Ley General de Desaparición Forzada en México urgente por organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI).
La Ley General de Desaparición Forzada en México; es uno más de los temas pendientes considerados urgentes por organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI); que espera abrirse paso en el periodo ordinario de sesiones que inicia en el Congreso el próximo jueves.
Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el presidente Enrique Peña Nieto presentó en noviembre de 2014 una decena de acciones con las que buscaba atender esta crisis, entre las cuales estaba una iniciativa en materia de desaparición forzada. Más de un año después, en diciembre de 2015, el mandatario federal envió al Senado su propuesta; la cual hasta el momento no ha prosperado en el Congreso.
El debate sobre el ordenamiento fue detenido en el Senado en abril; pasado por observaciones presentadas tanto por legisladores como por activistas agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —que se conmemora este martes 30 de agosto—; organizaciones y legisladores empujan de nuevo la discusión en torno al estado de este tipo de violaciones a los derechos humanos en el mundo; y en particular en México.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); se pronunció por que la ley sea aprobada "a la brevedad posible".
"La actual discusión en el Congreso es una oportunidad para continuar dicho diálogo y; crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación.
Esta estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento; coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal"; indicó este lunes la ONU-DH en un comunicado.
El Derecho internacional reconoce como desaparición forzada todo arresto realizado por agentes gubernamentales o por particulares; que actúen en nombre de éste o con su apoyo o autorización directa o indirecta, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de las víctimas.
El Gobierno de la República ha reconocido la existencia de cerca de 16,000 casos de personas desaparecidas entre 2006 y 2014, pero ha fallado en aclarar de qué tipo se tratan. Los casos están agrupados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que no precisa cuántos son desaparición involuntaria, cuántos forzada y cuántos son voluntarios.
