Acusado de robo y fraude en la judicatura federal “indemnizará” a los Afectados por el macro túnel En Acapulco
(Primera parte)
Ignacio Murguía Gutiérrez, es el original y auténtico Lutero a quien le han puesto la iglesia en sus manos. Funcionario del gobierno del estado, coordinador de la obra emblemática del gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero, es quien distribuirá las millonarias indemnizaciones a los ricos acapulqueños de Joyas de Brisamar que serán afectados por la construcción del macro Túnel.
Con una trayectoria tambaleante en la administración de Guerrero que contrasta con las acusaciones de robo y fraude a instituciones federales, Murgúia llegó a Guerrero de la mano de un pequeño grupo de cercanos colaboradores a José Francisco Ruiz Massieu, Federico Martínez Garibay, Carlos Carrillo, “El Pollo” Hinojosa y Edgar Elias Azar fueron de los compañeros que compartieron sus primeras experiencias en la administración pública local.
Su participación en la ejecución de la obra cumbre de Ruiz Massieu le permitió a Murguía trabajar muy de cerca de Edgar Elias Azar, señor de “horca y cuchillo”, como fue definido por muchos de los que estuvieron cerca de ellos. Murguía ejecutó las indemnizaciones y es el autor de muchos de los adeudos que aun se tienen con los ejidatarios afectados por la majestuosa obra de la que, alguna vez Ruiz Massieu presumió: “para qué quiero monumentos si con la autopista tengo”.
Al concluir el mandato del extinto gobernador, su equipo cercano se agrupó en el INFONAVIT, desde donde operaban la llegada a la dirigencia nacional priísta y, posteriormente, buscar la candidatura a la Presidencia de la República, siempre de la mano del equipo de Luis Donaldo Colosio. La muerte de Pepe les impidió concluir ese proyecto.
En el tiempo de vacas flacas Edgar Elias Azar ubicó en puestos clave a sus cercanos. Uno de ellos, Ignacio Murguía, fue enviado a la judicatura federal. Es ahí en donde, según nota publicada en La Jornada, el 15 de abril de 1996, se tituló “Hermetismo oficial sobre el fraude al Consejo de la Judicatura”.
Firmada por Jesús Aranda la nota, en primera plana y pase a la página 18, dice que “El presunto fraude al Consejo de la Judicatura Federal detectado en enero pasado asciende a casi un millón y medio de pesos y, hasta la fecha, dicho órgano colegiado mantiene hermetismo sobre las investigaciones y la auditoría ordenada a la Secretaría Ejecutiva de Administración, la cual realizó operaciones irregulares en la compra de material y equipo de papelería”.
Hace mas de dos meses, dice la nota, el presidente del Consejo de la Judicatura, Vicente Aguinaco Alemán, recibió un informe interno en el que se denunciaban cinco operaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de Administración del citado Consejo, que presidía Salvador Villaseñor Arai, quien fue separado de sus funciones. En dicho texto se le solicitaba que interviniera en la “eliminación de los obstáculos” que implicaron “demora y entregas parciales” de la documentación requerida por los contralores internos que detectaron las irregularidades.
Se informa que en el documento que recibió Aguinaco Alemán –quien también es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y que obra en poder de La Jornada , se detallan operaciones irregulares como: compras realizadas por una comercializadora que “nunca había sido proveedora del Poder Judicial de la Federación”, que además fue creada apenas en septiembre de 1995; compras de papel que nunca se recibió; la adquisición de radiolocalizadores a un costo superior al del mercado, y compras adicionales no justificadas.
La primer operación detalla la compra-venta de papel stock a la Empresa Formas Continuas del Noroeste SA de CV, con sede en Hermosillo, Sonora, con fecha 1 de noviembre de 1995, en la que el director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, Ignacio Murguía Gutiérrez, solicitó al director de Programa y Presupuesto, Carlos Vargas Martínez, que le fuera elaborado “a la brevedad posible” el cheque de pago por la cantidad de 365 mil 930 pesos a favor de dicha empresa, para pagar las facturas 207 y 196 del mes de octubre que amparaban la compra de mil 875 cajas de papel stock de medidas 9.5 por 11 y 14 por 11.
Ese papel no se localizó en el almacén oficial de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Consejo de la Judicatura Federal.
Cabe señalar que la Tesorería del Consejo elaboró el 13 de noviembre de 1995 el cheque correspondiente, mismo que fue cobrado el 21 de ese mes por José Rolando Salido Rochan.
La indagación precisa que en los presupuestos de 1995-1996 se consideró la compra de 2 mil 327 cajas de papel para atender un consumo promedio de 100 cajas mensuales.
En la segunda compra cuatrimestral de 1995 se compraron 800 cajas de papel que, en los términos del presupuesto, alcanzaban para cubrir los requerimientos hasta el fin de año. Aunque, aclara, debido a la adquisición de nuevos equipos de cómputo se compraron 500 cajas de papel adicional.
No obstante que la compra pareciera “normal”, el documento pone en tela de juicio la adquisición de mil 475 cajas de papel stock 14 por 11, “medida no utilizada en el Poder Judicial; lo que de hecho implica sobrepasar el presupuesto anual para 1996 e invalida en su caso la compra emergente de diciembre y la compra cuatrimestral de enero”.
Al descubrir la irregularidad se verificó la dirección de la empresa vendedora del papel –ubicada en Hermosillo– y se comprobó que el número telefónico de la factura no correspondía a dicha compañía, sino a una agencia de viajes denominada Viajes Kenyaa, propiedad de la hija del principal accionista de Formas Continuas del Noroeste SA de CV.
Además, el domicilio social de la empresa “es una gran bodega con señales objetivas de abandono y de poco o nulo movimiento”.
Respecto del “destino del cheque”, se indica en el documento que por ser éste “no negociable”, la empresa abrió una cuenta bancaria en la ciudad de Hermosillo en el Banco Internacional o Bital, depositó³ el cheque y lo retiró de inmediato para abrir una cuenta de inversión.
De lo anterior se deduce que la empresa en cuestión “no opera regularmente, dado que no cuenta con domicilio propio, domicilio social, un local con señales visibles de estar operando y, lo más importante, una cuenta bancaria”.
Además, se comparó la cotización al mes de noviembre que dio otro proveedor y se detectó un sobreprecio de 30 mil pesos, equivalente a 9 por ciento más de la cotización del proveedor habitual.
“Otro aspecto que nos ha preocupado”, añade el informe, es que no existe justificación alguna para la adquisición del papel stock de 14 por 11, dado que no se utiliza en el Poder Judicial Federal ni hay señal alguna de su existencia en los almacenes respectivos, por lo que se presume una “compra ficticia”.
La segunda operación tiene que ver con compras a la empresa Negociación Papelera Mercantil SA de CV, que en su carácter de comercializadora “nunca había sido proveedora del Poder Judicial de la Federación” en razón de que existía la práctica –hasta antes de la formación del Consejo de la Judicatura– de comprar directamente con fabricantes y distribuidores autorizados.
Además, se hace hincapié en que dicha empresa no estaba registrada como proveedora, no cumplía con los requisitos correspondientes y, a pesar de lo anterior, se le hicieron pedidos por un monto superior a los 700 mil pesos, que se detallan a continuación:
Compra de 26 copiadoras Xerox modelo 1012 y 32 y fax Xerox modelo 7225, con un importe total de 520 mil 931.60 pesos. Al pretender comparar los precios, la empresa Xerox explicó que esos productos están descontinuados.
Lo anterior, “lleva a la conclusión de que fueron comprados productos descontinuados, fuera de concurso y de cualquier procedimiento habitual”.
Además, se rentó equipo de fotocopiado por 19 mil 316.11 pesos, mientras que por las rentas de equipos anteriores se habían pagado 5 mil 961. 61 pesos.
La investigación de campo correspondiente demostró que el domicilio social de la empresa citada es una casa habitación, y que 60 por ciento de las 50 facturas emitidas por Ãcosta corresponden al Poder Judicial de la Federación. De manera que “las operaciones llevadas a cabo con esta empresa han significado compra de equipo obsoleto y un perjuicio económico” para esta institución.
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