sorprendieron cuando transportaba un cargamento de cuatro millones de dólares de Acapulco a Cuernavaca, producto de asaltos a joyerías y otros negocios, algo prohibidísimo por el llamado Jefe de Jefes.

El cuerpo de El MP, como era conocido Pineda, fue encontrado apretujado en tambos colocados sobre la Autopista del Sol, junto a algunos de sus secuaces. Como se sabe, Pineda era hermano de María de los Ángeles, la ex primera dama de Iguala que, junto a su marido José Luis Abarca, están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así las cosas, la muerte de Arturo Beltrán Leyva provocó la fragmentación de la organización que, en Iguala, tomó el nombre de Guerreros Unidos, en el centro siguió operando con el nombre de Los Rojos, en la parte de La Montaña Baja se manejó como Los Ardillos y en el puerto predominó el llamado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), después de una lucha sangrienta contra La Barredora, lo que generó en 2011 una de las peores crisis de seguridad pública en el puerto que disparó los delitos graves en 374 por ciento, según datos de la Secretaría de Gobernación.

En lo sucesivo la principal característica de los grupos delictivos de la era post Beltrán fue la independencia: ya no rendían cuentas a nadie. Si acaso, mantenían una relación cordial con los sucesivos mandos del cártel por algún residuo de lealtad que aún los cohesionaba.

Todos se mantuvieron en esa tónica salvo los Guerreros Unidos, que se plano se enemistaron con los Beltrán a raíz de los homicidios de los hermanos Pineda, por lo cual crearon un poderoso grupo de sicarios para resguardar su territorio de cualquier incursión armada de parte de los Beltrán Leyva, lo que nunca ocurrió.

Lo que sí ocurrió es el lamentable episodio de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, lo que se orquestó mediante una compleja operación en la que policías federales y militares omitieron actuar, con los resultados ya conocidos.

Después de la fractura del cártel BL, los grupos criminales comenzaron a carecer de dinero y materia prima para su principal actividad, el trasiego de drogas, lo que devino en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento: los secuestros y la extorsión. Así comenzó la escalada extorsiva que hoy mantiene al borde del colapso a la actividad comercial, en especial al pequeño comercio, con su consecuente cauda de muertos.

De acuerdo con fuentes informadas, después de la aprehensión de Héctor Beltrán Leyva su esposa, la señora Laborín, tomó el mando de las operaciones en el puerto de Acapulco, por lo cual entró en conflicto con la estructura local.

Alentados por La Señora, algunos grupos criminales se organizaron para desafiar el predominio del CIDA y recomenzó la nueva era violenta que se hizo patente de manera nítida a partir de enero de este año, cuando arreciaron los atentados causados muchas veces contra gente inocente, sólo para “calentarle” la plaza a los mandos del CIDA.

Uno de los grupos criminales más violentos era el autodenominado Fuerzas Especiales en Defensa de Acapulco (FEDA), responsable de decenas de homicidios cometidos en el puerto entre 2015 y 2016.

Esa guerra privada entre formaciones criminales, en la que han caído muchos inocentes, es lo que estaba enterrando la imagen y economía de Acapulco.

En respuesta, más obligada que por gusto, desde la cúpula gubernamental se fraguó entonces una estrategia para detener a los grupos más violentos, lo que dio pauta para la captura de mandos criminales temibles como David Palma Analco, Fredy del Valle, Juan Carlos Rodríguez y, finalmente, la cabeza visible de esta vorágine sangrienta, la señora Clara Elena Laborín.

Aunque es imprevisible lo que pudiera pasar en lo sucesivo, resulta por lo menos plausible la detención de esta nueva camada de criminales que han hecho de la violencia extrema su bandera, en agravio de la ciudadanía toda.

Esta estrategia anticrimen, basada en silentes operaciones de inteligencia, tiene un operador: el jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, Omar García Harfuch, nieto de Javier García Paniagua, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen unipartidista.

Pareciera que García Harfuch ha logrado cimentar una ardua y silenciosa labor al frente de aquella dependencia, pero deberá concretar nuevas aprehensiones de cabecillas del crimen organizado tanto en Guerrero como en otras partes del país, si es que se quiere consolidar el trabajo gubernamental de combate a la delincuencia, a estas alturas tan necesario especialmente en el puerto de Acapulco, catalogado ya como la ciudad más violenta del país.

Las vidas perdidas no se podrán reponer jamás, pero si la violencia amaina en el puerto, habrá condiciones para reactivar la economía interna y el empleo, tan vulnerados a extremos inadmisibles. Sólo entonces la ciudadanía respirará aliviada.

Una más de federales

Una más de federales

Federales

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_69304" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

La mañana del pasado viernes 9, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) protagonizaron una nueva agresión contra periodistas en el marco de una operación de cateo de las oficinas de Radio Notisur.

Con la prepotencia que los caracteriza, a golpe de mazo los agentes irrumpieron con violencia en las oficinas de la emisora, en el centro de la ciudad de Chilpancingo, desconectaron el equipo de transmisión y pretendieron llevarse detenido al conductor Gamaliel García Barrera, quien en esos momentos terminaba su noticiero matutino.

Cuando los periodistas de Chilpancingo se enteraron del atropello, de inmediato se solidarizaron con el conductor, cuyo único delito era ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión.

La férrea oposición de los compañeros periodistas a que se llevaran detenido al conductor provocó una reacción airada de los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que jalonaron y golpearon a algunos comunicadores, entre ellos a Sergio Ocampo, el corresponsal del diario La Jornada.

No obstante, la postura de defensa de los periodistas -que jamás significaron una amenaza para los agentes federales-, logró que por fin soltaran al conductor Gamaliel García Barrera. Las armas que reporteros y columnistas portaban eran, como siempre, sus cámaras, grabadoras y celulares.

Sin embargo, en medio del jaloneo algunos agentes filmaron el incidente y video grabaron a los reporteros, columnistas y algunos civiles que se opusieron a la detención de Gamaliel García Barrera.

Por ello, es de esperar que la PGR lance un nuevo embate, por el supuesto delito de obstrucción de la justicia o por amotinamiento, ahora contra todos los periodistas que anteponiendo su cuerpo impidieron que se llevaran al conductor.

Si es verdad, como arguyeron los policías, que la emisora 106.3 de FM carece de los permisos respectivos, ello no les da derecho a detener y menos golpear a un periodista que sólo ejercía su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Es menester observar que los agentes dieron trato de delincuentes tanto al conductor como a sus defensores, los periodistas que se solidarizaron, cuando en realidad sólo estaban impidiendo que se cometiera un atropello más contra la libertad de expresión.

En este caso, es claro que estamos ante un burdo pretexto legal para vulnerar la libertad de expresión en el contexto de una nueva embestida del poder público especialmente contra la prensa crítica que, en realidad, representa a un sector de la sociedad guerrerense que dista mucho de alabar la conducta de los gobernantes.

Eric Chavelas y José Julio Hernández Vázquez, dirigentes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), hicieron públicamente responsable al presidente Enrique Peña Nieto, a la titular de la PGR, Arely Gómez, así como a los poderes fácticos interesados en acallar las voces de la prensa crítica, de todo lo que le pueda pasar a Gamaliel García así como a los comunicadores que aquel día asumieron su defensa ante la arbitrariedad y prepotencia con la que se condujeron los agentes federales.

Precisamente un día después de los hechos, la dirigencia nacional del SNRP reunida en pleno en el puerto de Acapulco, encabezada por Fernando Olivas, hizo público un pronunciamiento en el que se exige a las autoridades federales respeto a la libertad de expresión así como una investigación de los hechos en mención.

Hasta ahora las autoridades no han tenido la atingencia de informar porqué pretendían llevarse al conductor García Barrera, cuando en estricto derecho sólo contaban con una orden de cateo del inmueble. Como profesional del derecho, el agente del MPF conoce perfectamente de la jerarquía de la ley, según la cual ninguna norma está por encima de la Constitución General de la República.

Con su actuación, los federales violaron el artículo 6 constitucional así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, normas que están por encima de cualquier otra ley federal.

Pareciera que el agente del Ministerio Público Federal responsable del operativo tenía el interés en secuestrar al conductor, al que dieron trato de delincuente, cuando sólo transmitía un noticiero y, en términos laborales, sólo es un humilde trabajador de comunicación, que eso es lo que son los periodistas: obreros de la comunicación.

Desde que arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto arreciaron  los ataques contra la prensa, especialmente con la parte más vulnerable de los medios de comunicación, que son los reporteros. Muchos periodistas han sido asesinados y otros desaparecidos especialmente en los estados de Veracruz y Guerrero, las dos entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

No obstante, los profesionales de la información constituyen un segmento de la sociedad que seguirá incansablemente documentando el acontecer cotidiano del país, pese a los riesgos que ello implica.

Si la PGR endereza procedimientos legales contra los periodistas que impidieron la detención de su compañero -es decir, si lleva a cabo un uso faccioso de la ley- sólo provocará que todos los guerrerenses bien nacidos se unifiquen frente a este nuevo embate del poder público que padecemos en México. Estaremos pendientes si esto sucede.

Todos somos Gamaliel.

Política de defensa

Política de defensa

Política

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_6725" align="alignleft" width="194"]José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Por vía de sus intereses geoestratégicos el imperio es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la seguridad nacional de México.

Ello quedó demostrado nítidamente por la visita del candidato republicano Donald Trump quien, aunque guardó las formas ante un miniaturizado Enrique Peña Nieto, reiteró su mensaje homofóbico y racista contra la ciudadanía mexicana.

La visita del republicano exhibió las debilidades del gobierno peñista y coadyuvó a distanciar al gabinete actual de su similar norteamericano, con el presidente Barak Obama a la cabeza, quien habrá hecho el coraje de su vida al saber del trato de jefe de estado dispensado por el gobierno mexicano a quien nos vino a insultar.

Por fortuna, pareciera que Trump no ganará la presidencia de los Estados Unidos en noviembre próximo. De lo contrario tendríamos enfrente una monumental problemática a juzgar por el discurso de odio enderezado en contra de los mexicanos, discurso que linda con el fanatismo y la estupidez, al caldo de cultivo ideal para el surgimiento de líderes totalitarios.

Sin embargo, sea Trump o Clinton quien acceda al liderazgo del país más poderoso de la Tierra en noviembre próximo, en realidad no hay mayor diferencia en cuanto al tratamiento que recibirán los mexicanos en el futuro mediato. Créanlo: extrañaremos a Obama.

Aunque la narrativa política de Trump es sin duda más ofensiva especialmente con los mexicanos, en realidad lo que parece encontrar nuevos acomodos en el gobierno estadunidense son algunos estratos de la sociedad norteamericana proclives a la expoliación, los que se encuentran insertos en ambos equipos que contienden por la presidencia de los Estados Unidos de América.

Así las cosas, nada bueno pinta el futuro para México, aunque los especialistas yanquis en propaganda traten de darle una imagen cosmética a todo este asunto.

Desde que comenzó a abrirse paso en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, el sistema neoliberal se constituyó como una nueva forma de colonización que tiene su punta de lanza en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo de comercio integral con los Estados Unidos y Canadá que, si bien tiene sus aspectos positivos, también ha causado daños devastadores especialmente al campo mexicano, que se encuentra en total y absoluta postración frente a sus competidores en el norte.

El fortalecimiento de los mercados y el adelgazamiento creciente de los estados nacionales, en el caso de México, devino en la fragilidad de algunas instituciones de estado que durante la era autoritaria habían constituido fortalezas infranqueables, como es el caso del presidencialismo mexicano.

Es por ello que en este país necesitamos instituciones fuertes que puedan hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse desde el exterior, tanto en términos diplomáticos y económicos como, especialmente, en el plano militar.

Si en el aspecto externo estamos en condiciones endebles, en el interior la situación de violencia extrema ha golpeado sensiblemente el mercado interno y generado saldos de sangre equivalentes al choque entre dos ejércitos, aunque oficialmente no somos un país en guerra.

Esa fragilidad del sistema político mexicano se manifestó claramente a partir de 2007, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón arrancó de manera formal la guerra contra los cárteles de la droga, cuadro de situación que hizo patente la inexistencia de una política de defensa nacional que permitiera sustentar dentro de un marco legal la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que implicó lanzar a un pozo sin fondo a las instituciones armadas mexicanas.

La decisión de Calderón, de golpear a los barones de la droga sin un previo análisis de inteligencia estratégica, sin planeación, sin la infraestructura militar idónea y, lo peor, sin el consenso de los mexicanos, sólo podía generar el baño de sangre que hemos atestiguado y sufrido los ciudadanos de entonces a la fecha.

Pero lo más grave es que el gobierno panista nunca previó la construcción de un marco conceptual y legal que permitiera la regulación de actuaciones de la Sección Segunda (Inteligencia), ni de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN), ambas de la Secretaría de la Defensa (SDN), que en los hechos son las responsables de combatir el flagelo de la droga y, por extensión, de la violencia.

Ese marco legal, debidamente discutido por el Congreso de la Unión, habría permitido levantar un entramado jurídico y operativo que normara las intervenciones de los militares en el combate a la criminalidad así como sus parámetros de actuación en el trato con civiles, lo que habría ahorrado muchísimos incidentes en los que, sin mayor criterio e instrucción, los soldados simplemente dispararon en situaciones ambiguas en las cuales se sintieron en peligro.

Más de 100 mil muertos y 37 mil desaparecidos después, el gobierno de Peña Nieto cayó en cuenta de que esta cruzada debió implementarse al revés: es decir, primero prepararse y luego atacar a la criminalidad, atomizada ahora en más de 60 grupos delincuenciales que mantienen una guerra abierta -entre sí y contra el gobierno mexicano-, en la que el mayor número de víctimas son ciudadanos inocentes.

A estas alturas, la fragmentación de los grandes cárteles de la droga abrió la puerta a otra fenomenología aún más peligrosa: el surgimiento de la insurgencia criminal.

Por lo que se sabe, uno de los aciertos de la administración de Peña Nieto es haber instalado equipos de analistas tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México que, entre 2013 y 2015, trabajaron arduamente en la construcción de una Política de Defensa Nacional (PDN).

Ese documento conjunto, que según trascendidos está listo desde diciembre de 2015, en teoría comprende no sólo lo relativo al marco legal de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida civil, sino también contiene propuestas para regular los diferentes sectores de la SDN, especialmente en lo que se refiere a la Industria Militar, en el proyecto de construir armamento, equipo, infraestructura, transporte aéreo y terrestre para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Por lo pronto, la Industria Militar trabaja en la fabricación del novísimo fusil FX-05 para uso común de la infantería, que paulatinamente comenzará a sustituir el G-3 fabricado por la firma alemana HK. Aunque estamos a años luz del desarrollo de la Industria Militar de México, una reconversión de la planta industrial permitiría fortalecer las capacidades militares de las Fuerzas Armadas para hacer frente a una eventual agresión exterior, que no es algo que deba descartarse.

Lo inexplicable es que, pese a estar terminada desde diciembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto no la ha dado a conocer ni siquiera ante el Congreso de la Unión, el espacio en el que deberán discutirse estos proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Así pues, habrá que darle tiempo al tiempo.

La tormenta

La tormenta

La tormenta

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_68035" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

El diferendo entre los gobiernos estatal y municipal, debido al crédito aprobado por el Cabildo porteño, pasó de ser un problema de procedimiento a una abismal ruptura entre ambos órdenes de gobierno, una situación que impactará negativamente en la gobernanza local.

Por desgracia para la comunidad, las diferencias entre ambos gobiernos se profundizaron desde que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en tono nada amable reprochó al alcalde Evodio Velázquez que su jefe de policía hubiera falseado documentos para acceder al cargo.

Había algo de cierto en esa acusación, de modo que el edil porteño tuvo que hacer los cambios exigidos en la estructura de Seguridad Pública, fundamental para hacer frente a la responsabilidad de prevenir el delito, que es lo que le compete al municipio.

Pero las diferencias han escalado, de modo que el asesinato del alcalde de Ciudad Altamirano y la revisión a fondo de la estrategia de seguridad para Acapulco, siguieron en la lista de desacuerdos entre ambos órdenes de gobierno, ante la pasividad de una sociedad civil local que se porta muy exigente cuando sus intereses personales son tocados, pero omisa cuando se trata del interés público -nadie, ni los colegios, ni el sector privado, ni las ONG, se han pronunciado para mediar en este conflicto creciente-.

En fecha reciente la aprobación de una línea de crédito por 158 millones de pesos, apoyada mayoritariamente por el Cabildo pero sin pasar por la sanción del Congreso, generó nuevos encontronazos entre la gestión municipal que encabeza Evodio Velázquez Aguirre y estatal de Héctor Astudillo Flores.

Parecieran diferencias de carácter ideológico, pero no lo son.

Son diferencias originadas en la calidad de la gestión, es decir, en el modo de gobernar, que por desgracia impactarán en la vida pública del municipio y del estado en lo general dado que afecta la interacción ascendente (entre órdenes de gobierno) y descendente (la calidad de la relación con los gobernados).

A querer o no, estamos ante un conflicto inter-institucional que tarde o temprano afectará la eficiencia de la administración pública municipal en Acapulco y, en menor medida, en el gobierno del estado.

En este punto sería deseable que el Congreso del Estado, en términos institucionales, interviniera para suavizar el estado de cosas con el fin de evitar que una interposición desde otras instancias -entiéndase el Congreso Federal o la Auditoría Superior de la Federación-, termine en un procedimiento de carácter penal con ingratas consecuencias.

Pero hablamos de una mediación política, no de la actitud golpeadora de los empleados de Luis Walton, que buscan la menor oportunidad para atacar al munícipe, con todo y que su gestión se caracterizó por la mediocridad.

Por otra parte, aquí habría que determinar quién o quiénes metieron al joven edil en esa ruta de confrontación con la que pretendían evadir los controles del Congreso local, diferendo en el que nada tiene que ganar Velázquez Aguirre. ¿Acaso tiene algo que ver su jefe de asesores?

Y mientras Evodio sortea el vendaval, sus colaboradores cercanos hacen de las suyas: fuentes internas mencionan a Merced Valdovino Diego, secretario de Finanzas, y a Víctor Aguirre Alcaide, de Desarrollo Social, como dos poderosos funcionarios que buscan copar los espacios de la administración municipal por cualquier medio, como una suerte de avanzada para el recambio del poder.

Así, mientras el alcalde afronta la tormenta exterior, quienes debieran ser sus hombres de confianza buscan posicionarse dentro de la estructura gubernamental clientelar en aras de un futuro más promisorio, incursión en la que derriban a todo el que se les atraviese, así sean compañeros de otras dependencias de la misma alcaldía.

En particular el inalcanzable secretario de Finanzas es mencionado como quien está preparando el terreno para una incursión política de mayores alcances, cuando estamos a un mes de que la administración de la que forma parte apenas cumpla el primer aniversario.

Merced Valdovino debiera ser observado a partir de los resultados que dejó en la administración municipal de Coyuca de Benítez, donde una abrumadora mayoría lo repudio cuando quiso repetir como alcalde, en particular porque en su gobierno menudearon los secuestros.

Una revisión exhaustiva de los antecedentes del exalcalde de Coyuca podría aportar elementos suficientes para entender su conducta. En el caso de Aguirre Alcaide no es necesario investigar antecedentes. Sólo pregunten en Tlapa cómo se las gasta, en especial cuando se encuentra bajo inspiración etílica.

Fuera de las fobias y las filias que caracterizan a un equipo político, Evodio debiera comenzar a valorar hacer los cambios necesarios en su gobierno para premiar a quienes han aportado resultados efectivos a su gestión y mandar a su casa a los que simulan eficiencia. Entre ellos estos dos secretarios.

Así, con estos aliados, Evodio no necesita enemigos. Con los que tiene dentro de su gobierno basta y sobra.

La tormenta

¿Impunidad, hasta cuándo?

¿Impunidad, hasta cuándo?

¿Impunidad

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_6172" align="alignleft" width="194"]José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Mediante un puntilloso comunicado la Fiscalía General del Estado tomó distancia del desempeño fallido de quienes le antecedieron, en el contexto de una escandalosa impunidad que envuelve el caso del magnicidio de Armando Chavarría Barrera.

Elaborado con una redacción muy cautelosa, el comunicado fue emitido por la dependencia apenas unas horas antes del 20 de agosto, cuando familiares y amigos del diputado asesinado conmemoraron su séptimo aniversario luctuoso, acto en el que obviamente hubo reclamos sentidos a las autoridades por la ausencia de resultados.

Pocas veces un comunicado de la FGE reviste tanta solemnidad y cuidado en el manejo de escenarios y términos. Por lo general sus boletines de prensa son meros pretextos para promocionar la imagen política del titular, Xavier Olea Peláez, tan vapuleada por los desplantes discursivos del propio fiscal que, en algunos casos, mueven a risa.

Por lo menos en esta ocasión el documento de la Fiscalía hace un deslinde necesario aunque tardío. ¿Por qué hasta ahora, si hubo muchos meses previos en los que pudo haber informado con anticipación y cortesía a los familiares agraviados?

Empero, la conducta reactiva de la dependencia no suprime la importancia del documento, que no tiene pierde en tanto que por primera vez atiende con suficiencia un asunto tan delicado no sólo para su familia, sino para la comunidad entera dado que Chavarría era cabeza de sector de la soberanía guerrerense y el candidato natural de la izquierda a la gubernatura.

Aunque la secrecía del proceso investigativo obliga a la dependencia a mantener silencio sobre el avance de las investigaciones, a la distancia nos enteramos de que hubo pocos avances substanciales, y en cambio hubo más profusamente omisiones, complicidades y encubrimientos que debieran ser causal suficiente para mandar a prisión a más de un funcionario o ex funcionario de la propia dependencia.

Desde el atentado ocurrido en 2009, han desfilado como titulares de la dependencia Alberto López Rosas, Martha Elba Garzón Bernal, Iñaki Blanco Cabrera, Miguel Ángel Godínez Muñoz y, ahora, Olea Peláez, que un día sí y otro también se contradice en sus palabras.

Ante la viuda Martha Obeso, por ejemplo, hace poco admitió que no tenía avances substanciales en la investigación.

Sin embargo, en declaraciones de prensa registradas el pasado 2 de marzo, Olea Peláez alardeó: los fiscales anteriores “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”. ¿Así o más cantinflesco lo quieren?

Con todo, el documento emitido la noche del 19 establece una postura de la que difícilmente podría eludirse una responsabilidad, además de que dejó en claro que hubo un desempeño deficiente de quienes le antecedieron en el cargo, aunque más bien estamos ante un claro encubrimiento y obstrucción de la justicia que, a estas alturas, es un compromiso ineludible y obligado por parte no de la FGE, sino de la gestión que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En principio, deja en claro que la investigación judicial del caso Chavarría Barrera está “plagada de irresponsabilidad jurídica institucional”, pese a lo cual el gobierno estatal “está asumiendo cabalmente la responsabilidad de estado” que le corresponde en la investigación.

Sin la menor consideración se refiere a “las gestiones jurídicas equívocas y erráticas” cometidas por “las administraciones estatales y de procuración de justicia de los gobiernos que nos han precedido”. Es decir, en todos estos años quienes estuvieron al frente de la FGE cometieron errores garrafales.

Más adelante, en el ámbito de las “presuntas responsabilidades”, el documento puntualiza que “no existió declaración alguna que señalara al responsable del homicidio. Sólo se señalaron referencias de comentarios escuchados. Este es un tema que es necesario actualizar con nuevas convocatorias a personajes políticos”.

En ese mismo contexto, establece que la actitud de la mayoría de los declarantes en la averiguación previa fue “renuente, parca, omisa y evasiva”.

Con todo, el documento abre nuevas expectativas dado que por su conducto la FGE se compromete en el corto plazo a “rescatar la continuidad de esta investigación criminal” con el fin de “explorar, agotar y/o crear una nueva línea de investigación”.

Aunque el texto es aparentemente vago, por su conducto la FGE aporta el nombre de uno de quienes “entorpecieron dolosamente las investigaciones”, el ex fiscal José Fernando Monreal Leyva.

Además, aunque utiliza un lenguaje críptico, el comunicado deja entrever que dará continuidad al entorno político de la investigación cuando dice que emitirá “nuevas convocatorias a personajes políticos”.

El comunicado de la FGE jamás se refiere por su nombre al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quienes sus detractores señalan como autor intelectual del homicidio de Chavarría Barrera.

Lo cierto es que durante la gestión de López Rosas hubo una relatoría de 31 hojas, así como algunas actuaciones del Ministerio Público, en las que se menciona al ex mandatario como efectivamente quien dio la orden de matar a Armando Chavarría. Esas actuaciones desaparecieron misteriosamente del expediente penal. ¿Por qué? ¿Esa fue la “actuación dolosa” que se imputa a Monreal Leyva? ¿Quién está interviniendo tras bambalinas para empantanar ese proceso judicial?

Caiga quien caiga, la investigación penal debe llegar hasta sus últimas consecuencias. La justicia, ahora más que nunca, es un imperativo social en Guerrero. Y es un imperativo legal para el propio gobernador Astudillo Flores, si es que quiere dar cuerpo a su slogan de campaña: “Orden y paz”.

Usos y costumbres

Usos y costumbres

Usos y costumbres

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_66629" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Tal como se observan las cosas, la ruta de los usos y costumbres de los pueblos indios parece conducir, indefectiblemente, a la construcción del cuarto orden de gobierno en el estado de Guerrero.

Autoridades populares del municipio de Ayutla, que representan el 80 por ciento de las comunidades de ese municipio habitado por cerca de 60 mil personas, en controversia promovida ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) demandaron elegir a sus autoridades municipales por usos y costumbres, en lugar del corrupto sistema de partidos políticos que ha causado tanto daño al tejido social.

Hasta ahora, la sentencia de la máxima autoridad electoral se mantiene firme en el sentido de que, después de una obligada consulta a las comunidades, una mayoría simple se pronunció por la elección de autoridades a través de los usos y costumbres, lo que sienta un precedente inédito e histórico pues en principio estamos presenciando, por lo menos en algunas micro regiones, el destierro de los partidos políticos.

Para alcanzar su propósito, las diversas autoridades comunitarias -comisarios municipales, comisariados ejidales, liderazgos naturales- tuvieron que combatir las corruptelas y engaños tanto de los partidos como del mismo gobierno municipal de Ayutla, que hicieron hasta lo imposible para boicotear la consulta, auxiliados -hay que decirlo fuerte y claro- por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el IEPC, que en todo momento actuó con parcialidad durante el proceso de consulta.

A ello habría que agregar las informaciones sesgadas de algunos medios que en diversos despachos de prensa desinformaron a la población, diciendo que la consulta había sido invalidada por la autoridad electoral. Nada más falso.

En realidad estamos ante un proceso de empoderamiento de los estratos populares que, de este modo, mostraron su rechazo a la ambición desbocada y corrupción mostrada por las dirigencias partidistas que sólo buscan los cargos de elección popular como una fórmula infalible de enriquecimiento, en lugar de atender las demandas de los gobernados en particular de un estado tan pobre como Guerrero.

En el caso del histórico municipio de Ayutla, los diferentes liderazgos comunitarios lograron conjugar los esfuerzos de las comunidades, en particular de los hablantes de las lenguas tu’un savi y me’phaa que constituyen mayoría, para por primera vez en la historia reciente elegir a sus autoridades por usos y costumbres -es decir, en asamblea abierta y a mano alzada-.

Así, en el 2018 estamos por presenciar un proceso electoral inédito en el que los habitantes en edad de votar podrán elegir a sus nuevas autoridades en forma directa y abierta, en presencia de toda la comunidad.

Es decir, estamos por atestiguar un ejercicio de democracia directa en un marco de transparencia total. Por lo menos en el territorio ayutleco, este novísimo y al mismo tiempo ancestral mecanismo de elección de autoridades se traducirá en el principio del fin de los partidos políticos.

¿Por qué lo definimos de esta manera?

Muy sencillo: en los municipios colindantes y cercanos como Tecoanapa, Cuautepec, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Ometepec y Tlacoapa, diferentes liderazgos populares e indígenas ya tomaron nota de los alcances de este procedimiento más acorde con la cosmovisión amerindia y comienzan a hacer aprestos para desahogar procedimientos similares que les permitan sacudirse para siempre a los partidos políticos.

Es probable que no todos los intentos tendrán éxito, pero también es probable que una parte considerable de los 19 municipios de La Montaña comenzarán a hacer lo propio para tomar en sus manos la conducción de su destino, tomando el ejemplo tanto de Ayutla como de Cherán en el vecino Michoacán, donde sus habitantes decidieron cortar por lo sano con los partidos políticos e instauraron su propia gestión de gobierno autónomo.

Aunque hasta el momento se trata de intentonas un tanto rudimentarias, las comunidades indígenas de la región denominada Costa-Montaña han demostrado ingenio e innovación a la hora de decidir su destino.

Ahí está el ejemplo del Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), que con el tiempo pasó a denominarse Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) debido a la adhesión paulatina de pueblos mestizos y negros, que comenzaron a ver en ese proceso organizativo la salida a la exclusión social, el abandono y el olvido gubernamental de tantos años.

El paso siguiente sería la promoción legal de los gobiernos comunitarios con presupuestos participativos, que permitan la asignación de recursos a proyectos de interés comunitario, no de los partidos políticos. En los hechos, integradas como un todo, las autoridades comunitarias de algunas micro regiones ya aplican de facto los gobiernos comunitarios en pequeñas porciones de territorio, como es el caso de Ahuacachahue en el mismo municipio de Ayutla.

En pocas palabras, estamos en presencia de un proceso de construcción del poder popular que, sin el ingrediente subversivo, promueve la solidaridad orgánica como una forma y mecanismo de sobrevivencia frente a estados nacionales rebasados por un mercado neoliberal profundamente depredador, que se ha convertido ya en la nueva instancia de colonización.

Sólo que ahora van por las riquezas minerales y por el territorio.

Así pues, las nuevas forma de resistencia se traducen en una lucha por la defensa del territorio que es, ahora y en el futuro inmediato, el último espacio de resistencia de los pueblos oprimidos.

Zona de desastre

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Zona de desastre
Zona de desastre
Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales



Tal podría decirse de ciertas áreas de la administración pública que desde hace tiempo vienen haciendo agua sin que al parecer el titular, Héctor Astudillo, se percate de ello.
Recientes declaraciones del gober
Ver nota completa: http://notimundo.com.mx/zona-de-desastre/

Cohabitar con el crimen

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Cohabitar con el crimen
Cohabitar
Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales



Como en sus mejores tiempos, el puerto de Acapulco rebosa con una ocupación de turismo nacional superior al 90 por ciento.
Este innegable logro ha generado algarabía en el sector oficial, desde el alcalde ha
Ver nota completa: http://notimundo.com.mx/cohabitar-con-el-crimen/

La conexión alemana

La conexión alemana

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

Pareciera que nada pasa, pero en los próximos meses la Fiscalía de Stuttgart, Alemania Federal, llevará a juicio a cinco directivos y ex directivos de la fabricante de armas Heckler and Koch (HK), que vendió a México miles de fusiles de asalto G-36.

Después de una larga investigación que formalmente arrancó en 2010, por fin la fiscalía federal alemana abrirá este verano un encausamiento legal contra la citada compañía debido a infracciones cometidas contra la normatividad de control de armas de guerra y la ley de comercio exterior de ese país europeo, luego de que entre 2003 y 2006 la firma HK entregó 9 mil 472 fusiles a la Secretaría de la Defensa del gobierno de México.

El gobierno alemán permitió la venta del citado lote de armas al Ejército Mexicano, pero bajo la estricta condición de que no fueran entregadas a las corporaciones de seguridad de cuatro estados con graves conflictos internos y/o violaciones graves a los derechos humanos: Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Chiapas.

De esas casi 10 mil armas, sin embargo, casi el 50 por ciento fueron a parar precisamente a los estados vetados por el gobierno alemán, con el agravante de que al menos una treintena de esos fusiles fueron usados para masacrar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011 y septiembre de 2014.

Del citado lote de armas, un total de 4 mil 796 fusiles HK fueron entregados a los cuatro estados vetados por el gobierno alemán. A pesar de la prohibición germana, la Secretaría de la Defensa asignó a Chihuahua 2 mil 113 armas, a Guerrero un mil 924, a Chiapas 561 unidades y 198 fusiles a Jalisco. La distribución de los fusiles, entre 2006 y 2011, se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón en el orden federal y de Zeferino Torreblanca en el gobierno de Guerrero.

Un primer indicio de la corrupción que implica esta compraventa de armas, sería un dato que comenzó a permear en la investigación: que en realidad la operación ampararía más de 10 mil fusiles, una cifra mayor de lo oficialmente reportado.

El caso, que en Alemania Federal es un escándalo, apenas si ha llamado la atención en México, donde la situación cobró un nuevo giro a partir de septiembre de 2014, cuando las pesquisas preliminares desahogadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) permitieron constatar que unos 36 fusiles HKG-36 fueron utilizados por la Policía Municipal de Iguala en el ataque contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La misma indagatoria permitió conocer que en la agresión también se utilizaron fusiles italianos Beretta, así como de manufactura norteamericana marca Colt.

En 2011 una indagación similar, que no trascendió públicamente, permitió conocer que las armas usadas para abatir a los jóvenes normalistas que se manifestaban en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011, fueron con toda probabilidad fusiles HKG-36, del mismo lote de armamento vendido a México.

En esa ocasión, la información derivada de un peritaje balístico no tomado en cuenta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que inculpó a las corporaciones locales, permitía inferir que las armas de donde partieron los disparos contra los estudiantes -dos tiros precisos, como efectuados por un francotirador apostado- eran precisamente los citados fusiles HK, portados en ese momento por la Policía Federal.

El arma de guerra HKG-36 es un fusil ametrallador muy cotizado, considerado de los mejores del mundo. La versión G-36, de mayor precisión y maniobrabilidad, sustituyó al modelo original G-3, usados muchos años por las Fuerzas Armadas de México como arma de cargo.

De acuerdo con datos de revistas especializadas, Alemania es el tercer exportador de armas en el mundo, sólo después de Los Estados Unidos y el Reino Unido, pero por encima de Rusia, China y Francia, lo cual no es un dato menor.

La Fiscalía Federal de Stuttgart, según han informado reportes de prensa en Alemania y México, tiene en su poder un amplio legajo de documentos de ambos gobiernos que permiten sustentar la hipótesis de la componenda entre representantes de la compañía HK y mandos militares mexicanos.

Jûrgen Grâsslin, el investigador que descubrió los pormenores de la transacción, en entrevista con la red noticiosa Sputnik, en días recientes afirmó que la información en su poder apunta a un mando del Ejército Mexicano, un supuesto general Humberto Aguilar, quien entre 2006 y 2011 habría sido el facilitador de la operación, tras lo cual  habría cobrado entre 20 y 25 dólares de comisión por cada fusil comprado por el gobierno mexicano.

La información habría sido aportada por un alto directivo de una empresa subsidiaria de HK en México, involucrado en la operación de compraventa y quien, al parecer, será citado por la Fiscalía de Stuttgart para dar a conocer los entretelones de esta venta ilegal de armas de Alemania a México.

En todo caso, lo que descubra la fiscalía alemana permitirá establecer la pauta para abrir al escrutinio público esta y otras operaciones de compraventa en un rubro tan delicado como lo es el armamento que desde principio de la década del 2000 ha comenzado a adquirir el gobierno mexicano, una parte de lo cual parece estar destinado a operaciones de contrainsurgencia.

Una pregunta: Si la investigación del gobierno alemán parece estar enfocada a encontrar culpables y sancionar a la empresa de armas HK ¿qué lo que deberíamos esperar en México de los mandos y funcionarios del gobierno mexicano que pudieran estar implicados?

   Es una pregunta.

La conexión alemana

Lecturas de la elección

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

A respetable distancia de las pasiones desatadas por los comicios, habrá que atender las lecturas emanadas del proceso electoral que permitió el arribo a la gubernatura de una nueva clase política encabezada por Héctor Astudillo Flores.

En primer término, a 30 días de la jornada comicial, una agradable sensación de ecuanimidad desdijo los anuncios catastrofistas de un sector de las organizaciones sociales -el segmento más radical, habrá que decir- que auguraba un boicot generalizado de la elección con su inherente carga de violencia.

No es que no tuvieran razón: hasta este momento sigue sin esclarecerse plenamente lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado, cuando policías-sicarios al mando de la infame pareja Abarca-Pineda ordenaron el ataque a mansalva contra los normalistas de Ayotzinapa que incursionaron esa tarde noche en la ciudad de Iguala.

El alcalde José Luis Abarca se cobró así la supuesta afrenta ocurrida el 3 de junio anterior, cuando un grupo numeroso de normalistas causaron destrozos en las oficinas del Palacio Municipal en reclamo del secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona y dos activistas más de la organización Unidad Popular.

Así pues sigue tan vigente, como en el mismo septiembre negro, la demanda de verdad y justicia esgrimida por los deudos de los 43 desaparecidos y 6 asesinados esa fatídica noche de los cuchillos largos en que, está plenamente demostrado, los municipales cometieron su horrenda obra con pleno conocimiento de los mandos del 27 Batallón de Infantería, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Estatal, todos ellos acantonados en la ciudad de Iguala.

Sin embargo, el hartazgo social expresado en marchas, desórdenes, rapiña y violencia, con el paso de los meses perdió casi todo el respaldo social con que contaba a partir de la masacre de Iguala.

Los abusos cometidos por las hordas -que así se comportaban los manifestantes- que bloquearon carreteras, robaron unidades de transporte y vehículos con mercancía, incendiaron inmuebles públicos e inclusive llegaron a agredir a ciudadanos de a pie, dieron pauta a una consecuencia impensada: la protesta social gradualmente se quedó sola, sin el apoyo de la mayoría de los guerrerenses.

De manera paulatina una gran masa de ciudadanos comenzó a manifestar su rechazo a las tácticas ofensivas utilizadas por los grupos inconformes, como fue el caso en que un grupo de personas que hacían fila para obtener su credencial de elector en Costera 125, en el puerto de Acapulco, expulsaron a golpes a una veintena de encapuchados que pretendía vandalizar las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa escena, ocurrida en enero de este año, fue una primera señal de repudio a los infractores.

En ese contexto, el día de la elección una masa caudalosa de ciudadanos y ciudadanas salieron a emitir su voto el pasado día 7 de junio.

Analistas locales y foráneos estimaban que el abstencionismo se ubicaría entre un 30 y 35 por ciento para el día de la elección. No fue así: según datos del INE en Guerrero votaron poco más del 53 por ciento de quienes integran el padrón electoral del estado, de 2 millones 400 mil personas.

Esto significa, en números redondos, que poco más de un millón 200 mil ciudadanos y ciudadanas guerrerenses participaron en el proceso comicial del pasado día 7, lo que se traduce en un significativo porcentaje de legitimidad para el candidato triunfador, Héctor Astudillo Flores.

Sus más de 80 mil votos de diferencia frente a su competidora más cercana le ofrendan una indiscutible distancia de los votos alcanzados por Beatriz Mojica. En tercer lugar, como se estableció desde un principio, quedó el impresentable Luis Walton Aburto, quien se ostentaba como el salvador de la patria chica. Por cierto, en la semana que acaba de terminar, las autoridades federales cerraron la gasolinera de La Diana, en el puerto de Acapulco, por vender litros incompletos de gasolina. Como todos saben, esa gasolinera es propiedad de Walton

En este escenario, las demandas y controversias presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de Héctor Astudillo no son más que rabietas que de ningún modo cambiarán el resultado final de la contienda. El PRD, a través de su dirigente formal Carlos Navarrete dijo que, con el triunfo de Astudillo, gana el crimen organizado en Guerrero.

Aquí aplica aquella sentencia popular: “El burro hablando de orejas”. ¿Tan pronto se les olvidó la masacre de Iguala, propiciada por las dirigencias del PRD, especialmente por el grupo de Los Chuchos y sus expresiones en Guerrero en la persona de Lázaro Mazón Alonso y Sebastián de la Rosa Peláez?

Pasado el proceso electivo, habrá que volver la atención a la demanda de justicia para Ayotzinapa, con el fin de presentar ante los tribunales a quienes instigaron el arribo de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala. Esos personajes son -a estas alturas todo mundo lo sabe- los mencionados Mazón Alonso y De la Rosa Peláez, además de Jesús Zambrano Grijalba, Carlos Reyes Torres, Víctor Aguirre Alcaide, Bernardo Ortega Jiménez.

Hay otros personajes dentro del PRD que mantienen vínculos vigentes con la delincuencia organizada, algunos de ellos ahora como alcaldes o diputados electos, pero de ellos se hablará en una entrega futura.

En el caso del PRI, claro que hay personajes con vínculos delictivos. No es el caso, sin embargo, de Héctor Astudillo, quien ha tratado de mantener una trayectoria alejada de esas turbiedades, como a algunos nos consta.

Con todo, enturbia su arribo al poder la presencia de activos como Manuel Añorve Baños, a quien en diferentes ocasiones lo han vinculado a grupos delictivos. Para muestra un botón: la organización del mitin en el que la Policía Federal capturó a un supuesto capo, en el puerto de Acapulco, corrió a cargo de dirigentes de comerciantes identificados con el grupo político del añorvismo.

Es responsabilidad de Héctor Astudillo ofrecer una postura clara de deslinde a través de la integración de un gabinete que responda a los intereses populares que lo llevaron al poder, no a los grupos políticos priistas.

Ese es su primer desafío. Ya veremos.

Lecturas de la elección