Cofece investiga la distribución de cepillos dentales

Investiga cepillos dentales por prácticas monopólicas, Cofece

México. - Investiga Cofece la distribución de cepillos dentales por realizar prácticas monopólicas absolutas en la producción, distribución y comercialización.

Asimismo, dijo la Comisión Federal de Competencia Económica; que se dio una posible realización de cepillos adquiridos por el sector salud en el territorio nacional.

La autoridad dijo en un comunicado, que se mantienen una investigadora precisa; que existe una causa objetiva que indica la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado referido.

Al respecto, el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe; comentó que las licitaciones deben asegurar el mejor valor por el dinero de los contribuyentes y la colusión en ventas al sector salud es grave.

Informan que se gasta más en beneficio de unos pocos empresarios; y en detrimento de la población en general que contará con menos recursos para los servicios de salud

“Para la Comisión es prioridad investigar la colusión en licitaciones, en especial en este sector”, apuntó.

Refirió que en 2017 el gasto público federal asignado a la compra de productos farmacéuticos; y de laboratorio es de casi 5,700 millones de pesos

Explicó que se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones que llevan a cabo agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricciones o limitación de la oferta

También, división o segmentación de mercados, concentración o coordinación de posturas en licitaciones; así como el intercambio de información con el objeto o efecto de los cuatro supuestos anteriormente señalados.

La Cofece detalló que, si existen elementos para determinar la posible responsabilidad por las prácticas monopólicas investigadas, se emplazará a los agentes económicos señalados para que manifiesten o presenten las pruebas que a su derecho convenga

De igual modo, la orden de suprimir la conducta, inhabilitación hasta por cinco años y multas hasta por el equivalente a 200,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente en la conducta, en representación o por cuenta y orden de un agente económico.