Durante 4 horas retienen a funcionarios y periodistas

Durante la retención provocada por ganaderos; exigieron solución a conflicto agrario

El encono provocado por la presunta displicencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu); del gobierno federal y las omisiones del gobierno de Nayarit ante el conflicto agrario entre la comunidad wixarika (huichola); de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan y ganaderos mestizos de Huajimic, en el municipio de La Yesca; provocó que ganaderos retuvieran durante más de cuatro horas a personal del Tribunal Agrario 56, al abogado de la comunidad y a un grupo de periodistas.

Ayer jueves, durante la ejecución de la primera de 13 sentencias que les restituyen casi 2 mil hectáreas al pueblo wixarika, el gobierno de Nayarit; decidió mandar al sitio sólo a un par de policías investigadores pese a la solicitud de mayor apoyo por parte del Tribunal; y la advertencia de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas; de que el asunto es de “alta conflictividad social”.

Esta primera “ejecución forzosa”, que implicó desalojar a la posesionaría de casi 200 hectáreas; se logró realizar debido a que bajaron desde las comunidades de San Sebastián y Tuxpan unos 800 wixaritari que tomaron el territorio.

Sin embargo, por la tarde, al terminar la diligencia legal, al menos un centenar de ganaderos enfurecidos; –que también tienen documentos de propiedad en este conflicto que en total afecta 10 mil hectáreas; – bloquearon el paso de los funcionarios del tribunal, del abogado y de los periodistas y los retuvieron ahí para exigir la presencia de autoridades estatales y federales; que puedan solucionar este conflicto.

La Policía Nayarit en todo momento se mantuvo varios kilómetros alejada del sitio del conflicto; que solo era vigilado por unos cuantos elementos de la policía municipal y la fiscalía del estado.

Incluso, algunos de los ganaderos presentes en el bloqueo dijeron que el presidente municipal de La Yesca; Jair de Jesús Paredes Castañeda, tenía órdenes del gobernador, Roberto Sandoval, de no intervenir en el asunto.