La dictadura del narco
Médula. Por Jesús Lépez Ochoa
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Jesús Lépez Ochoa[/caption]Si bien los últimos acontecimientos en la Tierra Caliente se derivan de un esfuerzo del Estado por recuperar el territorio en poder de la delincuencia organizada, también es cierto que la incursión debe acompañarse de otras medidas para las que se requiere tanto de los tres poderes, como de los tres niveles de gobierno.
Es imposible retomar el orden si persisten las fallas estructurales del sistema de seguridad, y si lejos de ponerse de acuerdo para remediarlo, las fuerzas políticas están en una confrontación constante.
Los partidos políticos deben entender que la inseguridad no es rentable mediáticamente para ellos ante lo infructuosa que resulta su confrontación en el tema para los millones de mexicanos afectados por la violencia, la disputa territorial de los criminales, y la incapacidad oficial para recuperar y mantener el territorio.
Esto lo vimos en Tierra Caliente, donde el gobierno incursionó con antimotines y los grupos delincuenciales movilizaron sus bases sociales de apoyo en bloqueos carreteros, quema de vehículos, y se dieron el lujo de asaltar a un grupo de periodistas en un paraje ubicado ¡entre dos retenes militares!
Al respecto el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia justificó ante los reporteros afectados que los militares no cuentan con el marco jurídico para actuar como policías, aunque es evidente que sí lo hacen en muchos lugares del país y del estado, como Acapulco, por ejemplo.
Las reformas a la Ley Nacional de Seguridad están atoradas en el Poder Legislativo, al igual que el Mando Mixto que supone una limpia y reestructuración de las policías ante la debilidad de las municipales que incumplen su responsabilidad preventiva.
Los diputados discuten si las marcas de fritangas deben o no obsequiar tatuajes temporales a sus consumidores luego de aprobar una legalización light de la mariguana que en nada beneficia a los campesinos, ni a los científicos y a la industria farmacéutica nacional que deberá importar los medicamentos a base de derivados de la planta; y mantienen congelada la de la amapola que es lo que financia el apoyo de las comunidades pobres al narco.
Los jueces siguen liberando delincuentes en el nuevo sistema penal, el sistema penitenciario es autogobernado por las mafias, y las víctimas del delito no cuentan con protección más que en el papel y no en los hechos como lo demuestra el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en Tamaulipas.
En Guerrero la incursión oficial en Tierra Caliente es un primer paso, pero muy corto. El gobierno debe retomar el control no sólo de uno sino de los nueve municipios que integran esa región, y cooptar a las bases de apoyo de los grupos delincuenciales con alternativas productivas y rentables para sus familias. Sobre todo, mantener su presencia y su fuerza en la región para desplazar y no dejar regresar a los criminales.
La región aún no está bajo control del Estado y la prueba es que los colegas periodistas fueron retenidos, amagados con armas y despojados de sus equipos de trabajo por un grupo de al menos cien rufianes armados, varios niños entre éstos, según los testimonios que la noche del sábado compartieron en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Chilpancingo.
Un territorio donde no hay condiciones para que los periodistas realicen su trabajo de difundir lo que sucede a la sociedad informada que toda democracia debe procurar, es una zona sin control de la autoridad. Es en este caso, un territorio donde gobierna la dictadura del narco, como ya lo había alertado el colega Cecilio Pineda antes de ser asesinado.
Mi solidaridad y apoyo a mis colegas Jorge Alberto Martínez Dionisio, de Quadratín; Misael Galeana Hernández, de Grupo Imagen; Yahir Cabrera Torres, de La Jornada; Hans Musielik, de Vice News México; Sergio Ocampo Arista de Radio Universidad; Pablo Pérez García, de Posty; y Alejandro Lorenzo Ortiz, de W Radio, ante el asalto y la falta de garantías para su quehacer periodístico.
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