CIDH; errores del gobierno en caso Iguala, Guerrero
México, 12 de mayo de 2015.- Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHM) exclamó que las autoridades sabían que eran estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, los desaparecidos y detenidos. Sobre los testimonios y cruces de información, del caso Iguala, Guerrero ocurrido el 26 y 27 de septiembre.
Las conclusiones se contradijeron en la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la verdad histórica en la que sostenían que integrantes de ‘Guerreros Unidos’ confundieron a los estudiantes con miembros del grupo opositor Los Rojos.
Da a conocer su tercer informe mediante una conferencia de prensa, los expertos informaron que las autoridades mexicanas han obstaculizado las entrevistas con miembros del 27 batallón del Ejército, que serán indispensables para contrastar los testimonios sobre la participación de los militares.
Han encontrado fallas a siete meses de lo ocurrido:
– Fragmentación de la investigación: Hay más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país, Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco; los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades “Tepic, Jalisco, Altiplano”.
Prevén unificar la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos.
– Omisiones para investigar todos los delitos cometidos: tortura, obstrucción a la justicia: Los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro.
También, presentan graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: En el caso de Julio César Mondragón Fontes, se realizó la tortura.
2.- tentativas de homicidio, 3.- Encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4.- uso no adecuado de la fuerza, 5.- lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
“Deber ser investigados estos delitos”
– El GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la atención a personas heridas, familiares de personas asesinadas y de los 43 desaparecidos tras la Falta de atención integral a las Víctimas.
Estas incluyen: Obtener un mapeo completo de las víctimas del caso, que no se ha realizado a 7 meses de los hechos.
Ejecutar progresivamente los pasos para dar con las víctimas y familiares para generar confianza. Y Hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personalizada.
– En casos graves, falta la atención en salud: La salud de Aldo Gutiérrez y sus familiares, el acuerdo hecho por los familiares y la Secretaría de Gobernación en presencia del GIEI en cuanto a tener una rápida segunda opinión, sigue pendiente.
– Ineficiente protocolo, delito de desaparición forzada: hizo recomendaciones el GIEI sobre el proyecto de Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada de la PGR.
Debe realizarse un formulario para el Protocolo donde se explicaran los objetivos claros y explícita, además deben estar orientado a dar respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y en los ya existentes.
Se aplicaran criterios de actuación diligente, coordinación entre autoridades e incluyendo un análisis del contexto y modus operandi de los perpetradores para determinar la estrategia de búsqueda, investigación y reparación en estos casos.
Un grupo de expertos enviados por la CIDH iniciara una investigación independiente sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes informó que continúa gestionando las entrevistas con el personal militar de Batallón 27.
Por lo tanto, las autoridades indican que se harán entrevistas a través de la PGR, se informó que no es posible y tendremos una respuesta en los próximos días.
El integrante del grupo, Carlos Beristain, dijo: entrevistarán a María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a fin de mes.
Su testimonio aportará elementos para continuar con la búsqueda de la verdad histórica.
Claudia Paz, integrante del GEI, exhortó a las autoridades mexicanas a investigar los delitos de desaparición forzada, no de secuestro, y también otros como la tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
Específicamente, señalaron los expertos que continuaran la investigación, evitar la fragmentación y evitar una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables con el caso, concluyó.
CIDH; errores del gobierno en caso Iguala, Guerrero
