Criminales

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Bajo Fuego por José Antonio Rivera Rosales

  

[caption id="attachment_83129" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

Si nos horrorizó el caso de José Luis Abarca en Iguala, con su secuela de muertos y desaparecidos, el del diputado priista Saúl Beltrán Orozco no es de menor gravedad porque exhibe la colusión entre el sistema de partidos y el crimen organizado, que ven a la sociedad como un botín.

   Las dirigencias de algunos partidos políticos -no todos, desde luego- actúan con un criterio tan depredador y criminal como la propia delincuencia organizada: ambos se han convertido en enemigos acérrimos de la comunidad guerrerense.

   En el caso de Abarca, dos políticos destacan por su abyección: Lázaro Mazón Alonso y el actual diputado local Sebastián de la Rosa Peláez. Ambos personajes promovieron y defendieron a Abarca aún a pesar de que era obvia su responsabilidad en los hechos en que seis jóvenes estudiantes fueron muertos por sus esbirros y 43 fueron desaparecidos.

   Mazón Alonso era operador en Guerrero nada menos que de Andrés Manuel López Obrador, ante quien promocionó a Abarca para proyectarlo como candidato a la alcaldía de Iguala, igual como Sebastián de la Rosa hizo con Jesús Zambrano, el dirigente nacional de Nueva Izquierda.

   Entre algunos políticos de izquierda se cuenta que las reuniones y comilonas, que antes eran frecuentes en el puerto de Acapulco, entre 2010 y 2011 se trasladaron a Iguala, donde eran atendidos a cuerpo de rey por José Luis Abarca.

Acción concertada

   A posteriori, en una acción concertada entre los líderes de NI, de la cual el dirigente formal en Guerrero  es De la Rosa Peláez,  y las dirigencias del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), Abarca fue ungido como candidato oficial de una coalición integrada por el PRD, el PT y MC. Fue así como ganó la alcaldía de Iguala.

   ¿Pero esa unción fue por nada? Antecedentes que circulan en Iguala apuntan a que Abarca y su mujer María de los Ángeles Pineda Villa constituyeron una sociedad mercantil denominada “Abarpin, SA de CV”, que en el lapso de los años 2010 y 2011 generó una riqueza tal que fueron capaces de adquirir unas 90 propiedades en diferentes partes del país, incluyendo algunas joyerías y la Plaza Galerías Tamarindos -el centro comercial más grande de aquella ciudad del norte de Guerrero-, capital que ha sido valuado en, al menos, unos 300 millones de pesos.

   Esa súbita riqueza, que ya debió ser confiscada por la Procuraduría General de la República (PGR), surgió casualmente después de la muerte del capo Arturo Beltrán, en diciembre de 2009, a quien los Abarca-Pineda le administraban activos.

   ¿Cuánto pagó Abarca por la candidatura a la alcaldía? Sólo ellos lo saben, pero una versión que circuló entre la izquierda no partidista asegura que uno de los beneficiarios fue el mismo Jesús Zambrano.

Iguala

   Ya como alcalde de Iguala, a Abarca se le imputa la autoría de los homicidios de Justino Carvajal Salgado (sobrino de Félix Salgado) el 9 de marzo de 2013, y de tres dirigentes de la Unidad Popular de Iguala, entre ellos Arturo Hernández Cardona, el 30 de mayo del mismo año. ¡Pero a nadie se le ocurrió enjuiciarlo por esos crímenes!

   El caso de Saúl Beltrán Orozco no parece ser muy diferente: surgió de la nada para convertirse en alcalde de San Miguel Totolapan, municipio de la Tierra Caliente conocido por su violencia secular asociada al cultivo de amapola.

   Fue alcalde por el PRI en aquel municipio de octubre de 2012 a septiembre de 2015, tras lo cual fue abanderado priista para integrarse como diputado al Congreso de Guerrero, donde actualmente permanece.

   Un dato perturbador que nadie observó en su momento es que, como alcalde de San Miguel Totolapan, Beltrán nunca tuvo el menor gesto para auxiliar a cientos de habitantes de su jurisdicción que comenzaron a emigrar a otros lugares por las agresiones armadas de un grupo numeroso de delincuentes a los que popularmente comenzaron a apodar “Los Pintos”, porque actuaban con camuflaje militar.

   El caso más emblemático fue el de la comunidad conocida como Las Mesas II, que ofreció resistencia armada a las agresiones de los criminales encabezados por Juan Hurtado Olascoaga, quien al mando de una fuerza de cerca de 400 hombres hostigaba a los pueblos de la sierra. Los emigrados de esa comunidad cruzaron a pie las alturas de las Sierra Madre del Sur, hasta llegar a la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, donde recibieron auxilio.

Otro asunto

   Otro caso fue el de la comunidad de Lindavista, uno de los grandes poblados de la sierra, una parte de cuyos habitantes también huyeron a la costa y jamás regresaron a sus hogares. Hasta la fecha.

   Durante 2012 y 2013 esas agresiones generaron decenas de muertos en esas comunidades de la parte alta de San Miguel Totolapan, sin que se conociera algún esfuerzo municipal para auxiliar a la población atacada.

   Pero no sólo fue el caso de San Miguel Totolapan: pasaron por la misma situación también los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y Tlacotepec, ubicados en la misma franja de tierra que casualmente es la extensión donde se sitúa el Cinturón de Oro.

   El resultado es que hay miles de desplazados (nadie ha hecho nunca un censo de agraviados) que se dispersaron a los municipios de la costa como Tecpan y Zihuatanejo, o a ciudades como Cuernavaca y México.

Omisión Criminal

   A la omisión criminal de Beltrán Orozco frente al éxodo del miedo de las comunidades de la sierra, se suman ahora acusaciones de homicidio contra un sacerdote de la Iglesia Católica así como de particulares a los que habría mandado matar, en una situación que se asemeja mucho a la conducta megalómana de José Luis Abarca.

   La Fiscalía General del Estado (FGE), que lleva a cabo una investigación contra este criminal alojado en las filas del PRI, tiene ahora la oportunidad de encerrar a ese delincuente que despacha desde una curul, lo cual sería bien visto por la ciudadanía de Guerrero que ansía ver resultados tangibles de sus autoridades en la lucha contra el crimen.

   Aquí es cuestión también de que el Congreso local comience a sacudirse el pasmo que le caracteriza, para estar en condiciones de encausar a uno de sus propios miembros. Si esto es así, al fin la población civil comenzará a ver la luz al final del túnel.