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septiembre 10, 2016

Autoriza congreso de EEUU a demandar a Arabia Saudita

Autoriza Congreso de EEUU  por unanimidad esta iniciativa, que la Casa Blanca no ve con buenos ojos; apenas dos días antes del decimoquinto aniversario de unos atentados que se cobraron la vida de casi 3.000 personas; en Nueva York y Washington.

Las familias y allegados de víctimas de los atentados del 11 de setiembre de 2001; cuyo 15º aniversario se conmemora el domingo, podrán demandar ante la justicia estadounidense a otros países, como Arabia Saudita, según una ley aprobada el viernes por el Congreso de Estados Unidos.

Quince de los 19 autores de los ataques eran saudíes. El proyecto de ley, rechazado por Riad, debe ser todavía sancionado por el presidente estadounidense Barack Obama, quien ya había expresado su oposición a tal medida, puesto que contradice el principio de inmunidad.

El principio de inmunidad soberana protege a los estados de demandas civiles o criminales.

"Esta iniciativa cambiaría una ley internacional de larga data sobre la inmunidad soberana; y el presidente de Estados Unidos mantiene la preocupación de que esta propuesta haga a Estados Unidos más vulnerable ante otros sistemas judiciales en el mundo", había afirmado el portavoz de la Casa Blanca; Josh Earnest en mayo pasado, luego de que el Senado aprobara el proyecto por unanimidad.

Bajo la ley actual, las víctimas de terrorismo pueden demandar solamente a los países oficialmente designados; por el Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Siria.

No se ha probado la existencia de una complicidad oficial de Arabia Saudita; en los ataques de Al Qaida y el reino nunca ha sido implicado formalmente.

En febrero pasado, Zacarias Moussaoui, apodado el 20º secuestrador; dijo a abogados estadounidenses que miembros de la familia real saudí donaron millones de dólares para Al Qaida en los años 90.

La embajada saudí negó las acusaciones de Moussaoui; pero sus acusaciones reavivaron el debate sobre si el gobierno de Obama debe hacer pública una sección de 28 páginas del Informe de la Comisión 9/11.

agosto 30, 2016

Ley General de Desaparición Forzada es uno de los temas pendientes

Ley General de Desaparición Forzada en México urgente por organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI).

La Ley General de Desaparición Forzada en México; es uno más de los temas pendientes considerados urgentes por organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI); que espera abrirse paso en el periodo ordinario de sesiones que inicia en el Congreso el próximo jueves.

Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el presidente Enrique Peña Nieto presentó en noviembre de 2014 una decena de acciones con las que buscaba atender esta crisis, entre las cuales estaba una iniciativa en materia de desaparición forzada. Más de un año después, en diciembre de 2015, el mandatario federal envió al Senado su propuesta; la cual hasta el momento no ha prosperado en el Congreso.

El debate sobre el ordenamiento fue detenido en el Senado en abril; pasado por observaciones presentadas tanto por legisladores como por activistas agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —que se conmemora este martes 30 de agosto—; organizaciones y legisladores empujan de nuevo la discusión en torno al estado de este tipo de violaciones a los derechos humanos en el mundo; y en particular en México.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); se pronunció por que la ley sea aprobada "a la brevedad posible".

"La actual discusión en el Congreso es una oportunidad para continuar dicho diálogo y; crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación.

Esta estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento; coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal"; indicó este lunes la ONU-DH en un comunicado.

El Derecho internacional reconoce como desaparición forzada todo arresto realizado por agentes gubernamentales o por particulares; que actúen en nombre de éste o con su apoyo o autorización directa o indirecta, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de las víctimas.

El Gobierno de la República ha reconocido la existencia de cerca de 16,000 casos de personas desaparecidas entre 2006 y 2014, pero ha fallado en aclarar de qué tipo se tratan. Los casos están agrupados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que no precisa cuántos son desaparición involuntaria, cuántos forzada y cuántos son voluntarios.