Regulación de drogas

Regulación de drogas

Bajo Fuego

Escrito. Por: José Antonio Rivera Rosales

Tal como se vislumbran las cosas, la violencia parece no tener fin.

Por lo menos es la situación imperante en Guerrero que ya se confirmó, de acuerdo con diferentes diagnósticos calificados, en el estado más violento de todo el país y, como tal, en un foco rojo para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además, por si no fuera suficiente, la eventualidad de una revuelta de orden político -detonada por la masacre de Iguala y la desaparición de los 43- contribuye con una dosis adicional de incertidumbre social que podría generar condiciones para un potencial escenario explosivo en 2016.

La ecuación de violencia criminal aderezada con violencia política, en un contexto de crispación social, nos remitiría a una condición en la que poco o nada tendrían que hacer las autoridades federales, si no es que administrar la violencia.

Por eso es que resultan de especial relevancia las contribuciones que aportan organismos como el australiano Instituto para la Economía y la Paz, cuya estación en México elaboró un concienzudo estudio de la violencia denominado Índice de Paz México 2015 (IPM), que desglosa los diferentes rostros de la violencia en el país desde una óptica enfocada exclusivamente hacia la construcción de la paz.

Más específico y propositivo, el Semáforo Delictivo México, una organización ciudadana que analiza las manifestaciones de delitos de alto impacto con miras a buscar soluciones viables, ofrece una visión constructiva de algunos aspectos de orden social como la pobreza, la desigualdad y el desempleo en tanto generadores de violencia, que debieran tomarse en cuenta para buscar salidas a esta vorágine de sangre antes de que sea demasiado tarde.

Aparte de las políticas públicas deficientes y fallidas, que no hacen sino profundizar más la crisis social, el Semáforo Delictivo encuentra como una de las variables más preocupantes la “corrupción de alto impacto”, es decir, la corrupción vinculada a los poderes fácticos pero, en especial, a los cárteles de las drogas.

Uno de esos hallazgos apunta a que esa corrupción es la causante de que las autoridades colaboren, por consenso o coerción, en la comisión de diferentes delitos asociados a las drogas como el secuestro, la extorsión y el robo de vehículos con violencia.

Aunque es una vinculación innegable, la experiencia nos informa que todos estos delitos están contenidos en una tipología da mayor espectro que incluye a 22 delitos entre los que figura, por desgracia cada vez con mayor profusión, el tráfico de armas, tráfico de personas e inclusive tráfico de órganos. Es decir, es un fenómeno más diverso y complejo.

Con todo, los hallazgos de Semáforo Delictivo conducen hacia un derrotero que, si fuera atendido por el gobierno de la república, permitiría encontrar salidas eficientes y duraderas a la violencia que nos consume a los mexicanos en lo general y a los guerrerenses en lo particular.

Fundado por Santiago Roel, hijo de aquel canciller mexicano de grata memoria, el Semáforo Delictivo considera, a partir de instrumentos de medición del propio gobierno como INEGI y CONEVAL, que una de las salidas más viables a esta problemática es la regulación de las drogas, un concepto más integral que sólo la legalización.

Roel se congratuló de que el gobernador que está por entregar la administración, Rogelio Ortega Martínez, se haya pronunciado por la legalización de las drogas como única forma de terminar con la violencia.

En opinión del experto, si las drogas -por lo menos las drogas blandas- se legalizan y son reguladas por el Estado, entonces se acabó el negocio y, por consecuencia, ya no habrá rutas ni territorios que disputar entre las diferentes bandas que se dedican al trasiego y comercialización de las drogas. Es bastante factible, aunque nadie puede asegurarlo, que tampoco existirían los delitos asociados a la violencia, los que desde luego tendrían mayor atención y recursos por parte del Estado Mexicano.

Eso es lo que, en efecto, en el pasado reciente procedieron a instrumentar países con democracias avanzadas, como son los países nórdicos y los llamados Países Bajos, que mantienen un proceso de regulación de las drogas acompañado con asistencia médica a los adictos.

Es decir, convirtieron un problema policiaco y de seguridad nacional en un problema de salud pública, a la que destinaron una parte del presupuesto y de la infraestructura de atención a la salud. Contra lo que pudiera pensarse, el costo económico no es tan alto como ocurre actualmente con el modelo persecutorio -es decir, el combate y disuasión del tráfico de drogas por medio de las armas-.

Este modelo persecutorio, que se aplica en América Latina desde hace más de 40 años con auspicios de Washington -léase, en la actualidad, la Iniciativa Mérida para el caso de México-, ha fracasado rotunda y estrepitosamente y, lo peor, ha costado decenas de miles de vidas tanto de quienes habitan la ilegalidad como de quienes la persiguen.

Es por eso que en definitiva la regulación de las drogas es la única salida posible frente a la violencia que, tan sólo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha causado más de 50 mil muertos. Una parte significativa de esos muertos corresponden a Guerrero.

Esa regulación del fenómeno de las drogas es un proceso que ya se comenzó a discutir con éxito en algunos estados de la Unión Americana, que ya aprobaron el uso terapéutico de la marihuana, pero que en México es visto como un tema tabú.

Los mexicanos, todos y todas, debemos voltear a ver a los países nórdicos donde el proceso ha sido un éxito tan marcado que bajaron casi a cero los índices de delitos de alto impacto.

¿O son otros intereses a los que no conviene la regulación?

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