El efecto Trump

El efecto Trump

Trump

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

  

[caption id="attachment_13309" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Ni duda cabe que Donald Trump cumplirá sus amenazas contra el pueblo mexicano. De hecho, ya comenzó a cumplirlas al obligar a las empresas automotrices a repatriar capitales a la Unión Americana, con excepción de la alemana BMW que no se dejó intimidar.

   Resultará por lo menos interesante ver qué hará Trump los próximos meses en tres campos prioritarios: política migratoria, comercio bilateral y política de defensa, cuestiones fundamentales para la vida pública, la economía y la seguridad transfronteriza de México.

   Por lo pronto, ya comenzó a darse cuenta de que dentro y fuera de los Estados Unidos núcleos importantes de población le mostraron el puño para dejar en claro el disenso social en temas que lastimaron la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres.

   Fue sorprendente y motivador observar la Marcha de las Mujeres que congregó a más de medio millón de personas en la capital norteamericana, con un claro mensaje de repudio a las posturas irracionales de esta mala copia de Hitler.

El problema

   El problema es que este personaje -cuyas posturas serían hilarantes si no fuera el presidente del país más guerrerista del mundo- es una expresión de un amplio sector de la sociedad estadunidense que se caracteriza por sus posturas xenófobas, ignorantes y rabiosas. Ese es el verdadero problema, la sociedad conservadora que lo respalda.

   En principio, la postura oficial de Trump y de su gobierno es por la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una decisión que tendría graves repercusiones tanto para la economía mexicana como para un sector de la economía de ese país, que tendría pérdidas multimillonarias.

   Algunos especialistas en economía ya advirtieron que las políticas anunciadas por el magnate son inviables y contradictorias, lo que le generará un impacto contrario a lo que este sujeto pretende alcanzar.

   En materia de política migratoria, ya anunció que probablemente unos tres millones de migrantes que residen en aquel país serían deportados en los primeros meses de su administración, comenzando por quienes tengan antecedentes penales.

   El gran enigma serían las decisiones que tomará en materia de defensa, armamentismo, asesoría militar y combate a las drogas. Porque lo que ha anunciado con bufonadas no son más que ademanes propagandísticos. Habrá que ver qué decisiones reales tomará en términos de política de defensa.

Milicia Norteamericana

   Esto es, ¿cuál será el trato para la milicia norteamericana? ¿Proseguirá con sus afanes expansionistas? ¿Cancelará su colaboración militar con México, aunque todo parece indicar que sí? ¿Dará cauce o cancelará el modelo persecutorio contra las drogas? ¿Develará los lazos invisibles entre la industria armamentista y los poderes fácticos, tan corruptos allá como acá? ¿Dará a conocer los tratos que han existido entre los políticos mexicanos y los capos de las drogas? ¿Dará respaldo a las agencias de espionaje como la NSA, CIA, DEA y toda esa zoología fantástica? ¿Intervendrá en otros países?

   En todo caso, el gobierno mexicano deberá prepararse para atender nuevas contingencias derivadas de las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump, como deberá hacerlo también para prever un eventual cierre de fronteras, como ocurrió en 1984 cuando los barones de la droga, en aparente colusión con personajes del establishment, dieron muerte a Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en Guadalajara. Bastó un par de días de que el gobierno norteamericano cerró la  frontera con México para hacer tambalear al gobierno de Miguel de la Madrid.

   Contrario a la expectativa, la administración de Peña Nieto se ha deshecho en inflexiones ante el poder imperial con la estúpida esperanza de que la élite norteamericana actuará con indulgencia, cuando la historia los ha mostrado tal cual son: una potencia depredadora que no les importa atacar a gobiernos democráticos para alcanzar sus fines, que casi siempre son la expoliación más que la seguridad hemisférica.

Arribo a la Casa Blanca

   Con el arribo de este sujeto a la Casa Blanca, una nueva era se abre ante los mexicanos, que deberán hacer gala de entereza y creatividad para crecer hacia dentro, generando los empleos necesarios para afrontar la crisis que se avecina.

   Para el efecto, el gobierno y el Congreso deben dar marcha atrás a las reformas estructurales, especialmente a la energética, que nos despojó del petróleo para entregárselo a las transnacionales, que en realidad son el verdadero enemigo de México.

Una eventual cancelación del TLCAN obligará al gobierno mexicano a tomar medidas para apuntalar la economía desde adentro.

   El mercado depredador, no tanto los gobiernos como el norteamericano, constituye la verdadera amenaza para la economía y la salud de la sociedad mexicana, tan lastimada por la banda de apátridas que han estado en el poder los últimos 30 años.

   Si fuera posible, las bravuconadas de Trump podrían conducirnos a conocer la verdad de los tratos secretos de las élites mexicanas y estadunidenses, incluidos los poderes fácticos,

tras lo cual los mexicanos tendrán que afrontar su verdadero destino. Que no es el Destino Manifiesto, desde luego.

Héctor Astudillo

Héctor Astudillo

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

A Héctor Astudillo algunas personas le han regateado méritos, pero el caso es que se trata del primer gobernador que combate de frente a la delincuencia organizada, lo que de ningún modo es cosa menor.

La delincuencia organizada ha existido siempre, aunque con otros rostros y manifestaciones. En el pasado reciente el crimen organizado simplemente cohabitó con el poder público que, de esta manera, enfocaba sus esfuerzos en regular el tráfico de drogas que generaba jugosos dividendos para las élites del poder.

Así resultaban beneficiadas la élite política, la élite empresarial y la élite financiera, que es la ruta para ocultar y optimizar el dinero del crimen organizado que, tan sólo en el año 2011, generó dividendos por 11 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte interno del Banco de México.

Es decir, a final de cuentas el crimen organizado es parte inherente del sistema político mexicano tanto como otros países identificados como paraísos fiscales. Estamos en presencia, así, de estados nacionales que se nutren del crimen.

En Guerrero, donde se produce al menos la tercera parte de las 24 mil hectáreas sembradas con amapola en todo el país, las diferentes administraciones que han gobernado el estado simplemente se han hecho de la vista gorda cuando se trata de perseguir a la delincuencia organizada

Ninguno de los gobernadores anteriores -ni Rubén Figueroa Alcocer, ni René Juárez Cisneros, ni Zeferino Torreblanca, ni Ángel Aguirre- hicieron algo para combatir al crimen organizado

Por el contrario, en algunos casos hubo inclusive connivencia con poderosas bandas delincuenciales que, de manera subterránea, mantenían el monopolio de los delitos federales, especialmente del narcotráfico aunque también incursionaban en otras tipologías delictivas.

En octubre de 2002, mediante reportes de prensa fue posible conocer detalles del Consejo de Guerra que enderezó la Secretaría de la Defensa Nacional contra dos generales del Ejército a quienes se imputó nexos con cárteles de la droga. Esos generales eran Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, ambos ya fallecidos.

En el proceso penal 2080/2002, en el que la parte acusadora era la Procuraduría General de Justicia Militar, un testigo protegido de nombre Gustavo Tarín Chávez, exoficial del Ejército, relató cómo en los primeros años de la década de los noventa el capo Amado Carrillo Fuentes envió como regalo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer una camioneta blindada, un cargamento de 50 fusiles AK-47, 10 mil cartuchos para arma larga y 5 mil cartuchos para arma corta.

El intermediario era el general Acosta Chaparro, quien sin embargo se apropió del envío, del que el mandatario estatal no se enteró hasta años más tarde, en 1995, cuando Figueroa sostuvo una entrevista con Carrillo Fuentes en el hotel El Presidente del puerto de Acapulco.

Según el testimonio del exmilitar, el engaño quedó al descubierto cuando el capo Carrillo Fuentes -que entonces era el más poderoso barón de las drogas de México-, le preguntó a Figueroa si le había gustado su regalo. Ello obligó a Acosta Chaparro a devolver la camioneta blindada al mandatario, quien le permitió quedarse con el resto del cargamento.

Al margen de los resultados del juicio, que mantuvo un tiempo en una prisión militar al general Acosta Chaparro, este tipo de acuerdos ilustra la simbiosis que ha caracterizado la relación entre los gobiernos en turno y los poderes fácticos. El aspecto positivo de este tipo de acuerdos extralegales es que permitían mantener bajo control las explosiones de violencia que caracterizan a las formaciones criminales, proclives a asesinar ante la menor provocación, siempre bajo el principio de mantener su poder con base en el miedo.

Años después, esta calma chicha se rompió cuando al presidente Felipe Calderón se le ocurrió atacar a los cárteles de la droga para mejorar sus niveles personales de aceptación y confianza entre la población civil.

Empero, Calderón cometió un grave error: comenzó a perseguir a las bandas criminales sin un previo trabajo de inteligencia que le habría permitido direccionar el combate al narcotráfico. Esa decisión fue equivalente a golpear con un mazo un gigantesco panal de avispas.

El resultado de esa política persecutoria, que se convirtió en una guerra absurda, fue la fragmentación de las bandas criminales que, para entonces, ya eran parte de la economía informal y subterránea, con una amplia base social cautiva. Eso es lo que los diferentes gobiernos locales y federales heredaron en todo el país: un conflicto armado irregular en el que los muertos son siempre los pobres.

Con ese escenario, que convirtió al puerto de Acapulco en la ciudad más violenta del país, es con lo que se topó Héctor Astudillo al acceder al poder.

Con todo, en concordancia con el gobierno federal, Astudillo hizo en menos de un año lo que ningún mandatario anterior se había atrevido: capturar y encerrar a los más peligrosos y sanguinarios jefes criminales de uno y otro bando, incluyendo a Clara Elena Laborín, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, a quienes se les imputa el manejo y control de diferentes operaciones ilícitas cuyo denominador común han sido los asesinatos.

Al menos una veintena de mandos criminales han ido a parar a prisión durante el primer año de gobierno de Héctor Astudillo. Se dice fácil, pero…

¿Qué hizo Héctor Astudillo para combatir la violencia?

Con la premisa acción-error-rectificación, el Grupo de Coordinación Guerrero ha aplicado decisiones que paulatinamente han comenzado a arrojar resultados concretos:

• La construcción de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), en la ciudad de Iguala, que conjuga los productos de información e inteligencia criminal de las diferentes dependencias federales y locales involucradas en la persecución del delito.


• La sustitución total del personal a cargo de las cámaras de vigilancia, que muchas veces rendían informes a la delincuencia antes que a las corporaciones de seguridad. Ese personal fue sustituido por efectivos militares capacitados para tal fin.


• Compartimiento de la información, de modo que las operaciones de seguimiento se mantuvieron en absoluta secrecía, sólo conocidas por el mando superior en la Secretaría de Gobernación.


• Cambio de estrategia en la persecución del delito. Si antes teníamos a personal de la Policía Federal que se dedicaba al patrullaje disuasivo, ahora la estrategia anticrimen pasó a la etapa de la inteligencia operativa, que comenzó a identificar a los criminales más peligrosos para proceder en su contra.


• Adicionalmente, el gobernador Astudillo ha concertado inversiones de nueva infraestructura turística en Acapulco por más de un mil millones de dólares, en términos globales, con lo cual se generarán al menos unos 5 mil empleos directos en el sector turístico del puerto, sin descuidar otros polos de desarrollo.

Los resultados se comenzaron a notar en este mes de septiembre que recién terminó, cuando el índice de homicidios intencionales bajó un 32.5 por ciento en todo el estado, pero en el puerto de Acapulco decreció un 54 por ciento. ¿Acaso no ha sido meritorio el esfuerzo de este gobernador?

Es de elemental justicia que, al cumplirse el primer año de su gestión, se le reconozca su convicción para combatir la violencia y traer de regreso la gobernabilidad democrática al estado de Guerrero. Aunque falta mucho por hacer, es un buen principio.

Desde la sociedad

Desde la sociedad

Sociedad

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_7905" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Desde ya, los partidos políticos hacen aprestos para lanzar su respectiva ofensiva electoral con el fin de, para la próxima contienda de 2018, apropiarse de la joya de la corona que es Acapulco.

Aún no se cumplía el primer aniversario del mandato de los alcaldes en los 81 municipios cuando las dirigencias partidarias comenzaron a mover sus piezas de ajedrez con el fin de colocar a sus operadores más calificados en los puestos clave. De ese tamaño es la preocupación de los partidos políticos para acceder al poder, especialmente en el caso de Acapulco.

Sin embargo, a diferencia de todos los comicios anteriores, en esta ocasión se perfila una mayor participación de los diferentes estratos de una sociedad que, según todos los indicios, arribó a niveles insoportables de hartazgo y rechazo de la conducta viciada de los partidos políticos, que una y otra vez han defraudado a la población.

Es claro que, nunca como ahora, los sectores populares participarán activamente en un proceso electoral que se vislumbra de pronóstico reservado, dada la impudicia de las dirigencias partidarias que se muestran como lo que son: mercaderes de la voluntad popular.

En el tricolor la designación de Fermín Alvarado Arroyo no parece responder a los intereses del grupo añorvista, como algunos inferían, sino más bien a un interés más institucional por arrebatar la alcaldía más importante del estado de Guerrero al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ese interés parece tener su origen en las decisiones del propio gobernador Héctor Astudillo.

Algunos intuían que Alvarado Arroyo simplemente trabajaría para instalar en la candidatura a Julieta Fernández, pero no parece ser así. Hasta el momento no existe en el horizonte un perfil idóneo para la candidatura tricolor, más que el propio Fermín Alvarado, quien cuenta con toda las tablas para alcanzar un objetivo de esa naturaleza, que ha sido su aspiración de toda la vida.

En el PRD la lógica indica que Evodio Velázquez tendría interés en repetir en el cargo dadas las responsabilidades que le ha tocado enfrentar, que necesitarán de un periodo de gracia para ofrecer resultados. Sin embargo, difícilmente lo dejarán reelegirse sus propios compañeros de partido.

Más bien, la dirigencia perredista parece estar en la lógica de las alianzas, necesarias para estar en condiciones de conservar la Presidencia Municipal de Acapulco, tan codiciada por todos, aunque en el camino parece que se encontrarán con las aspiraciones de Ángel Aguirre junior, quien busca desesperadamente un asidero para regresar a la arena partidaria.

En Movimiento Ciudadano (PMC), como ya se sabe, las decisiones recaen en una convención de un solo hombre, Luis Walton, quien con seguridad instalará en la candidatura a Ricardo Mejía Berdeja, su combativo alfil, que en su encomienda topará con el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.

La decisión de los panistas no tendrá mayor trascendencia pues parecen no contar con  candidatos con un perfil suficiente para competir por la alcaldía de Acapulco, de modo que sólo les queda sumarse a una eventual alianza electoral en la que puedan pescar a río revuelto.

Es en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde las cosas evolucionaron en términos espectaculares, con todo y el perfil controversial de su dirigente Andrés Manuel López Obrador, quien viene con todo por Acapulco.

Con un perfil social que lo define como un partido político de los pobres y para los pobres -aunque ello no impide a AMLO coquetear con las élites-, Morena ha tenido un crecimiento singular en sus dos años de existencia.

En 2015 ese partido político de izquierda ganó 18 de las 40 diputaciones locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora de la ciudad de México), así como 5 de las 18 delegaciones administrativas, entre ellas la céntrica y populosa Delegación Cuauhtémoc.

En las pasadas elecciones de junio la votación de Morena alcanzó el segundo lugar en Oaxaca y Zacatecas, así como el tercer lugar en Veracruz, donde antes no tenía presencia electoral. Su votación en la ciudad de México superó en cuantía inclusive a la del PRD.

La presencia de Morena, pues, ha tenido un incremento exponencial en apenas dos años, lo que amenaza la existencia misma del PRD, por lo cual se le considera como el  partido de izquierda con el mejor desempeño en México.

Revelaciones confiables apuntan a que López Obrador buscará arrebatar al PRD la alcaldía del puerto de Acapulco, donde piensa enviar a algunos de sus mejores cuadros con un candidato cuya característica fundamental radica en su origen: deberá surgir de las filas de la sociedad, no de los partidos políticos.

Será, pues, un candidato eminentemente ciudadano quien enarbolará las banderas de Morena para ofrecer a la sociedad porteña precisamente eso: soluciones que emanen de la comunidad.

Así las cosas, la disputa por Acapulco se centrará entre dos partidos: el PRI y Morena, que además portará tras  de sí a la sociedad misma tanto como a un amplio sector de la izquierda social.  ¿Alguien duda sobre cuál será el resultado?

Punto de quiebre: José Antonio Rivera Rosales

Punto de quiebre

Punto de quiebre

Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_69882" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

La aprehensión de Clara Elena Laborín, lideresa del cártel Beltrán Leyva, supone un punto de inflexión en el combate a la violencia en el estado de Guerrero.

Este punto de inflexión debe entenderse como un hito en la fenomenología de la violencia causada por el crimen organizado, que con la captura de La Señora pierde a uno de sus más importantes activos, aunque es previsible que pronto surjan nuevas cabezas que buscarán aprovechar el hueco para tomar el control de los grupos criminales que pululan en Acapulco.

La señora Laborín heredó la estructura delincuencial creada por los hermanos Beltrán Leyva tanto en Guerrero como en otros estados del país. Ella tomó el mando de lo que quedaba del antes poderoso cártel a partir de la aprehensión de su esposo, Héctor Beltrán, en octubre de 2014.

Antes de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, esa estructura criminal mantenía una línea de mando piramidal que aplicaba castigos severos a los transgresores de dentro y de fuera, inclusive con la muerte.

Fue el caso, por citar un ejemplo conocido públicamente, de Mario Alberto Pineda, uno de los hombres de mayor confianza del capo, a quien sorprendieron cuando transportaba un cargamento de cuatro millones de dólares de Acapulco a Cuernavaca, producto de asaltos a joyerías y otros negocios, algo prohibidísimo por el llamado Jefe de Jefes.

El cuerpo de El MP, como era conocido Pineda, fue encontrado apretujado en tambos colocados sobre la Autopista del Sol, junto a algunos de sus secuaces. Como se sabe, Pineda era hermano de María de los Ángeles, la ex primera dama de Iguala que, junto a su marido José Luis Abarca, están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así las cosas, la muerte de Arturo Beltrán Leyva provocó la fragmentación de la organización que, en Iguala, tomó el nombre de Guerreros Unidos, en el centro siguió operando con el nombre de Los Rojos, en la parte de La Montaña Baja se manejó como Los Ardillos y en el puerto predominó el llamado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), después de una lucha sangrienta contra La Barredora, lo que generó en 2011 una de las peores crisis de seguridad pública en el puerto que disparó los delitos graves en 374 por ciento, según datos de la Secretaría de Gobernación.

En lo sucesivo la principal característica de los grupos delictivos de la era post Beltrán fue la independencia: ya no rendían cuentas a nadie. Si acaso, mantenían una relación cordial con los sucesivos mandos del cártel por algún residuo de lealtad que aún los cohesionaba.

Todos se mantuvieron en esa tónica salvo los Guerreros Unidos, que se plano se enemistaron con los Beltrán a raíz de los homicidios de los hermanos Pineda, por lo cual crearon un poderoso grupo de sicarios para resguardar su territorio de cualquier incursión armada de parte de los Beltrán Leyva, lo que nunca ocurrió.

Lo que sí ocurrió es el lamentable episodio de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, lo que se orquestó mediante una compleja operación en la que policías federales y militares omitieron actuar, con los resultados ya conocidos.

Después de la fractura del cártel BL, los grupos criminales comenzaron a carecer de dinero y materia prima para su principal actividad, el trasiego de drogas, lo que devino en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento: los secuestros y la extorsión. Así comenzó la escalada extorsiva que hoy mantiene al borde del colapso a la actividad comercial, en especial al pequeño comercio, con su consecuente cauda de muertos.

De acuerdo con fuentes informadas, después de la aprehensión de Héctor Beltrán Leyva su esposa, la señora Laborín, tomó el mando de las operaciones en el puerto de Acapulco, por lo cual entró en conflicto con la estructura local.

Alentados por La Señora, algunos grupos criminales se organizaron para desafiar el predominio del CIDA y recomenzó la nueva era violenta que se hizo patente de manera nítida a partir de enero de este año, cuando arreciaron los atentados causados muchas veces contra gente inocente, sólo para “calentarle” la plaza a los mandos del CIDA.

Uno de los grupos criminales más violentos era el autodenominado Fuerzas Especiales en Defensa de Acapulco (FEDA), responsable de decenas de homicidios cometidos en el puerto entre 2015 y 2016.

Esa guerra privada entre formaciones criminales, en la que han caído muchos inocentes, es lo que estaba enterrando la imagen y economía de Acapulco.

En respuesta, más obligada que por gusto, desde la cúpula gubernamental se fraguó entonces una estrategia para detener a los grupos más violentos, lo que dio pauta para la captura de mandos criminales temibles como David Palma Analco, Fredy del Valle, Juan Carlos Rodríguez y, finalmente, la cabeza visible de esta vorágine sangrienta, la señora Clara Elena Laborín.

Aunque es imprevisible lo que pudiera pasar en lo sucesivo, resulta por lo menos plausible la detención de esta nueva camada de criminales que han hecho de la violencia extrema su bandera, en agravio de la ciudadanía toda.

Esta estrategia anticrimen, basada en silentes operaciones de inteligencia, tiene un operador: el jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, Omar García Harfuch, nieto de Javier García Paniagua, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen unipartidista.

Pareciera que García Harfuch ha logrado cimentar una ardua y silenciosa labor al frente de aquella dependencia, pero deberá concretar nuevas aprehensiones de cabecillas del crimen organizado tanto en Guerrero como en otras partes del país, si es que se quiere consolidar el trabajo gubernamental de combate a la delincuencia, a estas alturas tan necesario especialmente en el puerto de Acapulco, catalogado ya como la ciudad más violenta del país.

Las vidas perdidas no se podrán reponer jamás, pero si la violencia amaina en el puerto, habrá condiciones para reactivar la economía interna y el empleo, tan vulnerados a extremos inadmisibles. Sólo entonces la ciudadanía respirará aliviada.

Política de defensa

Política de defensa

Política

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_6725" align="alignleft" width="194"]José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Por vía de sus intereses geoestratégicos el imperio es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la seguridad nacional de México.

Ello quedó demostrado nítidamente por la visita del candidato republicano Donald Trump quien, aunque guardó las formas ante un miniaturizado Enrique Peña Nieto, reiteró su mensaje homofóbico y racista contra la ciudadanía mexicana.

La visita del republicano exhibió las debilidades del gobierno peñista y coadyuvó a distanciar al gabinete actual de su similar norteamericano, con el presidente Barak Obama a la cabeza, quien habrá hecho el coraje de su vida al saber del trato de jefe de estado dispensado por el gobierno mexicano a quien nos vino a insultar.

Por fortuna, pareciera que Trump no ganará la presidencia de los Estados Unidos en noviembre próximo. De lo contrario tendríamos enfrente una monumental problemática a juzgar por el discurso de odio enderezado en contra de los mexicanos, discurso que linda con el fanatismo y la estupidez, al caldo de cultivo ideal para el surgimiento de líderes totalitarios.

Sin embargo, sea Trump o Clinton quien acceda al liderazgo del país más poderoso de la Tierra en noviembre próximo, en realidad no hay mayor diferencia en cuanto al tratamiento que recibirán los mexicanos en el futuro mediato. Créanlo: extrañaremos a Obama.

Aunque la narrativa política de Trump es sin duda más ofensiva especialmente con los mexicanos, en realidad lo que parece encontrar nuevos acomodos en el gobierno estadunidense son algunos estratos de la sociedad norteamericana proclives a la expoliación, los que se encuentran insertos en ambos equipos que contienden por la presidencia de los Estados Unidos de América.

Así las cosas, nada bueno pinta el futuro para México, aunque los especialistas yanquis en propaganda traten de darle una imagen cosmética a todo este asunto.

Desde que comenzó a abrirse paso en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, el sistema neoliberal se constituyó como una nueva forma de colonización que tiene su punta de lanza en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo de comercio integral con los Estados Unidos y Canadá que, si bien tiene sus aspectos positivos, también ha causado daños devastadores especialmente al campo mexicano, que se encuentra en total y absoluta postración frente a sus competidores en el norte.

El fortalecimiento de los mercados y el adelgazamiento creciente de los estados nacionales, en el caso de México, devino en la fragilidad de algunas instituciones de estado que durante la era autoritaria habían constituido fortalezas infranqueables, como es el caso del presidencialismo mexicano.

Es por ello que en este país necesitamos instituciones fuertes que puedan hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse desde el exterior, tanto en términos diplomáticos y económicos como, especialmente, en el plano militar.

Si en el aspecto externo estamos en condiciones endebles, en el interior la situación de violencia extrema ha golpeado sensiblemente el mercado interno y generado saldos de sangre equivalentes al choque entre dos ejércitos, aunque oficialmente no somos un país en guerra.

Esa fragilidad del sistema político mexicano se manifestó claramente a partir de 2007, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón arrancó de manera formal la guerra contra los cárteles de la droga, cuadro de situación que hizo patente la inexistencia de una política de defensa nacional que permitiera sustentar dentro de un marco legal la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que implicó lanzar a un pozo sin fondo a las instituciones armadas mexicanas.

La decisión de Calderón, de golpear a los barones de la droga sin un previo análisis de inteligencia estratégica, sin planeación, sin la infraestructura militar idónea y, lo peor, sin el consenso de los mexicanos, sólo podía generar el baño de sangre que hemos atestiguado y sufrido los ciudadanos de entonces a la fecha.

Pero lo más grave es que el gobierno panista nunca previó la construcción de un marco conceptual y legal que permitiera la regulación de actuaciones de la Sección Segunda (Inteligencia), ni de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN), ambas de la Secretaría de la Defensa (SDN), que en los hechos son las responsables de combatir el flagelo de la droga y, por extensión, de la violencia.

Ese marco legal, debidamente discutido por el Congreso de la Unión, habría permitido levantar un entramado jurídico y operativo que normara las intervenciones de los militares en el combate a la criminalidad así como sus parámetros de actuación en el trato con civiles, lo que habría ahorrado muchísimos incidentes en los que, sin mayor criterio e instrucción, los soldados simplemente dispararon en situaciones ambiguas en las cuales se sintieron en peligro.

Más de 100 mil muertos y 37 mil desaparecidos después, el gobierno de Peña Nieto cayó en cuenta de que esta cruzada debió implementarse al revés: es decir, primero prepararse y luego atacar a la criminalidad, atomizada ahora en más de 60 grupos delincuenciales que mantienen una guerra abierta -entre sí y contra el gobierno mexicano-, en la que el mayor número de víctimas son ciudadanos inocentes.

A estas alturas, la fragmentación de los grandes cárteles de la droga abrió la puerta a otra fenomenología aún más peligrosa: el surgimiento de la insurgencia criminal.

Por lo que se sabe, uno de los aciertos de la administración de Peña Nieto es haber instalado equipos de analistas tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México que, entre 2013 y 2015, trabajaron arduamente en la construcción de una Política de Defensa Nacional (PDN).

Ese documento conjunto, que según trascendidos está listo desde diciembre de 2015, en teoría comprende no sólo lo relativo al marco legal de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida civil, sino también contiene propuestas para regular los diferentes sectores de la SDN, especialmente en lo que se refiere a la Industria Militar, en el proyecto de construir armamento, equipo, infraestructura, transporte aéreo y terrestre para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Por lo pronto, la Industria Militar trabaja en la fabricación del novísimo fusil FX-05 para uso común de la infantería, que paulatinamente comenzará a sustituir el G-3 fabricado por la firma alemana HK. Aunque estamos a años luz del desarrollo de la Industria Militar de México, una reconversión de la planta industrial permitiría fortalecer las capacidades militares de las Fuerzas Armadas para hacer frente a una eventual agresión exterior, que no es algo que deba descartarse.

Lo inexplicable es que, pese a estar terminada desde diciembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto no la ha dado a conocer ni siquiera ante el Congreso de la Unión, el espacio en el que deberán discutirse estos proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Así pues, habrá que darle tiempo al tiempo.

La tormenta

La tormenta

La tormenta

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_68035" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

El diferendo entre los gobiernos estatal y municipal, debido al crédito aprobado por el Cabildo porteño, pasó de ser un problema de procedimiento a una abismal ruptura entre ambos órdenes de gobierno, una situación que impactará negativamente en la gobernanza local.

Por desgracia para la comunidad, las diferencias entre ambos gobiernos se profundizaron desde que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en tono nada amable reprochó al alcalde Evodio Velázquez que su jefe de policía hubiera falseado documentos para acceder al cargo.

Había algo de cierto en esa acusación, de modo que el edil porteño tuvo que hacer los cambios exigidos en la estructura de Seguridad Pública, fundamental para hacer frente a la responsabilidad de prevenir el delito, que es lo que le compete al municipio.

Pero las diferencias han escalado, de modo que el asesinato del alcalde de Ciudad Altamirano y la revisión a fondo de la estrategia de seguridad para Acapulco, siguieron en la lista de desacuerdos entre ambos órdenes de gobierno, ante la pasividad de una sociedad civil local que se porta muy exigente cuando sus intereses personales son tocados, pero omisa cuando se trata del interés público -nadie, ni los colegios, ni el sector privado, ni las ONG, se han pronunciado para mediar en este conflicto creciente-.

En fecha reciente la aprobación de una línea de crédito por 158 millones de pesos, apoyada mayoritariamente por el Cabildo pero sin pasar por la sanción del Congreso, generó nuevos encontronazos entre la gestión municipal que encabeza Evodio Velázquez Aguirre y estatal de Héctor Astudillo Flores.

Parecieran diferencias de carácter ideológico, pero no lo son.

Son diferencias originadas en la calidad de la gestión, es decir, en el modo de gobernar, que por desgracia impactarán en la vida pública del municipio y del estado en lo general dado que afecta la interacción ascendente (entre órdenes de gobierno) y descendente (la calidad de la relación con los gobernados).

A querer o no, estamos ante un conflicto inter-institucional que tarde o temprano afectará la eficiencia de la administración pública municipal en Acapulco y, en menor medida, en el gobierno del estado.

En este punto sería deseable que el Congreso del Estado, en términos institucionales, interviniera para suavizar el estado de cosas con el fin de evitar que una interposición desde otras instancias -entiéndase el Congreso Federal o la Auditoría Superior de la Federación-, termine en un procedimiento de carácter penal con ingratas consecuencias.

Pero hablamos de una mediación política, no de la actitud golpeadora de los empleados de Luis Walton, que buscan la menor oportunidad para atacar al munícipe, con todo y que su gestión se caracterizó por la mediocridad.

Por otra parte, aquí habría que determinar quién o quiénes metieron al joven edil en esa ruta de confrontación con la que pretendían evadir los controles del Congreso local, diferendo en el que nada tiene que ganar Velázquez Aguirre. ¿Acaso tiene algo que ver su jefe de asesores?

Y mientras Evodio sortea el vendaval, sus colaboradores cercanos hacen de las suyas: fuentes internas mencionan a Merced Valdovino Diego, secretario de Finanzas, y a Víctor Aguirre Alcaide, de Desarrollo Social, como dos poderosos funcionarios que buscan copar los espacios de la administración municipal por cualquier medio, como una suerte de avanzada para el recambio del poder.

Así, mientras el alcalde afronta la tormenta exterior, quienes debieran ser sus hombres de confianza buscan posicionarse dentro de la estructura gubernamental clientelar en aras de un futuro más promisorio, incursión en la que derriban a todo el que se les atraviese, así sean compañeros de otras dependencias de la misma alcaldía.

En particular el inalcanzable secretario de Finanzas es mencionado como quien está preparando el terreno para una incursión política de mayores alcances, cuando estamos a un mes de que la administración de la que forma parte apenas cumpla el primer aniversario.

Merced Valdovino debiera ser observado a partir de los resultados que dejó en la administración municipal de Coyuca de Benítez, donde una abrumadora mayoría lo repudio cuando quiso repetir como alcalde, en particular porque en su gobierno menudearon los secuestros.

Una revisión exhaustiva de los antecedentes del exalcalde de Coyuca podría aportar elementos suficientes para entender su conducta. En el caso de Aguirre Alcaide no es necesario investigar antecedentes. Sólo pregunten en Tlapa cómo se las gasta, en especial cuando se encuentra bajo inspiración etílica.

Fuera de las fobias y las filias que caracterizan a un equipo político, Evodio debiera comenzar a valorar hacer los cambios necesarios en su gobierno para premiar a quienes han aportado resultados efectivos a su gestión y mandar a su casa a los que simulan eficiencia. Entre ellos estos dos secretarios.

Así, con estos aliados, Evodio no necesita enemigos. Con los que tiene dentro de su gobierno basta y sobra.

La tormenta

Usos y costumbres

Usos y costumbres

Usos y costumbres

Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_66629" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Tal como se observan las cosas, la ruta de los usos y costumbres de los pueblos indios parece conducir, indefectiblemente, a la construcción del cuarto orden de gobierno en el estado de Guerrero.

Autoridades populares del municipio de Ayutla, que representan el 80 por ciento de las comunidades de ese municipio habitado por cerca de 60 mil personas, en controversia promovida ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) demandaron elegir a sus autoridades municipales por usos y costumbres, en lugar del corrupto sistema de partidos políticos que ha causado tanto daño al tejido social.

Hasta ahora, la sentencia de la máxima autoridad electoral se mantiene firme en el sentido de que, después de una obligada consulta a las comunidades, una mayoría simple se pronunció por la elección de autoridades a través de los usos y costumbres, lo que sienta un precedente inédito e histórico pues en principio estamos presenciando, por lo menos en algunas micro regiones, el destierro de los partidos políticos.

Para alcanzar su propósito, las diversas autoridades comunitarias -comisarios municipales, comisariados ejidales, liderazgos naturales- tuvieron que combatir las corruptelas y engaños tanto de los partidos como del mismo gobierno municipal de Ayutla, que hicieron hasta lo imposible para boicotear la consulta, auxiliados -hay que decirlo fuerte y claro- por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el IEPC, que en todo momento actuó con parcialidad durante el proceso de consulta.

A ello habría que agregar las informaciones sesgadas de algunos medios que en diversos despachos de prensa desinformaron a la población, diciendo que la consulta había sido invalidada por la autoridad electoral. Nada más falso.

En realidad estamos ante un proceso de empoderamiento de los estratos populares que, de este modo, mostraron su rechazo a la ambición desbocada y corrupción mostrada por las dirigencias partidistas que sólo buscan los cargos de elección popular como una fórmula infalible de enriquecimiento, en lugar de atender las demandas de los gobernados en particular de un estado tan pobre como Guerrero.

En el caso del histórico municipio de Ayutla, los diferentes liderazgos comunitarios lograron conjugar los esfuerzos de las comunidades, en particular de los hablantes de las lenguas tu’un savi y me’phaa que constituyen mayoría, para por primera vez en la historia reciente elegir a sus autoridades por usos y costumbres -es decir, en asamblea abierta y a mano alzada-.

Así, en el 2018 estamos por presenciar un proceso electoral inédito en el que los habitantes en edad de votar podrán elegir a sus nuevas autoridades en forma directa y abierta, en presencia de toda la comunidad.

Es decir, estamos por atestiguar un ejercicio de democracia directa en un marco de transparencia total. Por lo menos en el territorio ayutleco, este novísimo y al mismo tiempo ancestral mecanismo de elección de autoridades se traducirá en el principio del fin de los partidos políticos.

¿Por qué lo definimos de esta manera?

Muy sencillo: en los municipios colindantes y cercanos como Tecoanapa, Cuautepec, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Ometepec y Tlacoapa, diferentes liderazgos populares e indígenas ya tomaron nota de los alcances de este procedimiento más acorde con la cosmovisión amerindia y comienzan a hacer aprestos para desahogar procedimientos similares que les permitan sacudirse para siempre a los partidos políticos.

Es probable que no todos los intentos tendrán éxito, pero también es probable que una parte considerable de los 19 municipios de La Montaña comenzarán a hacer lo propio para tomar en sus manos la conducción de su destino, tomando el ejemplo tanto de Ayutla como de Cherán en el vecino Michoacán, donde sus habitantes decidieron cortar por lo sano con los partidos políticos e instauraron su propia gestión de gobierno autónomo.

Aunque hasta el momento se trata de intentonas un tanto rudimentarias, las comunidades indígenas de la región denominada Costa-Montaña han demostrado ingenio e innovación a la hora de decidir su destino.

Ahí está el ejemplo del Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), que con el tiempo pasó a denominarse Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) debido a la adhesión paulatina de pueblos mestizos y negros, que comenzaron a ver en ese proceso organizativo la salida a la exclusión social, el abandono y el olvido gubernamental de tantos años.

El paso siguiente sería la promoción legal de los gobiernos comunitarios con presupuestos participativos, que permitan la asignación de recursos a proyectos de interés comunitario, no de los partidos políticos. En los hechos, integradas como un todo, las autoridades comunitarias de algunas micro regiones ya aplican de facto los gobiernos comunitarios en pequeñas porciones de territorio, como es el caso de Ahuacachahue en el mismo municipio de Ayutla.

En pocas palabras, estamos en presencia de un proceso de construcción del poder popular que, sin el ingrediente subversivo, promueve la solidaridad orgánica como una forma y mecanismo de sobrevivencia frente a estados nacionales rebasados por un mercado neoliberal profundamente depredador, que se ha convertido ya en la nueva instancia de colonización.

Sólo que ahora van por las riquezas minerales y por el territorio.

Así pues, las nuevas forma de resistencia se traducen en una lucha por la defensa del territorio que es, ahora y en el futuro inmediato, el último espacio de resistencia de los pueblos oprimidos.

La ruptura

La ruptura

La ruptura

Bajo Fuego por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_65873" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

El asesinato de Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano, terminó por generar discrepancias entre dos de los principales grupos políticos de Guerrero.

Por desgracia, en los hechos esa disputa se traduce en una ruptura institucional entre los gobiernos del estado y municipal de Acapulco, lo que en nada ayuda a resolver los graves problemas de violencia que mantienen bajo acoso a la ciudadanía guerrerense.

Aunque lo nieguen, el diferendo entre ambos gobiernos -más que entre grupos políticos- afectará los programas que las instituciones mantienen en operación para atender la sentida demanda social, tanto en el territorio del municipio que concentra el 24.5 por ciento de la población total del estado, como  en el resto mismo de la entidad, donde las fobias políticas con seguridad propiciarán una actitud de revanchismo.

En un sentido amplio del concepto, ambos gobiernos esgrimen argumentación con un cierto sentido de la razón, pero esto es sólo una percepción a la que habrá que aplicar un necesario ejercicio de memoria.

En realidad las dirigencias partidistas, convertidas después en gobierno, tienen plena responsabilidad en los hechos que hoy se reclaman.

Han sido esas dirigencias, que hoy fingen olvido, las responsables de las diferentes violencias que hoy padecen todos los guerrerenses, tanto de un partido como de otro. Esto es: tanto en el PRD como en el PRI hay responsables que hoy debieran estar en prisión, en lugar de despachar en un cubículo con aire acondicionado y sueldos generosos.

A los líderes formales del Partido de la Revolución Democrática se les olvida que fue ese instituto político el que llevó al poder a personajes como Zeferino Torreblanca, José Luis Abarca y a algunos alcaldes que, por cierto, hoy medran como diputados del Congreso local.

Pero los jerarcas priistas también tienen su parte en el pastel de la corrupción, la impunidad y la violencia resultante.

Aunque formalmente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en enero de 2007, es en los gobiernos locales que se incubó la presencia de los Beltrán Leyva desde por lo menos la segunda mitad de la década de los noventa, dominio que se fortaleció durante los mandatos de René Juárez Cisneros (1999-2005), Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) y Ángel Aguirre Rivero (2011-2014).

Una versión creíble cuenta que, durante el mandato de Juárez Cisneros, el cuerpo de seguridad del gobernante sostuvo una fricción con un grupo de sicarios en las cercanías de Casa Acapulco, en la exclusiva Zona Diamante. Para evitar un enfrentamiento, quien parecía ser el jefe de sicarios le dijo a los escoltas del mandatario: “Ya estamos arreglados con A-1”. Esa era entonces la clave policiaca para designar al gobernador.

En un periodo de tiempo equivalente al de los gobernadores, fueron alcaldes de Acapulco el priista  Manuel Añorve Baños (interinato trunco 1997-1999), el perredista Zeferino Torreblanca (1999-2002), el también perredista Alberto López Rosas (2002-2005), el controversial Félix Salgado Macedonio (2005-2008) y, de nuevo, Añorve Baños (2009-2012).

Si establecemos una equivalencia en tiempos, en realidad desde la segunda mitad de los noventa el cártel Beltrán Leyva ya estaba arraigado en el estado de Guerrero, señaladamente en el puerto de Acapulco, desde donde controlaban todo el territorio estatal a través de sus lugartenientes.

Tan era pública su presencia que en marzo de 1999 se dieron el lujo de convocar a una gran presentación en el hotel Hyatt Regency, a la que asistieron personajes de la vida social porteña, de la farándula, así como empresarios connotados e inclusive el exalcalde Manuel Añorve Baños. El recuento de los testigos contabilizó entonces a unos 600 invitados.

La convocante, según investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), era Clara Elena Laborín, quien fue presentada como una sinaloense emprendedora en compañía de su esposo el ingeniero Alonso Rivera Muñoz, identidad que encubría la verdadera: se trataba de Héctor Beltrán Leyva. El evento fue organizado por el conductor Francisco Guillermo Ocaña, actualmente recluido en prisión por cargos de delincuencia organizada.

El caso es que el imperio de los hermanos Beltrán, en pleno auge, contó siempre con el silencio o discreción de los gobiernos en turnos, tanto estatales como municipales, de uno u otro partido. La muerte del capo Arturo Beltrán, en diciembre de 2009, provocó una diáspora de los grupos que antes eran socios, los que se fraccionaron dando lugar una suerte de mini cárteles que hoy trabajan por su cuenta y son responsables por la violencia brutal que mantiene en vilo a la población civil.

En este contexto habrá que recordar que fueron algunas dirigencias del PRD, de la tribu conocida como Los Chuchos, las que llevaron al poder a diversos personajes de la región de Tierra Caliente que mantenían vínculos inequívocos con jefes locales de la delincuencia organizada. El caso más trágico y emblemático es el de José Luis Abarca en Iguala, pero hay otros que ahora despachan como diputados en el Congreso local. Este fenómeno ocurrió más en Tierra Caliente y en la Zona Norte que en otras regiones del estado.

Con su esposa María de los Ángeles Pineda, José Luis Abarca era el promotor de activos del capo Arturo Beltrán, con quien se enemistaron cuando el traficante ejecutó a dos de los hermanos Pineda, sus cuñados. Entonces vino la ruptura, que dio pauta para la creación del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, en sociedad con Mario Casarrubias Salgado, quien fuera uno de los hombres de mayor confianza del clan Beltrán Leyva.

En el caso de Acapulco el empresario detenido Joaquín Alonso Piedra, quien según versiones ejercía la misma función para los Beltrán, ha sido también uno de los hombres cercanos a Manuel Añorve Baños. ¿Acaso Añorve desconocía este antecedente?

Así pues, en este holocausto de corrupción y complicidades, nadie parece estar libre de mácula. Juzgue el lector.

Bajo Fuego 2016

(Bajo Fuego 2016) %imagen%
Bajo Fuego 2016
Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales



El trágico episodio de los secuestrados en los municipios de Arcelia y Ajuchitlán terminó el pasado fin de semana en el rescate con vida de 25 personas, lo que destensó la angustiosa espera a la que fueron sometidos sus famil
Ver nota completa: http://notimundo.com.mx/bajo-fuego-2016/