Chutas

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Bajo Fuego. Por: José Antonio Rivera Rosales

[caption id="attachment_74471" align="alignleft" width="194"] José Antonio Rivera Rosales[/caption]

En el argot castrense el término designa a quienes hacen parte del Batallón de Fusileros Paracaidistas (BFP), unidad de élite del Ejército Mexicano.

Es un concepto derivado del vocablo inglés “parachute”, o paracaídas en su traducción al español, que por vía de la aplicación de un diminutivo es utilizado coloquialmente como “chutas”, el concepto con que los propios militares llaman familiarmente a oficiales y tropas que integran dicho batallón.

El BFP es una unidad de élite de larga data, precedente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) que, a partir del 2004, quedó integrado finalmente como Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, en el contexto del proceso de especialización que han experimentado las Fuerzas Armadas de 1994 a la fecha.

Dividido entre tres batallones, los fusileros paracaidistas tienen su sede original en el Campo Militar Número 1 de la ciudad de México, aunque según trascendidos confiables en fechas recientes se han instalado otras unidades aerotransportadas en distintos puntos del país.

La de los fusileros paracaidistas es una unidad con un alto nivel de adiestramiento, destinada a operaciones de reacción inmediata y alto impacto que pudieran aplicarse en diferentes entidades, principalmente en el combate al narcotráfico o contra fenómenos de insurgencia.

Los efectivos del BFP tienen entrenamiento en protección de personalidades, rescate de rehenes, operaciones de intervención de instalaciones estratégicas, combate urbano, insurgencia y contrainsurgencia, así como emboscada y contraemboscada, entre otras áreas del dominio militar. Según fuentes especializadas en el tema, sus efectivos destacan por sus amplias capacidades físicas, psicológicas y de combate.

De manera adicional esos batallones cuentan con una Fuerza Especial (FE-BFP), además de su entrenamiento como Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), por lo cual es la primera instancia que interviene en casos de desastre en los términos del Plan DN-III-E.

Es por eso que el secuestro y homicidio de dos jóvenes chutas causó indignación y coraje entre mandos, oficiales y tropas acantonadas en el estado de Guerrero, después de que se dio a conocer que ambos soldados fueron levantados por delincuentes en las inmediaciones del Mercado Central de Abasto del puerto de Acapulco, el pasado día sábado 29 de octubre. Sus cuerpos fueron arrojados la madrugada del lunes 31 bajo el paso a desnivel que cruza la avenida Cuauhtémoc.

Lo increíble del caso es que ambos jóvenes fueron secuestrados por un nutrido grupo de malhechores a las 14:30 horas sobre la avenida Constituyentes, a una cuadra escasa del citado Mercado Central, casi frente a la oficina del Centro de Operaciones Especiales (COE), instalaciones utilizadas por policías federales y militares como una estación de uso frecuente, además de que casi en la contra esquina opera una base de la Policía Preventiva Municipal (PPM).

Por si fuera poco, en ese punto de la avenida Constituyentes -que conduce directamente hacia el zócalo porteño- transitan más de 50 mil personas a diario que se dirigen o bien al Mercado Central o bien al centro de la ciudad. En ese sentido ¿cómo fue posible que los jóvenes chutas hayan sido secuestrados sin dejar rastro alguno?

Lo peor del caso es que sus cuerpos fueron arrojados bajo el paso a desnivel, sobre la avenida Cuauhtémoc, apenas al lado opuesto del mismo Mercado Central de Abasto, a escasas tres cuadras del lugar del secuestro.

El atentado contra los soldados, que se produce a escasas semanas de la embestida contra militares en Sinaloa -donde decenas de pistoleros atacaron un convoy con fusiles Barret calibre 50 milímetros y lanzagranadas, causando la muerte de cinco efectivos y varios heridos graves-, fue interpretado por muchas personas como un nuevo desafío contra las Fuerzas Armadas, que recién habían instalado una Base de Operaciones Mixtas  precisamente en las cercanías del Mercado Central.

En todo caso, el escalamiento de la violencia criminal contra las Fuerzas Armadas tiene su antecedente en el año 2008, cuando sendos ataques causaron 16 muertes en 48 horas los días 19 y 20 de diciembre de ese año, entre ellos las de 8 soldados que aparecieron decapitados en una concurrida avenida de la capital Chilpancingo.

El antecedente se produjo el viernes 19 cuando un enfrentamiento a tiros entre militares y delincuentes terminó con tres criminales ultimados en la ciudad de Teloloapan, puerta de entrada a la región de Tierra Caliente.

El día sábado 20 de diciembre de ese año, 8 soldados fueron secuestrados al azar y sus cabezas arrojadas a la calle en una bolsa de plástico, mientras sus cuerpos fueron encontrados a kilómetros. También apareció decapitado un exjefe policiaco así como otros civiles, 16 personas en total.

De inmediato, el atentado -que en su momento conmocionó a todo el estado de Guerrero- fue imputado al cártel Beltrán Leyva por quien entonces fungía como  secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien en una declaración oficial calificó el episodio como “una grave ofensa contra las Fuerzas Armadas”.

A partir de esa fecha -diciembre de 2008- las Fuerzas Armadas en su conjunto lanzaron una acometida puntual contra la estructura criminal de los Beltrán, campaña que terminó cuando el capo Arturo Beltrán Leyva murió en un operativo de la Armada de México, el 19 de diciembre del año siguiente.

Hoy, con el lamentable episodio de los jóvenes chutas, parece repetirse la historia.