Cuatro de cada 5 poblanos consideran que la justicia en el estado cae en prácticas deshonestas muy frecuente y frecuentemente. En el top ten de los estados con esta percepción se encuentran Jalisco, Morelos, Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán, Tabasco y Durango
Por: Héctor Hugo Cruz Salazar / Gerardo Ruiz
Los jueces y magistrados en Puebla ocupan el deshonroso segundo lugar en percepción de corrupción del país, sólo por debajo de los del Distrito Federal, ya que cuatro de cada cinco poblanos consideran que los encargados de la impartición de justicia en la entidad incurren muy frecuente y frecuentemente en prácticas deshonestas.
Según las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 del INEGI, la entidad federativa donde la percepción más elevada de que jueces y magistrados son corruptos es el Distrito Federal, pues el 80.7 por ciento de los capitalinos así los catalogan; seguido muy de cerca por Puebla con el 78.5 por ciento de la población. El top ten de percepción en el rubro es integrado por Jalisco, Morelos, Guanajuato¸ Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán, Tabasco y Durango.
La percepción de corrupción que tienen los poblanos sobre los integrantes del Poder Judicial sobrepasa en 13.5 por ciento la media nacional, que se ubicó en 65 por ciento, cifra que no fue superado por 22 estados.
La imagen que proyectan jueces y magistrados en Puebla está muy lejos de estados como Baja California, Nayarit o Chiapas, donde sólo cinco de cada 10 habitantes los consideran corruptos. Aquí, ocho de cada 10 consideran que incurren en prácticas deshonestas de manera cotidiana.
El único consuelo que podrían tener los togados es que hay otras seis instituciones que los poblanos consideran que son más corruptos que ellos: los policías, los partidos políticos, el Ministerio Público, los diputados y senadores, los integrantes del gobierno federal y los de los gobiernos municipales.
Lo malo es que de las 20 instituciones evaluadas por el INEGI en la ENCIG, 12 tienen mejor imagen como los institutos electorales, el gobierno estatal, los sindicatos, empresarios, medios de comunicación, universidades y hospitales públicos, el Ejército y la Marina, las instituciones religiosas, entre otros.
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