Policías ministeriales involucrados en matanza de Tlatlaya, Edomex

Policías ministeriales involucrados en matanza de Tlatlaya, Edomex

Toluca, México, 16 de julio de 2015.- Proceso un juez de control del distrito de Toluca, vinculación penal por delito de tortura a otros tres policías ministeriales del estado de México.

Tras haber maltratado y abusado de tres mujeres, el pasado 30de junio del de las testigos sobre la matanza de Tlatlaya.

Con ellos tres, se suman ya siete uniformados que están sujetos a proceso penal por tortura y por abuso de autoridad a un ministerio público.

Todos ellos participaron en las primeras diligencias de la investigación por el asesinato de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, a manos de soldados del Ejército Mexicano.

Desde principios de mes la Procuraduría del estado había ejercido acción penal contra estos ocho servidores públicos.

El juez negó en estos tres casos la orden de aprehensión por considerar que no había elementos para presumir su responsabilidad en el delito de tortura.

Por el momento, los ministeriales permanecerán en libertad, pues el delito del que se les acusa no es grave. Eso sí, tuvieron que pagar una fianza para evitar ser ingresados al penal de Santisguito.

El juez fijó cuatro meses para que la Procuraduría termine la integración del expediente para que en diciembre inicie de manera formal el juicio oral por tortura.

Asimismo, la Procuraduría perfeccionó la acusación y ayer por la noche el juez decretó el auto de vinculación a proceso.

Policías ministeriales involucrados en matanza de Tlatlaya, Edomex

Chiapas: Policías ministeriales rescatan a migrantes centroamericanos

Chiapas: Policías ministeriales rescatan a migrantes centroamericanos

Chiapas, 10 de junio de 2015.- Policías ministeriales y de seguridad pública rescataron en una carretera del norte de Chiapas a 10 migrantes centroamericanos y detuvieron a dos presuntos polleros.

Informa el Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), los polleros pretendieron sobornar a los uniformados para que los dejaran libres, agregó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El operativo se realizo en el tramo carretero al ejido Lumijá, del municipio de Salto de Agua, la policía detectó un automóvil Nissan tipo Xterra que se desplazaba a exceso de velocidad.

En el lugar fue detenido el conductor del automóvil, Roberto “N”, y su acompañante Carmen “N”.

Tras revisar el vehículo fueron detectadas 10 personas que viajaban en condiciones de hacinamiento, unas encima de otras.

En el grupo de extranjeros iban cinco menores no acompañados.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que el conductor al ser descubierto trató de sobornar a los uniformados, con el ofrecimiento de cinco mil pesos para dejarlos en libertad, pero éstos rechazaron la propuesta.

En declaraciones ministeriales las víctimas dijeron que cada quien pagó 500 pesos para que los trasladaran a la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes inició la averiguación previa 024/FEDCCI-CJ03/2015 por delitos contra la ley de migración.

Especificó el Personal de la PGJE proporcionó a los indocumentados alimentación, atención médica y sicológica.

Chiapas: Policías ministeriales rescatan a migrantes centroamericanos

Denuncian casería de “Chivos expiatorios” en la PGJEG

Reportera. Estefanía Arcos

diamantedorado12@hotmail.com

Chilpancingo.Guerrero, 25 de julio de 2014.-Policías Ministeriales aseguran que se ha orquestado una casería de brujas al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, (PGJEG), que encabeza Iñaki Blanco Cabrera, a quien acusan de estar actuando en contra de los elementos estatales, etiquetándolos  como “chivos expiatorios”, al fabricarles delitos del orden común y federal.

Lo anterior fue denunciado por elementos policiacos activos que prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias y quienes aseguran que están siendo hostigados para que revelen quien está filtrando información que presuntamente es confidencial en la fiscalía estatal, en torno a la forma de operar del procurador de justicia Iñaki Blanco  Cabrera y de la Dirección General de Averiguaciones Previas.

Los jefes policiacos, afirman que están siendo hostigados y amenazados por no practicar la política de Iñaki Blanco Cabrera, quien tuerce la ley para provecho personal y revanchismo político, destacando “la prueba existe con el  comandante David Urquizo Molina, a quien se le está fabricando un delito como presunto delincuente al relacionarlo con Julio Cesar Guzmán Camacho, quien fuera jefe de sicarios de Los Rojos en Chilpancingo.

El arrestado hoy en día está recluido por delincuencia organizada y se le vincula con el caso del atentado contra el empresario capitalino, Pioquinto Damián Huato, en la que murió su nuera Laura Rosas Brito, el 28 de enero del 2014 cuando regresaba de una asamblea en el poblado de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.

Aseguran los quejosos que el comandante Urquizo Molina está siendo señalado injustamente por los familiares del probable delincuente, Guzmán Camacho, por los delitos de robo de vehículo, cuando en realidad al ser asegurado no contaba con la documentación oficial para circular y se trata de una camioneta tipo Cherokee de modelo reciente y quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común que inició la causa.

Precisan que por este motivo, el jefe policiaco enfrenta una acusación  y lo peor del caso, el mismo procurador General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera,  está asesorando personalmente  a los familiares del probable delincuente, por lo que afirman que queda demostrado  que  sobre manera le interesa ver tras las rejas al comandante quien cumplió con su trabajo y su responsabilidad para salvaguardar las garantías individuales y a la sociedad civil.

Sus compañeros de trabajo revelaron que  está “escondido” tramitando un amparo federal que le permitan enfrentar la acusación en libertad y probar su inocencia, sin embargo el mismo Iñaki Blanco le niega el derecho que la misma Constitución le confiere a todo acusado.

Esto nos tiene en zozobra a todos, añaden los quejosos, ya que por cumplir un trabajo dentro de la ley, ahora le están invirtiendo los papeles, dado los intereses bastardos de Blanco Cabrera quien está obligado a respetar y salvaguardar la ley por encima de cualquier interés personal.