Médula Por: Jesús Lépez Ochoa
En un sistema político donde las élites tienen el monopolio de la representación popular, qué más da si se condiciona con el mínimo requisito de saber leer y escribir el derecho a ser votado.
La igualdad ante la ley es mera ficción. Es un hecho que hoy en día la justicia deja de ser ciega ante el esplendor de unas monedas, que los derechos a la educación y a la salud son circunstanciales a las condiciones económicas y sociales de cada persona y que todos tenemos derecho a votar, pero ser votados, solamente aplica para quienes forman parte de la clase política.
La forma en que la partidocracia se blinda para evitar el libre acceso a cualquier ciudadano a los cargos de elección popular se advierte sorprendentemente en las llamadas candidaturas independientes de reciente creación en la legislación electoral de nuestro país.
La regulación impuesta por los partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD mediante su “pacto por México” a esta nueva figura electoral es por mucho más estricta que la que regula a los partidos políticos y a sus candidatos.
De acuerdo con lo denunciado por Movimiento Ciudadano, los candidatos independientes resultan inviables en virtud de que tendrán que cumplir muchos más requisitos que los partidos de nueva creación para registrarse; recibirán menos financiamiento que éstos; tendrán menos acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión; y pesará sobre ellos una excesiva fiscalización y un mayor rigor en las sanciones.
De entrada un candidato independiente goza de menor tiempo para organizarse y juntar por Ley, cuatro veces más simpatizantes que un partido de nueva creación y además presentar credencial de elector de cada uno de ellos, requisito que no se exige a los institutos políticos. Es más fácil registrar a un nuevo partido que goce de amplias prerrogativas que a un candidato independiente que tendrá el mínimo de éstas para hacer campaña.
Los partidos políticos mantienen así el monopolio de la representación popular para postular a quien sus cúpulas deseen, obvio, de entre sus militantes de élite. No cualquier afiliado. Esos solamente votarán, pero probablemente nunca sean votados.
Lo mínimo que podemos pedirles, es que si no postulan a gente que reúna los perfiles necesarios para gobernar o representarnos en los congresos y cabildos, al menos se les exija lo básico como se hizo en Durango con la polémica reforma al artículo 69 de la Constitución de ese estado, misma que derivó en un interesante debate al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que terminó avalando la exigencia de saber leer y escribir para beneficiarse del voto ciudadano.
¿Quién dirá esta boca es mía en el Congreso de Guerrero?
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