Relator de la ONU pide finalizar conflicto palestino-israelí

Experto de la ONU pide poner fin al conflicto palestino-israelí

En vísperas del 50º aniversario de la ocupación israelí, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados expresó profunda preocupación por la situación que se vive en esta área.

"Las ocupaciones son normalmente de corto plazo en virtud del derecho internacional. Sin embargo, ésta, después de cinco décadas, no divisa un fin. Al contrario, está profundamente arraigada e Israel muestra señales de querer hacerla permanente", aseguró Michael Lynk al finalizar una misión de cinco días a Amman, Jordania.

Lynk agregó que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que acompañan la ocupación (el castigo colectivo, la confiscación de bienes, la falta de libertad de movimiento, la expansión de asentamientos y los homicidios) intensifican una situación que ya es peligrosa.

El relator dijo estar impresionado por el sentimiento de desesperanza y frustración que percibió durante su visita a la Franja de Gaza y llamó la atención sobre la crisis energética que se vive allí, advirtiendo que a mediados de junio es posible que una porción significativa de los servicios esenciales de salud, agua y saneamientos sean inoperables.

"Exhorto a Israel y a la comunidad internacional a que presten atención urgente a esta situación, que no puede ni debe ser ignorada por más tiempo. Los derechos humanos de los residentes de Gaza deben ser respetados, este es el único camino hacia adelante", dijo.

El coordinador humanitario de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Robert Piper, llamó la atención este viernes sobre este tema y pidió a las partes que se unan para evitar una crisis humanitaria en Gaza.

Lynk también expresó preocupación por la situación de Cisjordania.

Además, ha señalando que Israel controla el 60% del área, en asentamientos que rodean completamente las áreas controladas por los palestinos.

Con relación a Jerusalén Oriental, agregó que sus habitantes se limitan a vivir en el 13% de la zona, reciben amenazas constantes de perder los derechos de residencia y enfrentan obstáculos al solicitar permisos de construcción.