La ruptura

La ruptura

La ruptura

Bajo Fuego por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_65873" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

El asesinato de Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano, terminó por generar discrepancias entre dos de los principales grupos políticos de Guerrero.

Por desgracia, en los hechos esa disputa se traduce en una ruptura institucional entre los gobiernos del estado y municipal de Acapulco, lo que en nada ayuda a resolver los graves problemas de violencia que mantienen bajo acoso a la ciudadanía guerrerense.

Aunque lo nieguen, el diferendo entre ambos gobiernos -más que entre grupos políticos- afectará los programas que las instituciones mantienen en operación para atender la sentida demanda social, tanto en el territorio del municipio que concentra el 24.5 por ciento de la población total del estado, como  en el resto mismo de la entidad, donde las fobias políticas con seguridad propiciarán una actitud de revanchismo.

En un sentido amplio del concepto, ambos gobiernos esgrimen argumentación con un cierto sentido de la razón, pero esto es sólo una percepción a la que habrá que aplicar un necesario ejercicio de memoria.

En realidad las dirigencias partidistas, convertidas después en gobierno, tienen plena responsabilidad en los hechos que hoy se reclaman.

Han sido esas dirigencias, que hoy fingen olvido, las responsables de las diferentes violencias que hoy padecen todos los guerrerenses, tanto de un partido como de otro. Esto es: tanto en el PRD como en el PRI hay responsables que hoy debieran estar en prisión, en lugar de despachar en un cubículo con aire acondicionado y sueldos generosos.

A los líderes formales del Partido de la Revolución Democrática se les olvida que fue ese instituto político el que llevó al poder a personajes como Zeferino Torreblanca, José Luis Abarca y a algunos alcaldes que, por cierto, hoy medran como diputados del Congreso local.

Pero los jerarcas priistas también tienen su parte en el pastel de la corrupción, la impunidad y la violencia resultante.

Aunque formalmente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en enero de 2007, es en los gobiernos locales que se incubó la presencia de los Beltrán Leyva desde por lo menos la segunda mitad de la década de los noventa, dominio que se fortaleció durante los mandatos de René Juárez Cisneros (1999-2005), Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) y Ángel Aguirre Rivero (2011-2014).

Una versión creíble cuenta que, durante el mandato de Juárez Cisneros, el cuerpo de seguridad del gobernante sostuvo una fricción con un grupo de sicarios en las cercanías de Casa Acapulco, en la exclusiva Zona Diamante. Para evitar un enfrentamiento, quien parecía ser el jefe de sicarios le dijo a los escoltas del mandatario: “Ya estamos arreglados con A-1”. Esa era entonces la clave policiaca para designar al gobernador.

En un periodo de tiempo equivalente al de los gobernadores, fueron alcaldes de Acapulco el priista  Manuel Añorve Baños (interinato trunco 1997-1999), el perredista Zeferino Torreblanca (1999-2002), el también perredista Alberto López Rosas (2002-2005), el controversial Félix Salgado Macedonio (2005-2008) y, de nuevo, Añorve Baños (2009-2012).

Si establecemos una equivalencia en tiempos, en realidad desde la segunda mitad de los noventa el cártel Beltrán Leyva ya estaba arraigado en el estado de Guerrero, señaladamente en el puerto de Acapulco, desde donde controlaban todo el territorio estatal a través de sus lugartenientes.

Tan era pública su presencia que en marzo de 1999 se dieron el lujo de convocar a una gran presentación en el hotel Hyatt Regency, a la que asistieron personajes de la vida social porteña, de la farándula, así como empresarios connotados e inclusive el exalcalde Manuel Añorve Baños. El recuento de los testigos contabilizó entonces a unos 600 invitados.

La convocante, según investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), era Clara Elena Laborín, quien fue presentada como una sinaloense emprendedora en compañía de su esposo el ingeniero Alonso Rivera Muñoz, identidad que encubría la verdadera: se trataba de Héctor Beltrán Leyva. El evento fue organizado por el conductor Francisco Guillermo Ocaña, actualmente recluido en prisión por cargos de delincuencia organizada.

El caso es que el imperio de los hermanos Beltrán, en pleno auge, contó siempre con el silencio o discreción de los gobiernos en turnos, tanto estatales como municipales, de uno u otro partido. La muerte del capo Arturo Beltrán, en diciembre de 2009, provocó una diáspora de los grupos que antes eran socios, los que se fraccionaron dando lugar una suerte de mini cárteles que hoy trabajan por su cuenta y son responsables por la violencia brutal que mantiene en vilo a la población civil.

En este contexto habrá que recordar que fueron algunas dirigencias del PRD, de la tribu conocida como Los Chuchos, las que llevaron al poder a diversos personajes de la región de Tierra Caliente que mantenían vínculos inequívocos con jefes locales de la delincuencia organizada. El caso más trágico y emblemático es el de José Luis Abarca en Iguala, pero hay otros que ahora despachan como diputados en el Congreso local. Este fenómeno ocurrió más en Tierra Caliente y en la Zona Norte que en otras regiones del estado.

Con su esposa María de los Ángeles Pineda, José Luis Abarca era el promotor de activos del capo Arturo Beltrán, con quien se enemistaron cuando el traficante ejecutó a dos de los hermanos Pineda, sus cuñados. Entonces vino la ruptura, que dio pauta para la creación del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, en sociedad con Mario Casarrubias Salgado, quien fuera uno de los hombres de mayor confianza del clan Beltrán Leyva.

En el caso de Acapulco el empresario detenido Joaquín Alonso Piedra, quien según versiones ejercía la misma función para los Beltrán, ha sido también uno de los hombres cercanos a Manuel Añorve Baños. ¿Acaso Añorve desconocía este antecedente?

Así pues, en este holocausto de corrupción y complicidades, nadie parece estar libre de mácula. Juzgue el lector.

La guerra que viene

La guerra que viene

La guerra

Bajo Fuego. Por:  José Antonio Rivera Rosales

La incursión armada contra la casa natal de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida en Sinaloa el mes pasado, debe entenderse como un anuncio al país de días aciagos por venir.

El sábado 11 de junio un comando de aproximadamente 150 hombres armados atacó el rancho de El Chapo Guzmán en Badiraguato, un atentado que nadie en su sano juicio intentaría.

Según reportes de prensa, después del ataque el capo envió 200 hombres fuertemente armados a proteger su terruño y rescatar a su madre, Consuelo Loera, a quien trasladaron en avioneta hacia un lugar desconocido.

El ataque, en el que murieron unas ocho personas al servicio de la familia Guzmán Loera, constituye en realidad un adelanto de la nueva escalada de violencia que en breve sacudirá al país.

La incursión causó extrañeza en la cúpula de seguridad del gobierno federal dado que nadie esperaba que algún grupo organizado lanzara una operación de esa naturaleza, precisamente contra el domicilio donde residía la madre del capo, algo que El Chapo jamás perdonaría.

Empero, en una entrega de esta columna fechada el 30 de noviembre de 2015 (Bajo Fuego 172), titulada “Volver al pasado”, ya se advertía sobre esta escalada que, de acuerdo con diferentes fuentes, obedece a un plan preconcebido por los viejos capos de la droga que pretenden volver por sus fueros, ofensiva que estaría a cargo de Rafael Caro Quintero.

En el cuerpo de esa entrega adelantábamos lo que ya se comienza a materializar en los hechos: “Fuentes conocedoras del entorno en que se desenvolvieron los traficantes de aquella época (los ochenta), consideran que llegó el momento en que las cosas vuelvan a ser como eran antes: es decir, que los traficantes de droga se dediquen a traficarla y que los terceros o cuartos que llegaron a roles de mando se vayan a sus casas…o a una tumba”.

Anotábamos entonces: “Trascendidos dignos de crédito, que coinciden en lo fundamental, apuntan a la misma ruta: varios de los viejos capos resolvieron retornar por sus fueros y en 2016 tomarán el control del tráfico de drogas en México”.

“Ello propiciará, como es lógico suponer, una nueva oleada de violencia por el control de rutas, territorios, logística y droga en todo el escenario nacional, pero particularmente en las áreas geográficas que controlaban originalmente los viejos capos”.

“Según la versión, este proyecto estaría encabezado por Caro Quintero -enfurecido porque el gobierno mexicano  pretende despojarlo de una parte substancial de sus capitales, ocultos en otros países, sin tomar en cuenta todos los años que pagó con prisión-.”

“Así, con el respaldo de su riqueza, los capos actuarían en concertación para desplazar a los jefes actuales de las bandas criminales que pululan por todo el país sembrando el terror entre decenas de miles de familias mexicanas (¿recuerdan los 26 mil desaparecidos, que con seguridad están muertos?).”

“Tal como lo describen las fuentes, lo que se avecina en México, probablemente en el segundo semestre de 2016, es una nueva oleada de violencia por el control territorial que muchos delincuentes menores usurparon a los verdaderos jefes del tráfico de drogas, el negocio que pretende restablecer en toda su magnitud esta alianza de barones de la droga”.

“Eso significaría que sus embates estarían dirigidos, también, contra los secuestradores y los extorsionadores que se han volcado a despojar a muchas familias de lo poco que tienen. En la lectura de estos personajes, el narcotráfico volvería a ser lo que era antes: sólo un trasiego de drogas que, en compensación, mantendría una sana distancia de los intereses de la población.”

Hasta aquí las anotaciones de noviembre, en las que advertimos que esta purga comenzaría en el segundo semestre de 2016.

Por desgracia el ataque contra el rancho de La Tuna (junio 11 del año en curso), donde residía Aureliano Guzmán, hermano mayor del capo sinaloense -a quien al parecer buscaban los sicarios-, parece confirmar la versión de una guerra inminente en la que estarían implicados varios de los cárteles que mantienen aún una fuerte presencia en todo el país.

En versiones de prensa comenzó a permear la versión de que quien estaría atrás de esta primera incursión es nada menos que Rafael Caro Quintero, en alianza con los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Carrillo y otras formaciones delictivas.

¿Pero cómo se explica esta nueva escalada?

Aquí conviene recordar algunos episodios que, a la distancia, pierden significado si no se les encuadra en un contexto determinado de la historia de los cárteles y sus alianzas, muchas veces fallidas.

Cuando en 2001 Guzmán Loera se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, recibió ayuda y cobijo de sus primos los Beltrán Leyva y de los Carrillo Fuentes. Poco después El Chapo les propuso la integración de una “federación de cárteles” que monopolizaría el tráfico de drogas en el país.

Pero los problemas iniciaron cuando comenzó  a chocar con Rodolfo Carrillo, a quien sus mayores le habían encargado la operación financiera de la federación, lo que implicaba el control de las utilidades por el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Según versiones, El Chapo pretendía mayores márgenes de ganancia, a lo que siempre se opuso el llamado Niño de Oro.

Un día de septiembre de 2004 Rodolfo Carrillo y su esposa fueron acribillados en Mazatlán, lo que colocó bajo sospecha a Joaquín Guzmán ante el cartel encabezado por Vicente Carrillo Fuentes.  Eso provocó la ruptura entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa. No obstante, los hermanos  Beltrán Leyva sostuvieron su apoyo al capo sinaloense.

En enero de 2008 las Fuerzas Armadas detuvieron a Alfredo Beltrán, El Mochomo, hermano del capo Arturo Beltrán, el llamado “jefe de jefes”, lo que provocó la furia de quien estaba considerado como uno de los jefes del narcotráfico más respetado por sus contrapartes. Era un consenso de los capos que quien entregó a El Mochomo fue Guzmán Loera.

El encono contra Joaquín Guzmán fue tal que en diferentes ciudades -incluida Acapulco- aparecieron mantas que amenazaban: “Llegarás a la Semana Santa, pero a la Navidad no llegas”. Era una sentencia de muerte lanzada por Arturo Beltrán contra su primo El Chapo Guzmán a quien, para entonces, todos los capos ya consideraban el  traidor de la gran familia constituida por los barones de la droga.

Pero quien murió en diciembre de 2009 fue nada menos que Arturo Beltrán, en un operativo lanzado por Fuerzas Especiales de la Armada de México en la ciudad de Cuernavaca. De nuevo, las sospechas se dirigieron contra El Chapo, quien según versiones  entregó datos a las fuerzas gubernamentales sobre la ruta que utilizaba Beltrán Leyva para desplazarse entre Morelos y Puebla.

Arturo Beltrán Leyva era contemporáneo de los viejos barones de la droga que durante los ochenta mantuvieron el control del tráfico en todo el territorio, en alianza con Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo de capos, quien tras su reclusión entregó la estafeta a Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, un jefe narco que mantuvo una férrea paz y control territorial hasta su muerte en la segunda mitad de los noventa. Por entonces Joaquín Guzmán era un simple pistolero protegido por su primo Arturo Beltrán.

Considerando este historial de ofensas, es perfectamente entendible que estamos ante un gran ajuste de cuentas: los agravios de 2004, 2008 y 2009 están por ser cobrados por la nueva alianza de cárteles que, en el trayecto, buscará retomar el control del tráfico de drogas en todo el país.

De acuerdo con versiones confiables que han trascendido, la nueva alianza se erigió entre Caro Quintero -en representación de los viejos capos- con los remanentes del cártel Beltrán Leyva y con los Carrillo pero, sobre todo, con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fundado a la sombra de Ignacio Nacho Coronel, cártel moderno que mantiene una relación entrañable con los hermanos Beltrán Leyva.

Si esto es así, entonces la incursión de junio contra el rancho familiar de El Chapo Guzmán es apenas el comienzo de una nueva guerra de cárteles de pronósticos reservados, que sin duda incidirá en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie por vía de episodios de violencia que podrían cimbrar al país.

Es bastante probable que la guerra de bandas criminales que actualmente presenciamos, palidezca frente a los embates de los poderosos barones de la droga que están decididos a recuperar sus territorios. Esto es lo que se nos viene encima. A todos los mexicanos.